También prevé la posible financiación de apoyo a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, se deben establecer los órganos y siempre que tengan niveles de independencia y autoridad investigadora comparables a los de la CICIG.
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-El viernes pasado, luego de meses de negociaciones, el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto anual para el año 2016. Entre las cuestiones objeto de debate fue de mil millones de dólares la solicitud de ayuda del gobierno de Barack Obama para ayudar a los países del Triángulo del Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala frente a la violencia, la falta de gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región.
El número de niños centroamericanos que siguen migrando debe servir como un recordatorio de que a menos que los factores que los impulsan a huir se traten, los migrantes seguirán buscando refugio en los Estados Unidos en vez de quedarse a convertirse en víctimas de la violencia que asola sus comunidades.
Afortunadamente, el presupuesto aprobado para el 2016 deja espacio para un optimismo cauteloso: El Congreso parece haber reconocido que los problemas económicos y de inseguridad que enfrenta América Central deben ser abordados.
El presupuesto de 2016 incluye $ 750 millones en asistencia a Centroamérica, en particular para ayudar a Guatemala, El Salvador y Honduras frente a la violencia, la falta de oportunidades y la débil gobernabilidad que impulsan la migración de la región.
La cantidad aprobada está por debajo de los mil millones solicitado por el gobierno de Obama en febrero pasado, pero superior al $ 675 millones inicialmente asignados por el Senado y $ 450 millones por encima del monto asignado por la Cámara en cada una de sus respectivas cuentas de apropiación . El monto aprobado representa un aumento significativo de la $ 294 millones asignados a la región para el año 2015, y es probable que estimular los aumentos de otros donantes y de los prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este paquete de gastos excluye los fondos antidrogas determinada según el Pentágono.
Expande la estrategia regional de Estados Unidos a partir de un enfoque de seguridad orientada a uno que busca fortalecer las instituciones e invertir en el desarrollo económico. De los fondos asignados, el 40 por ciento ($ 299,400,000) se les concedió para apoyar Asistencia para el Desarrollo, 24 por ciento se destina al Fondo de Apoyo Económico ($ 183,5 millones) y el 30 por ciento ($ 222 millones) se destinará a apoyar las iniciativas de seguridad. Por supuesto, un mayor gasto por sí solo no es suficiente. En última instancia los detalles de esta financiación y cómo se implementa determinará la eficacia de la estrategia de Estados Unidos para hacer frente a las causas subyacentes de la espiral de violencia en América Central.
Establece requisitos de planificación y coordinación claras para el Departamento de Estado, antes de la liberación de los fondos. Antes de que cualquier dinero pueda ser liberado, el Departamento de Estado tiene que proporcionar al Congreso un plan de gastos plurianual que incluya objetivos, indicadores de progreso y un calendario claramente definidos para la implementación de su estrategia. Estas medidas mejorarán la supervisión del uso de los fondos y permitir una mayor capacidad de evaluar si la ayuda estadounidense está logrando el impacto deseado. Con estos requisitos, el Congreso parece decidido a garantizar que la ayuda contribuya realmente a las instituciones más fuertes y responsables, una mejor gobernanza, y los niveles más bajos de violencia en América Central. El plan de gastos también debe especificar la forma en la asistencia estadounidense será diferente o complementar la ayuda proporcionada por otros donantes e instituciones multilaterales.
Establece una serie de condiciones fuertes que los gobiernos de América Central deben demostrar antes que los fondos les sean liberados a ellos. De acuerdo con el presupuesto, el 50 por ciento debe ser retenido a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala a menos que el Departamento de Estado certifique que el gobierno receptor está adoptando medidas eficaces para:
- Establecer una entidad autónoma, públicamente responsable de proporcionar la supervisión del Plan para la Alianza para la Prosperidad.
- Combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento creíble de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos.
- Implementar reformas y políticas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y oficinas del Fiscal General.
- Establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y los gobiernos locales.
- Combatir las bandas criminales, los traficantes de drogas y el crimen organizado.
- Investigar y enjuiciar en tribunales civiles miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que han violado los derechos humanos.
- Cooperar con las comisiones de lucha contra la impunidad y los órganos regionales de Derechos Humanos.
- Los programas de apoyo para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo y crear puestos de trabajo en las comunidades de origen de los migrantes.
- Desarrollar e implementar un plan para crear fuerzas policiales profesionales y responsables y reducir el papel de los militares en la policía civil.
- Proteger los derechos humanos.
- Implementar reformas fiscales y reforzar las agencias de aduana.
- Resolver las disputas comerciales.
Se trata de un conjunto significativo de condiciones previas. Refleja la creencia de que la ayuda de Estados Unidos debe ayudar a América Central frente a las condiciones de la región que están impulsando la migración irregular, y la convicción de que la ayuda de Estados Unidos no va a hacer la diferencia a menos que estos países demuestran un firme compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad.
El paquete de gastos, por desgracia, también condiciona el 25 por ciento de los fondos en las medidas para aumentar la seguridad en la frontera y reducir la migración irregular. Estas medidas tienen el potencial para alimentar el maltrato a los migrantes, y es poco probable que tenga un efecto duradero en las tasas de migración. También en este caso, sin embargo, hay un resquicio de esperanza: las condiciones al menos reconocen que la deportación y repatriación debe reservarse para aquellos que “no califican como refugiados, de conformidad con el derecho internacional.”
Requiere consulta con la sociedad civil y los gobiernos locales. Vale la pena señalar que, como parte de la serie de condiciones en el presupuesto, los gobiernos centroamericanos deben consultar con las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los grupos marginados indígenas y otros), y de los gobiernos locales en el diseño, implementación y evaluación de las actividades de la Alianza para la Prosperidad que les afectan. Si se aplica sistemáticamente, esto podría ser un paso importante y positivo.
Proporciona significativa atención a la lucha en curso en Centroamérica contra la impunidad rampante y la corrupción. El presupuesto incluye $ 7.5 millones para apoyar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es un aumento significativo sobre contribuciones pasadas del Congreso estadounidense. También prevé la posible financiación de apoyo a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, se deben establecer los órganos y siempre que tengan niveles de independencia y autoridad investigadora comparables a los de la CICIG.
Establece un proceso de revisión y suspensión formal. Las tareas del presupuesto del Departamento de Estado con la revisión de los progresos realizados por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala en las condiciones establecidas y presentar un informe al Congreso a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Tanto el Congreso y el Departamento de Estado puede suspender la ayuda, en su totalidad o en parte, a ningún gobierno en particular.
CONCLUSIONES
El aumento significativo de la ayuda a la región, y el cambio global lejos de una agenda predominantemente de seguridad centrada en Centroamérica, son pasos de bienvenida. Sin embargo, la lucha contra los niveles desenfrenados de violencia y la desigualdad no es sólo una cuestión de financiación, sino también una de las inversiones inteligentes. El gasto plurianual previsto que el Departamento de Estado está obligado a presentar al Congreso determinará si se le da suficiente atención a la generación de empleo y oportunidades de educación para los jóvenes, a la prevención de la violencia basada en la comunidad, y para la creación de los sistemas de justicia independiente y profesional y fuerzas policiales responsables, así como a la lucha contra la corrupción y garantizar la participación significativa de la sociedad civil.
Además, la inclusión de condiciones previas que demuestren los resultados reales en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones públicas son una prioridad en la agenda de muchos legisladores estadounidenses. Ahora le toca a los gobiernos de América Central demostrar un compromiso similar. La elección a la espera de la Procuraduría General en El Salvador, las selecciones del gabinete del presidente guatemalteco entrante Jimmy Morales y su apoyo a la CICIG y el fiscal general, así como la próximas elecciones de la Corte Suprema de Honduras y la viabilidad del mecanismo internacional con el músculo para hacer frente con eficacia a la corrupción y lograr reformas significativas en Honduras, serán algunos de los primeros indicadores de que estos países están completamente dedicados al fortalecimiento del Estado de Derecho.(Tomado de WOLA)
