El prolongado estado de excepción no solo ha institucionalizado la violencia y la discriminación, sino que también ha suspendido garantías fundamentales para más del 70% del país
Pese a la promesa inicial de combatir la extorsión, la medida evidencia fallas legales, alta impunidad y un grave costo humano para las poblaciones vulnerabilizadas
Tegucigalpa, Honduras. – «En estos dos años de estado de excepción, Honduras ha perdido más en derechos humanos y libertades que lo que ha ganado en seguridad», refiere René Valiente, director de investigación de Cristosal Centroamérica.
Su declaración resume la alarma que subyace al más reciente informe de Cristosal, el cual denuncia una preocupante institucionalización de la violencia y vulneración sistemática de derechos humanos bajo una medida que comenzó como respuesta urgente a la criminalidad y la extorsión, pero que en la práctica se ha transformado en una política estatal permanente y discrecional.
El informe traza, a través de testimonios de poblaciones afectadas, un patrón sostenido de abuso institucional y discriminación, además de remarcar cómo el estado de excepción —aprobado en diciembre de 2022 y prorrogado al menos 19 veces hasta julio de 2025— ha supuesto la suspensión sistemática de derechos fundamentales como la libertad personal, de asociación, reunión pacífica y circulación. La extensión territorial de la medida, que inició en Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, ahora afecta a más del 70% del país.
Valiente advierte que la medida ha impactado principalmente a jóvenes de barrios empobrecidos y a la población LGTBIQ+, poblaciones históricamente estigmatizadas y ahora particularmente expuestos a la violencia institucional. «Son diversos los testimonios que hemos obtenido sobre abuso de la fuerza, agresiones injustificadas, capturas sin debido proceso, allanamientos ilegales que son utilizados como excusa para la apropiación de bienes o la destrucción de propiedades», señala el investigador.
Aunque más del 90% de las personas detenidas son hombres, Valiente subraya que las mujeres también sufren violencias específicas. «Hay tratos crueles, abusos de autoridad y agresiones de carácter sexual que no necesariamente acaban en detención, pero dejan un impacto severo en sus vidas».
Al cumplirse más de dos años del estado de excepción en Honduras, el informe alerta sobre el grave costo humano de militarizar la seguridad y mantener la excepción como norma, violentando derechos y profundizando la crisis de confianza pública en las instituciones.
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IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA INSTITUCIONAL
Uno de los aspectos más preocupantes señalados es la alta impunidad: datos del Sistema Interamericano indican que en Honduras apenas un cuarto de los homicidios llega a judicializarse y menos de la mitad recibe condena. “Esto representa más de 87% de impunidad solo en homicidios”, subraya René Valiente. Pese a que la narrativa oficial justificó el estado de excepción como respuesta a la extorsión, la mayoría de las detenciones está relacionada con otros delitos, como robos o violencia doméstica, y las comunidades persisten en dinámicas de violencia y miedo.
Valladares también denuncia la existencia de personas con uniformes policiales que no pertenecen a las fuerzas de seguridad, señalando el riesgo de un entorno propicio para el accionar de estructuras criminales y la intimidación ciudadana, lo cual alimenta el miedo a denunciar.
Por su parte, Carlos Sierra, representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). subraya que “la población joven, entre 15 y 30 años, ha sido especialmente vulnerabilidazada”, sufriendo detenciones y violencia durante operativos.
Advierte que prolongar la suspensión de derechos deja una “laguna legal” y eleva el riesgo de ser juzgado internacionalmente al Estado de Honduras por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
ESTADO DE EXCEPCIÓN SIN RESULTADOS Y CON FALLAS LEGALES
En el contexto de un año electoral marcado por incertidumbre, Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), cuestiona de manera la eficacia y legalidad del estado de excepción vigente en Honduras desde finales de 2022. “Estamos viendo un estado de excepción que hasta el momento no ha dado los resultados”, señala, recordando que, pese a la promesa oficial de combatir la extorsión, este delito sigue vigente y sin mayor reducción.
Castañeda denuncia la falta de ratificación legislativa de los decretos que sostienen la suspensión de garantías constitucionales, acción que, según él, “es una violación al artículo 187 de la Constitución de la República”.
Advierte que algunos decretos ni siquiera han sido ratificados, y denuncia de prácticas del pasado en el Congreso Nacional, como intentos de legalizar retroactivamente medidas adoptadas sin el proceso legal adecuado: “Tratar de sorprender a través de decretos legislativos, legalizar situaciones que no es la manera en cómo se debe hacer, son situaciones que preocupan porque van orientadas a más temas políticos que el tema de seguridad”.
En su análisis, Castañeda subraya que recurrir al estado de excepción como política permanente revela el fracaso de las estrategias gubernamentales para resolver la crisis de seguridad. “La Constitución establece que cuando hay una crisis que no pueden resolver, apliquen un estado de excepción y en 45 días retomen el control. Pero en dos años y medio no se ha podido retomar el control, no se ha podido retomar la paz, ninguna de las estrategias ha funcionado y todo lo que se está capturando se le está atribuyendo al estado de excepción”.
Los entrevistados coinciden en la necesidad de concluir el estado de excepción y trabajar hacia una política de seguridad construida en alianza con la sociedad civil, el Estado y la academia, que priorice la protección de derechos y la transparencia. Persistir en la suspensión de garantías, lejos de solucionar el problema estructural de la violencia, incrementa la exclusión, la impunidad y la vulnerabilidad social, advierten.
