Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa. – El discurso de la transparencia de la actual administración pública ha recibido un fuerte golpe por parte del Consejo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), por sus siglas en inglés, al suspender temporalmente al país de esa instancia por 18 meses por algunos incumplimientos, entre ellos no dar los espacios de participación a la sociedad civil.
La suspensión del país es la segunda bofetada en menos de dos meses. Honduras también, por más de una década, no logra ingresar a los beneficios de la Cuenta del Milenio, en vista que el país sigue siendo percibido como altamente corrupto y se deteriora la institucionalidad, el Estado de Derecho, el acceso a la información y la libertad de expresión, entre otros indicadores que se miden para ser parte de la Cuenta del Milenio.
En el caso del EITI, esta es una especie de aval para la inversión extranjera en materia de las industrias extractivas. El gobierno reaccionó incómodo por el anuncio del Consejo de la EITI, que, si bien destaca algunos logros del país, entre ellos la resolución del IAIP en dejar sin efecto una reserva de información que limitaba el acceso a conocer sobre los nuevos y futuros proyectos ambientales, cuestionó mecanismos vinculados con el derecho a la protesta, la violación a los derechos humanos y el impacto que tendrá el código penal vigente.
En la nota girada al gobierno se recalca en las pocas acciones hechas para garantizar una efectiva participación de la sociedad civil, exhorta a ésta a reconsiderar su representación en el grupo de trabajo relacionado con la gobernanza del sector extractivo, al tiempo que alienta al gobierno para “garantizar que los representantes de la sociedad civil puedan participar en el proceso del EITI sin sufrir restricciones ni temor a represalias. El Consejo evaluará la observancia de esta disposición en la tercera Validación de Honduras”.
La noticia de seguir fuera de la Cuenta del Milenio y la suspensión temporal por 18 meses de la EITI, no son halagadoras para el gobierno que en su visión de “país maravilla” ha creado hasta un gobierno digital, una secretaría de transparencia y una ley de secretos que opaca todo lo anterior, además de los paralelismos en las funciones de algunas instituciones y la suplantación de otras, entre ellas del tribunal de cuentas y el ministerio público.
Azotado por dos meteoros y la pandemia del coronavirus, donde la corrupción ha sido uno de los escándalos mayúsculos, en especial en el tema de la covid-19, el gobierno enfrenta ahora el desafío de levantar un país golpeado e indignado, con las cuentas en rojo, el endeudamiento a lo máximo y una pérdida de credibilidad y legitimidad social sin precedentes.
La Iniciativa EITI destaca entre su decisión de suspender al país la negativa del gobierno de escuchar y dar participación a la sociedad civil, esa que siempre es vista de lado por los distintos gobiernos, víctima de campañas de descrédito cuando propone, cuestiona y confronta al poder y sus exabruptos. Y las consecuencias de creer que Honduras es una isla están a la vista.
Ahora que el país está devastado, como ocurrió hace 22 años, se ha conformado un equipo técnico asesor con destacados profesionales que deben proponer un plan de reconstrucción, más no de transformación como se propuso en la Declaración de Estocolmo tras el paso del huracán Mitch. Era un Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación, ahora solo se pide “reconstruir”. Husmeando ese plan y el trabajo de sociedad civil en sus propuestas, uno colige que ahí hubo un Proyecto de País, que se esfumó en el tiempo.
El desafío de los integrantes de ese consejo técnico consultivo pasa porque sus propuestas sean vinculantes y consideradas por quien enfrenta el desprestigio y camina, en paralelo, presentando también su propio plan de reconstrucción sin que éste no haya empezado a ser elaborado. Al menos, eso dejó entrever tras reunirse con la cúpula empresarial que integra el CEAL- capítulo Honduras.
En tal sentido, los integrantes del consejo técnico asesor deben tener un asidero para que su propuesta no sea solo de buena fe, ni compita con los paralelismos a los que nos tiene acostumbrados esta administración. Las dos bofetadas obtenidas por no ser transparente, en medio de búsquedas de recursos para la reconstrucción, son señales de alerta, porque si bien se pueden obtener nuevos empréstitos a costa de mayor deuda, existe un valor que no es cuestión de mercado, ese es confianza, credibilidad y legitimidad.
