Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El gobierno de los Estados Unidos acusó a seis policías hondureños por conspirar para traficar cocaína y tráfico de armas de fuego y de haber ayudado al hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, en esas ilícitas actividades.
Los oficiales acusados son: Juan Manuel Ávila, Carlos José Zavala, Jorge Alfredo Cruz, Ludwin Criss Zelaya, Víctor Flores y Mario Mejía Vargas.
Información publicada en el portal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, establece que los hondureños están siendo investigados por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y por tráfico de armas de fuego y delitos conexos.
Hoy, presentamos cargos a seis oficiales de la Policía Nacional de Honduras que particparon en un tráfico masivo de drogas que inundó de cocaína Estados Unidos», manifestó este miércoles en Nueva York el fiscal general de Manhattan, Preet Bhararam.
Agregó que como se alega, a través de sobornos a funcionarios públicos y la información sobre las investigaciones en curso y puestos de control policiales filtrados, “estos acusados acordaron garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino a las ciudades norteamericanas. Agradecemos a la DEA por su importante trabajo en la investigación», dijo el funcionario.
SOBRE FABIO LOBO
Fabio Lobo, que fue detenido en la República de Haití el 20 de mayo de 2015 y llegó a los Estados Unidos el 21 de mayo de 2015, se declaró culpable ante el juez Schofield el 16 de mayo de 2016, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.
La audiencia para establecer la sentencia contra el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, está prevista para el 15 de septiembre de 2016. Lobo se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
A continuación el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.
Preet Bharara, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Mark Aldea, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en la Drug Enforcement Administration (DEA), anunció que seis miembros de la Policía Nacional de Honduras fueron acusados hoy por la corte federal de Manhattan por conspirar de importar cocaína, armas de fuego y otros delitos conexos.
Los seis acusados son Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, y Jorge Alfredo Cruz Chávez.
El caso está asignado ante el juez de distrito Lorna G. Schofield, ante el cual se co-demandada a Fabio Porfirio Lobo, el hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, quien se declaró culpable de un delito relacionado con el tráfico de drogas el 16 de mayo de 2016.
El fiscal de Manhattan Preet Bharara dijo: «Hoy en día, que carga los seis agentes de la Policía Nacional de Honduras de participar en una conspiración masiva el tráfico de drogas que supuestamente llevó a los Estados Unidos cocaína. Como se alega, a través de sobornos a funcionarios públicos y la información sobre las investigaciones en curso y puestos de control policiales filtrado, estos acusados acordaron garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino hacia las ciudades estadounidenses. Agradecemos a la DEA por su trabajo en esta investigación importante lucha contra las drogas».
Entre 2004 2014, múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otros países trabajaron juntos, y con el apoyo de los demandados y otros, para recibir las cargas de varios cientos kilogramos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de las rutas aéreas y marítimas, y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras, hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los Estados Unidos.
Incluyendo ciertos miembros de órganos oficiales de seguridad del país con el fin de facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de varios cientos de kilogramos de cocaína. Estos narcotraficantes habrían pagado sobornos a funcionarios públicos de la Policía para el acceso a controles militares y policiales, y las prohibiciones previstas narcóticos.
El gobierno de Honduras declaró recientemente una «situación de emergencia» con respecto a la Policía Nacional de Honduras, y estableció una Comisión Especial (depuradora) con autoridad para investigar la corrupción y despedir o suspender a miembros de la Policía Nacional, entre otras sanciones. A partir de la presentación de esta acusación, dicha comisión ha sancionado a varios miembros de la Policía Nacional de Honduras.
Aproximadamente principios de 2014, Lobo estuvo de acuerdo en proporcionar seguridad y apoyo logístico para el transporte a través de Honduras de varias toneladas de presunta cocaína que pertenecía al cártel de Sinaloa en México y que luego sería importada a los Estados Unidos.
En junio de 2014, Lobo acordó recibir un millón de dólares en ganancias por el traspado alrededor de junio de 2014, junto a los seis policías hondureños y dos narcotraficantes mexicanos, esto durante una reunión en la que estudiaron el mapa de Honduras con los puestos de control policial y en la que se incluyó una ruta planificada para la cocaína.
Durante la misma reunión, los acusados acordaron aceptar un soborno de unos cien mil dólares aproximadamente cada uno para pagar a sus subordinados, sumando un total de doscientos mil dólares en sobornos adicionales, con el fin de proporcionar seguridad armada para la cocaína que transitó Honduras antes de ser enviada a los Estados Unidos.
Zelaya Romero (39) Mejía Vargas (46) Ávila Meza (45), Zavala Velásquez (44), López Flores (43) y Cruz Chávez (39), han sido acusados de:
1) conspirar por importar cocaína a los Estados Unidos,
2) conspirar para usar y llevar armas de fuego durante y en relación con, y poseer armas de fuego en cumplimiento de, la conspiración en la importación de cocaína.
Zelaya Romero también está acusado de usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y la operación.
Si es declarado culpable, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, y los restantes acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Los acusados siguen en libertad.
