Tegucigalpa, Honduras.- Han pasado 731 días (dos años) desde la tragedia ocurrida en la Academia Nacional de Policía (Anapo), situada en La Paz, en el extremo occidente de Honduras, en la que tres jóvenes murieron y 31 más resultaron hospitalizados durante un entrenamiento que aperturó un proceso de preparación para convertirlos en oficiales auxiliares de la Policía Nacional.
Sin embargo, hasta la fecha, dos años después del trágico acontecimiento que marcó de forma negativa a la institución policial, el Ministerio Público (MP) no ha proporcionado una versión oficial de lo sucedido. A pesar del cambio de autoridades, que se esperaba ayudara a esclarecer la situación, tampoco se han revelado los resultados de las autopsias de los tres aspirantes que fallecieron.
Mientras la investigación se maneja con opacidad y hermetismo, y la Policía Nacional mantiene un silencio absoluto —posiblemente para evitar que algunas de sus autoridades se vean involucradas—, los familiares de las víctimas y diversos sectores de la sociedad continúan exigiendo justicia, aunque, como dicen, «la justicia tardía no es justicia«.
“Hoy se cumplen dos años de la muerte de los tres jóvenes a manos de la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que aún no nos entreguen los resultados de las autopsias? ¿O que, a nosotros, los familiares de las víctimas, nos digan que la investigación se maneja en secreto?”, cuestionó Leonardo Martínez, padre de uno de los aspirantes fallecidos.
Durante una conferencia de prensa este miércoles por la mañana, Martínez explicó que, a pesar de haber solicitado en varias ocasiones información a la Fiscalía sobre el avance de la investigación o al menos los resultados de las autopsias, no han recibido respuesta. Esto, afirmó, refleja un alto grado de opacidad que sugiere un intento de dejar en la impunidad a los responsables de los decesos.
El origen de esta denuncia se remonta al 11 de septiembre de 2022, cuando 500 egresados universitarios se enlistaron en las filas de la Policía Nacional para formar parte de una nueva promoción de uniformados, quienes estarían listos en aproximadamente cuatro meses. Al culminar su formación, egresarían como oficiales auxiliares, desempeñándose en áreas donde aplicarían los conocimientos adquiridos en sus licenciaturas universitarias.
Entre los relatos, algunos universitarios que lograron sobrevivir cuentan que, desde su llegada a las instalaciones de la Anapo, fueron recibidos haciendo ejercicios físicos, cargando sus maletas hacia sus habitaciones. Luego, alrededor de las 12 del mediodía, almorzaron pescado y jugo. Unas dos horas después de haber comido, la mayoría comenzó a desvanecerse, lo que de manera preliminar dio a entender que no estaban preparados fiscalmente para los ejercicios a los que fueron sometidos.
De hecho, esa fue una de las principales teorías. Luego comenzó a surgir que lo que habían almorzado (pescado) pudo haber originado el desvanecimiento. Sin embargo, estas hipótesis fueron posteriormente descartadas debido a que las complicaciones de salud presentadas por algunos universitarios empeoraron gradualmente.
Entre varias teorías que todavía permanecen sin ser descartadas o confirmadas, el entrenamiento al que fueron sometidos culminó con la hospitalización de 31 aspirantes y la muerte de Ronald Javier Coello y Jairo Martínez Cruz, quienes presentaron problemas respiratorios de manera preliminar. Siete días después, La Policía informó sobre la muerte del tercer universitario: el doctor Kevin Mejía.
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DEDUCIR RESPONSABILIDADES
Víctor Fernández, coordinador del Bufete de Estudios para la Dignidad, solicitó que, tras dos años de llevar en marcha la supuesta investigación, el Ministerio Público debería de haber presentado varios requerimientos fiscales en contra de los posibles responsables de la muerte de tres jóvenes universitarios.
“Estamos pidiendo al Ministerio Público que presente un requerimiento fiscal en contra de las personas que la investigación determine como responsables. Estamos diciendo que ha transcurrido el plazo legal para cerrar la investigación y, además, un plazo razonable para presentar las acciones correspondientes”, mencionó después de una conferencia de prensa realizada junto al Comité integrado por familiares de las víctimas y aspirantes que lograron sobrevivir.
Además, cuestionó que es inaceptable que la Fiscalía esté privando a los familiares de conocer la información. “No se debe mantener en secretividad; deben permitirles el acceso integral a la investigación. Todos los expedientes clínicos de las personas fueron requeridos; toda esa información debería convertirse en un elemento para juzgar a las personas involucradas.”
De hecho, algunos de los aspirantes que lograron sobrevivir tampoco tuvieron acceso a sus expedientes médicos. Ese es el caso de Ramiro Otoniel, uno de los 31 aspirantes hospitalizados. Otoniel contó que, de manera preliminar, fue trasladado a un centro asistencial donde, tras pasar pocos días, no mostraba mejoría, por lo que fue llevado al centro médico privado San Jorge, ubicado en la capital hondureña.
“En el primer hospital al que me trasladaron —no especificó el nombre— me hicieron exámenes y me dijeron que los enviarían a un laboratorio clínico en el extranjero, algo que me pareció anormal. Luego me trasladaron a la capital porque mi estado empeoraba, sin saber todavía cuál era la afectación. Estando en el hospital de la capital, me dijeron que tenía una trombosis”, relató.
