Criterio.hn analizó las cifras de incautación de cocaína reportadas entre 2019 y 2023 por las secretarías de Seguridad, Defensa y el Ministerio Público y encontró una abismal disparidad, lo que sugiere dudas sobre si existe una coordinación entre las instituciones del Estado para perseguir y castigar el delito de tráfico de drogas, o si se está reportando sustracción, pérdida y desvió de la droga dentro de estas mismas instituciones.
El análisis concluye, además, que las altas cantidades decomisadas no corresponden al bajo número de personas acusadas y mucho menos con las judicializadas. Esto pone en evidencia que el tratado de extradición, que expirará el 28 de febrero, abrirá las puertas para que los narcos sigan operando bajo la impunidad.
Otro aspecto a valorar es que se observó que, en los últimos meses, a raíz de la denuncia del tratado de extradición, se incrementaron los operativos de incautación e incineración de droga, lo que podría ser una estrategia para posicionar ante la opinión pública que no es necesario el acuerdo con Estados Unidos.
Autoras: Marcia Perdomo y Katerin Galo
Edición: Emy Padilla y Daniel Lizárraga
Gráficos e ilustraciones: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – Si bien Honduras denunció el tratado de extradición con Estados Unidos a finales de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro mantiene que el combate frontal al narcotráfico continuará. No queda claro cómo se logrará este objetivo cuando las instituciones gubernamentales encargadas de la prevención y persecución de dicho delito no logran coordinarse entre sí, ni siquiera para reportar cifras.
Criterio.hn analizó los números reportados de incautaciones de cocaína, destrucción de narcolaboratorios e incineración de la droga y plantaciones de hoja de coca, entre los años 2019 a 2023, y encontró elevadas disparidades entre las cifras que reportan la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público, según datos consignados por este medio mediante peticiones de información.
A manera de cifras globales, el Ministerio Público ha reportado, en los últimos cinco años, la incautación de 29,948 kilogramos de cocaína. Sin embargo, los números reportados por las secretarías de Seguridad y Defensa no concuerdan con la institución que tiene el monopolio de la investigación en Honduras.
Por un lado, la Secretaría de Seguridad reporta cifras inferiores a la Fiscalía que corresponden a la incautación de 18,109 kilogramos de cocaína, mientras que la Secretaría de Defensa, entra en contradicciones con sus propias cifras, manejando datos diferenciados entre una solicitud de información y otra. Por ejemplo, mediante una petición de información aseguró haber incautado, entre 2019 y 2023, 36,276 kilogramos de cocaína y en otra petición, siempre sobre el mismo periodo, la cifra escaló, sin explicación alguna, a 46,432 kilogramos.
Esto revela un desfase de cifras entre las tres instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, paradójicamente cuando sus representantes son quienes participan de manera conjunta en los operativos con el supuesto de desarticular el tráfico ilegal de drogas.
Lo anterior, además de generar desconfianza con relación a lo que está ocurriendo con la droga incautada, refleja la debilidad institucional en la persecución y castigo del delito. Sobre todo cuando se toma en cuenta que entre 2017 a 2024 se han reportado 75 denuncias por sustracción de evidencias de los almacenes del Ministerio Público, sin contar los reportes de la sustracción de cocaína incautada, mientras se encontraba bajo el resguardo en batallones de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Para el exdirector de Medicina Forense, del Ministerio Público, Denis Castro Bobadilla, no se puede esperar datos congruentes en un país donde la lucha contra el narcotráfico “es del diente al labio”, hay “un doble discurso” y personas vinculadas a nivel gubernamental en el delito o que son beneficiados por el mismo.
Castro Bobadilla, quien es médico forense y abogado, reflexionó que el Ministerio Público debería tener el número total de las incautaciones reportadas por las Secretarías de Seguridad y Defensa, a la vez realizar los requerimientos fiscales de quienes estén involucrados. “[S]e decomisa, pero seguimos jugando al gato y al ratón, realmente deteniendo a personas comunes y corrientes, y no a los narcos que hay en el país”, cuestionó.
INCONGRUENCIAS ABARCAN DATOS PROPORCIONADOS AL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Este desfase incluso es notorio en los reportes que proporciona el gobierno de Honduras a Estados Unidos. El informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, publicado en marzo de 2024 por el Departamento de Estado, señala que las incautaciones en tránsito disminuyeron durante los primeros meses de 2022, según números proporcionados por el gobierno de Honduras.
Con base en el análisis de datos se concluye que existe una considerable disminución de incautaciones de cocaína en 2022 con relación a 2021. Sin embargo, según las cifras reportadas en el informe, Honduras registró la incautación de 4.9 toneladas métricas (4,900 kilos) de cocaína, lo cual si bien se acerca a las cifras proporcionadas a Criterio.hn por parte de la Secretaría de Seguridad en 2022 con 4,123 kilos, no concuerda con los datos proporcionados por Defensa, que reportó 8,822.56 kilos. ¿Cuáles son las cifras reales?
Difícil explicar porque el director general de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar Godoy, durante un programa televisivo matutino del 15 de octubre de 2024, evadió hablar de las cifras de 2022, y justificó que se incautaron 31 toneladas de cocaína entre 2022 a 2024 y a modo de excusa pormenorizó que el reporte de EE.UU. únicamente abarca los primeros nueve meses de 2022.
Es más, si se toman en cuenta únicamente los datos proporcionados de 2022 por parte de la Secretaría de Seguridad, la cocaína incautada corresponde a 4,123 kilogramos, mientras que Defensa reportó 8,822.56 kilos y el Ministerio Público, que debería tener el consolidado de las cifras, cuantifica la incautación de 6,651 kilos.
¿Cuál de todas estas cifras es la oficial? Si se toma en cuenta los datos anuales de 2022 por parte de la Secretaría de Seguridad, queda en deuda ante lo reportado por Honduras al Departamento de Estado, y si se toman en cuenta las cifras de Defensa se tendría que haber incautado en los siguientes tres meses más de 4,699.56 kilos y 2,528 kilos, en caso que se tome como la cifra real la del Ministerio Público.
Un indicio que eleva las señales de alarma es que el Ministerio Público reportó entre 2019 y 2023 la incautación de 8,296 kilogramos de cocaína, sin atribuir esta cifra a ningún departamento. A esto se suman 4,295 kilos decomisados en alta mar.
Otro elemento que genera confusión es que el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, señale que las cifras proporcionadas por él entre 2022 a 2024, corresponden a lo decomisado por la Policía Nacional (Seguridad) y las Fuerzas Armadas de Honduras (Defensa), ya que cuando se analizan las cifras proporcionadas por ambas secretarías hay marcadas contradicciones.
“De estas casi 31 toneladas, siete las ha decomisado la Policía en territorio continental e insular y las otras 23 y fracción las ha decomisado las Fuerzas Armadas [alta mar] a través de la Naval”, declaró el director general de la Policía Nacional de Honduras.
Nelsón Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que la Secretaría de Defensa, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad son tres instituciones que deben trabajar de forma coordinada para establecer un impacto en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“[S]i las tres instituciones, en el marco de un mismo periodo de tiempo, se está solicitando información relacionada a la incautación, y esta no coincide, entonces hay un problema [de coordinación]. Y es ahí donde uno identifica que mucha información, que se da oficial, no tiene un soporte, un sustento, una credibilidad”, apuntó.
Castañeda indicó que esta desorganización, falencias e irregularidades provocan falta de efectividad en el combate real contra el narcotráfico, lo cual indicó es preocupante porque existe un Plan de Solución Contra el Crimen [programa gubernamental de seguridad] y en el mismo se especifica que estas instituciones deben trabajar de forma coordinada, tanto en la recolección de inteligencia como en sus operaciones.
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ explicó que ellos han trabajado con cifras que involucran la extorsión y al igual que los datos analizados por Criterio.hn, sobre el narcotráfico, no concuerdan.
“[P]areciera que es una estrategia para mantener esa desorganización en la información (…), para evitar que se le haga una veeduría o un seguimiento o una auditoría a esas incautaciones de droga que se hacen, porque lamentablemente hay que decirlo, ahora muchas de esas drogas incautadas están llegando a las ciudades, a los pueblos, y es donde se ha tomado un auge el narcomenudeo”, explicó.
¿CUÁL ES LA ZONA QUE REPORTA MAYOR CANTIDAD DE COCAÍNA INCAUTADA?
Un análisis de datos realizado por Criterio.hn concluyó que las cifras globales de la Secretaría de Seguridad y Secretaría de Defensa tampoco coinciden con la sumatoria de los respectivos registros de incautaciones reportados por departamento [regiones].
Si bien los números no concuerdan entre sí a partir de los reportes realizados por la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y Ministerio Público, es innegable que Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía y Olancho son los departamentos que encabezan los listados en cuanto a la incautación de cocaína.
Los territorios antes mencionados, no solo encabezan los listados por las cantidades de cocaína incautada, sino que también tienen parte del reinado de personas procesadas judicialmente en Estados Unidos por tráfico de cocaína, quienes para operar impunemente utilizaron sus fachadas como empresarios y prominentes políticos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2022, señaló que “las operaciones antinarcóticos interrumpen mínimamente la creciente presencia de narcotraficantes, en parte, debido a la falta de coordinación interinstitucional y a desafíos geográficos y de personal, particularmente en los departamentos de Colón y Gracias a Dios, donde la presencia policial es extremadamente limitada”.
DISCREPANCIAS SE EXTIENDEN A PLANTACIONES Y NARCOLABORATORIOS
Las incongruencias numéricas se extienden más allá de las incautaciones de cocaína. Honduras lentamente ha pasado de ser un punto de tránsito de la droga, a ser un lugar de cultivo y procesamiento de la hoja de coca para la elaboración de clorhidrato de cocaína.
En marzo de 2024, el Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo publicó el reporte Aproximación del Cultivo de la Hoja de Coca en Países de la Región, en el que señaló que la caída de los precios de la pasta base de coca y la hoja de coca en Colombia empujó a los grupos criminales a impulsar cosechas en Centroamérica y así garantizar su actividad ilícita e intensificar rutas de tráfico alternas.
El estudio La idoneidad agroecológica de Centroamérica para cultivo de coca, Erythroxylum spp, publicado en 2024 por la revista científica Environmental Research Letters, señaló que el “47% del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y Belice) presenta características biofísicas muy adecuadas para el cultivo de coca, mientras que la mayor parte del sur no”.
Por otra parte, el informe Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefaciente identifica un incremento en las plantaciones del arbusto de coca “en zonas remotas de los departamentos de Colón, Yoro, Olancho, El Paraíso y Cortés, con escaso o nulo acceso de las fuerzas de seguridad”.
Desde 2020, las Secretarías de Defensa y Seguridad reportan plantaciones de hoja de coca y laboratorios para su procesamiento. Sin embargo, la dinámica expuesta previamente se repite, los números no concuerdan entre las diferentes instituciones.
En números globales, la Secretaría de Seguridad reportó entre 2020 a 2023 la destrucción de 494 hectáreas de plantaciones de coca, lo que corresponde a 4,895,500 arbustos de hoja de esta planta. Sin embargo, los números de la Secretaría de Defensa duplican los de Seguridad, con la destrucción de 925 hectáreas, que contenían un estimado de 8,552,156 arbustos de hoja de coca.
En teoría, el Ministerio Público tendría que registrar los números de ambas instituciones. Sin embargo, la solicitud de información correspondiente a la destrucción de plantaciones de coca fue ignorada, por lo que solo se pueden comparar los números de Seguridad y Defensa.
En este caso, el informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reporta la destrucción de 140 hectáreas de plantaciones de coca y la destrucción de 15 laboratorios rudimentarios durante los primeros nueve meses de 2022.
En 2022, la Secretaría de Seguridad reportó la erradicación de 95.1 hectáreas, que corresponde a 950,000 mil arbustos de coca, mientras que la Secretaría de Defensa reportó 183.6 hectáreas destruidas, es decir, 3,071,360 arbustos.
Al analizar los números reportados por departamento [regiones], de acuerdo a la Secretaría de Seguridad, Olancho, ubicado en la zona nororiental, es el que registró la mayor destrucción de hectáreas de arbustos de coca, con 367.35 hectáreas de plantaciones (3,673,500 arbustos). Mientras tanto, la Secretaría de Defensa registra a Colón como la región con mayor destrucción de plantaciones con 327.2 hectáreas (3,918,106 arbustos).
Otra divergencia en las cifras entre ambas instituciones y siempre concerniente a Olancho, refiere a la destrucción de 308 hectáreas de plantaciones de coca, la cual no es reportada en esa misma cantidad por parte de Seguridad en el 2023. Discrepancia similar de números ocurre en otros departamentos entre ambas instituciones.
Incluso al interior de la Secretaría de Seguridad existen incongruencias con respecto a lo que reporta esta misma entidad. Por ejemplo, 2022 y 2023 son los años con el mayor número de plantaciones de hoja de coca destruidas por esta entidad.
Sin embargo, los números reportados a Criterio.hn a través de una solicitud de información no concuerdan con el Informe Logros del Gobierno de la República en Materia de Seguridad Ciudadana 2022-2023. Es decir, que mientras Seguridad registró mediante una petición ciudadana la destrucción de 5,485,500 arbustos, el reporte, publicado en enero de 2024, indicó la erradicación de 4,718,005. La diferencia es de 767,495 arbustos de hoja de coca que no fueron reportados por la Secretaría de Seguridad en su informe institucional.
Los llamados narcolaboratorios son otro nudo de incongruencias. Por un lado la Secretaría de Seguridad reporta la destrucción de 36, mientras que la Secretaría de Defensa contabiliza la demolición de 56 entre 2020 a 2023. En lo único que parecen estar de acuerdo es que el departamento con el mayor número de narcolaboratorios es Colón, pero, nuevamente los números reportados son diferentes. Seguridad reporta la destrucción de 23 narcolaboratorios y Defensa registró la destrucción de 37 en este departamento.
En lo que respecta a los narco laboratorios, el informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes registra la destrucción de 15 laboratorios rudimentarios durante los primeros nueve meses de 2022.
Nuevamente, las cifras no coinciden, ese mismo año, Seguridad señala la destrucción únicamente de 12 laboratorios. Ocho de estos estaban ubicados en Colón, uno en Cortés y tres en Olancho. Por su parte, Defensa registra la erradicación de 18 narcolaboratorios, 14 de estos ubicados en el departamento de Colón, uno en Cortés y tres en Olancho.
Este mismo informe indica: “La colaboración entre las Direcciones Antidroga, de Policía de Fronteras y de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras ––todas ellas apoyadas por Estados Unidos–– ha sido fundamental para estas incautaciones”. Al parecer el apoyo no abarca la recolección y procesamiento de cifras.
GRANDES INCAUTACIONES VERSUS POCAS ACUSACIONES
La lucha contra el narcotráfico en Honduras ha estado marcada por numerosos operativos de incautaciones y decomisos de droga realizados por la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Estos esfuerzos han resultado en el decomiso de grandes cantidades de cocaína, pero contrastan con el bajo número de personas detenidas y la escasa presentación de cabecillas ante los tribunales.
En contraste con los grandes decomisos, las cifras de denuncias y detenciones muestran un panorama diferente. Entre 2019 a 2024 se han presentado 572 denuncias por tráfico de droga, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio Público a Criterio.hn.
Según la respuesta a la solicitud de información (SOL-MP-2628-2024), entre 2019 y 2024, se emitieron 10,249 requerimientos fiscales [acusaciones]. Sin embargo, la cantidad de personas detenidas resulta significativamente menor: solo 4,055 durante este mismo periodo.
Estas cifras reflejan una brecha preocupante entre la magnitud de los decomisos y la capacidad de las autoridades para capturar y procesar a los responsables de este delito.
Por otro lado, el Poder Judicial informó que desde 2019 a 2023 ingresaron 2,356 casos de los cuales se emitieron 1,485 sentencias condenatorias; 364 sentencias absolutorias; 156 sobreseimientos definitivos y 19 sobreseimientos provisionales.
Analistas y abogados especialistas en derecho penal, exponen que uno de los mayores desafíos en la lucha contra el narcotráfico es la captura de los cabecillas de estas operaciones ilícitas. A menudo, las incautaciones de droga son el resultado de interdicciones en puntos de transporte o almacenamiento, dando como resultado la detención de las personas encargadas de trasladar los cargamentos de las drogas, mientras los líderes de las redes criminales logran evadir la justicia, de hecho, ni tan siquiera son expuestos públicamente.
Raúl Paniagua, abogado penalista, dijo a Criterio.hn que las falencias en el sistema de administración de justicia y la falta investigación, por parte de la Fiscalía, tiene una fuerte incidencia en la detención y judicialización de los grandes capos de la droga.
Añadió que en su mayoría, las personas detenidas o requeridas por las autoridades, son los que se encargan de transportar y vender la droga, en este caso cocaína. Pero los jefes de estas estructuras del crimen organizado, en su mayoría, permanecen en la sombra [a salvo] de los señalamientos ante los tribunales de justicia.
“Respecto a los operativos de incautación de droga, en varios de esos decomisos las autoridades no pueden identificar quién metió y hacia quién va dirigido ese cargamento, y ese es un gran problema, porque difícilmente se puede imputar penalmente esos delitos”, enfatizó el entrevistado.
Gracias a las reformas en el Código Penal, que entraron en vigor a partir del 25 de junio de 2020, las actividades del narcotráfico fueron favorecidas con la reducción de penas, establecidas en los delitos de tráfico de drogas.
Por ejemplo, antes la pena máxima contra quien cometiera el delito de tráfico de drogas era de 20 años de prisión (en casos con agravantes), y con la reforma pasó a 15 años de reclusión. Mientras que la pena mínima, que antes de la modificación era de siete años, se redujo a cuatro años.
La situación es especialmente grave en regiones como Gracias a Dios y Colón, donde la presencia del Estado es limitada y el territorio es aprovechado por los cárteles para operar con relativa impunidad. En estos lugares, las rutas terrestres, aéreas y marítimas son utilizadas para movilizar cargamentos de droga con destino a mercados internacionales.
La impunidad también envuelve a los verdaderos dueños de los narcolaboratorios y plantaciones de droga, pues nunca se conocen los nombres de los líderes de estas estructuras criminales.
Y, aunque las autoridades hondureñas han logrado importantes incautaciones de cocaína, el bajo número de detenciones y la falta de captura de cabecillas del narcotráfico evidencian las debilidades en el combate a este delito.
ALMACENES DEL MP NO SON LUGAR SEGURO PARA EL RESGUARDO DE EVIDENCIA
La incongruencia en la cantidad de cocaína incautada reportada por el Ministerio Público ha encendido las alarmas sobre la integridad del ente acusador. Sin embargo, este desfase no es más que la punta del iceberg de una crisis institucional marcada por la corrupción y la sustracción sistemática de evidencias.
De acuerdo a una solicitud realizada al ente acusador desde 2017 a 2024, se han presentado 75 denuncias contra empleados del Ministerio Público por sustracción de evidencias de los almacenes de la fiscalía en diferentes zonas del país.
El 22 de mayo de 2024, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) obtuvo un auto de formal procesamiento contra la exjefa del Almacén de Evidencias de Medicina Forense Rosina Morales y del exjefe de Técnicos, Óscar René Rodríguez, por sustraer 14 kilos de cocaína.
De acuerdo al comunicado de la fiscalía, ambos exfuncionarios aprovecharon la emergencia por la tormenta tropical Agatha, en junio de 2010, y dispusieron mover la evidencia almacenada en el antiguo edificio forense ubicado en el barrio Guacerique de Comayagüela.
Un exfiscal del Ministerio Público, que optó por el anonimato, declaró que los robos de evidencias no son casos aislados. “Esto no es nuevo, por años han desaparecido drogas, armas, documentos y dinero de los almacenes de evidencia del Ministerio Público. Es una práctica recurrente que afecta la confianza en el sistema judicial”, afirmó la fuente en una entrevista brindada en marzo de 2024.
La fuente afirmó que personas que han sustraído evidencias continúan laborando en la Fiscalía, de hecho, se han constituido en una red que, además de drogas, han desaparecido cajas fuertes completas y otros bienes decomisados en casos de alta relevancia.
Por su parte, un doctor en Química y Farmacia que laboró como perito del Ministerio Público, quien prefirió mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, señaló que la falta de controles rigurosos en los almacenes del Ministerio Público abre las puertas a la corrupción y favorece al crimen organizado.
Raúl Paniagua, abogado penalista, subrayó que la pérdida de evidencia afecta directamente la judicialización de los casos.
“Si se pierde evidencia de los almacenes del Ministerio Público, significa que algo está fallando y eso conlleva que prácticamente un caso, si ha sido acusado penalmente, quedaría en la impunidad y en una absolución de las personas que posiblemente estén metidas en ese tipo de negocios ilícitos”, afirmó Paniagua.
EXTRADICIÓN: UN ARMA CONTRA EL NARCOTRÁFICO ANTE UN SISTEMA JUDICIAL DEBILITADO
El tratado de extradición firmado en 1912, entre Honduras y Estados Unidos se convirtió en su momento en una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico, permitiendo que figuras prominentes del crimen organizado enfrenten la justicia en tribunales estadounidenses. Este mecanismo ha sido fundamental ante las falencias de un sistema de justicia hondureño que aún enfrenta serias debilidades estructurales y operativas.
El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, ha sido contundente al describir la incapacidad del sistema judicial hondureño para enjuiciar y condenar a narcotraficantes. En una entrevista realizada en octubre de 2024, Orellana refirió a Criterio.hn que “[l]a debilidad institucional es el principal obstáculo. No hay garantías de que los casos sean procesados de manera transparente y efectiva”.
Según cifras del Poder Judicial, entre 2018 y 2024, Honduras había extraditado a 64 ciudadanos, incluyendo a un expresidente, varios exdiputados y empresarios. Estas extradiciones han expuesto la profundidad de los vínculos entre el narcotráfico y sectores clave de la política y la economía del país.
El caso más emblemático fue la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado [2014-2022], acusado de conspirar para el tráfico de 500 toneladas (500,000 kilogramos) de cocaína hacia Estados Unidos. Su caso puso en evidencia cómo el narcotráfico logró penetrar las más altas esferas del poder, convirtiendo a Honduras en un narcoestado.
Los fiscales Damian Williams y Merrick Garland señalaron que Hernández Alvarado “abusó de su cargo” como presidente de Honduras para “gestionar el país como un Estado narcotraficante”.
En junio de 2024, Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión por los delitos de conspiración para el tráfico de droga y dos delitos relacionados a la tenencia y uso ilegal de armas.
La extradición del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, reiteró la estrecha relación entre los entes de seguridad del Estado y el narcotráfico.
El 1 de agosto de 2024, Bonilla fue condenado a 19 años de cárcel por conspirar para traficar 450 kilos de cocaína a Estados Unidos. Mientras que Hernández Pineda fue sentenciado a 15 años de prisión por sus nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
El Congreso Nacional es otra de las instituciones cooptadas por el narcotráfico, pero esto no se limita al financiamiento de campañas políticas, sino por la participación directa de diputados en redes del crimen organizado.
Un ejemplo de ello, es Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado por el Partido Nacional y hermano del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, capturado el 23 de noviembre de 2018 por autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami por delitos relacionados al tráfico de armas y drogas hacia ese país, y declaración falsa.
En octubre de 2019 el excongresista fue declarado culpable. De acuerdo a documentos oficiales y fiscales señalaron a Tony Hernández de haber participado activamente en “todas las etapas de tráfico de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.”, sobornar a agentes del orden público para proteger cargamentos de droga y solicitar sobornos a narcotraficantes.
De igual manera, mencionaron que Hernández controlaba laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de su cocaína estaba estampada con el símbolo “TH” (Tony Hernández).
Tres años después, específicamente el 31 de marzo de 2021, Juan Antonio Tony Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de cárcel, por conspirar para importar cocaína hacia Estados Unidos, usar y conspirar para usar ametralladoras.
Otro implicado, es el excongresista del Partido Liberal, Midence Oquelí Martínez, quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico y uso de armas.
De acuerdo a la acusación contra Oquelí Martínez, este hizo negocios y apoyó de manera directa con el tráfico de drogas a Los Cachiros. Asimismo, proporcionó armas y facilitó las actividades ilícitas de esta red criminal.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cártel Los Cachiros, ha sido un dolor de cabeza para los políticos hondureños. Antes de entregarse a las autoridades estadounidenses se reunió con empresarios y prominentes figuras de la política hondureña. Todas estas reuniones fueron grabadas a través de cámaras ocultas, una de ellas fue publicada en septiembre de 2024 por el portal especializado en crimen organizado, InSight Crime.
Uno de los protagonistas de estas narcocintas es el exsecretario del Congreso Nacional y hermano del exmandatario Manuel Zelaya, Carlos Armando Zelaya Rosales, quien aparece negociando dinero para financiar la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre), hoy en el poder, para el proceso electoral de 2013.
Zelaya, cuñado de la presidenta hondureña Xiomara Castro, mencionó que el dinero se distribuiría para la campaña electoral en los departamentos de Colón, Olancho (región de origen de la familia Zelaya Castro) y Santa Bárbara.
Al hablar de la distribución del dinero Carlos Zelaya mencionó que “la mitad sea para el comandante”, sobrenombre con el que se le conoce al expresidente Manuel Zelaya.
En el vídeo también se observa al alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez; los narcotraficantes Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos El Negro Lobo, Héctor Fernández Rosa Don H, en prisión en Estados Unidos y Juan Ramón Matta Waldurraga, exconvicto de la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y absuelto, en 2023, por la justicia de Honduras tras ser enjuiciado por el delito de lavado de activos.
Ante la confabulación entre narcotraficantes, empresarios y políticos –del tripartidismo [partidos Nacional, Liberal y Libre]–, sumado a las abismales incongruencias en las cifras de droga incautada y la ausencia de sentencias condenatorias contra grandes narcotraficantes, se pone en duda la capacidad del Estado de Honduras para contrarrestar el narcotráfico.
El único respiro que tenía este país centroamericano para combatir el tráfico de drogas ha sido el temido tratado de extradición que fue denunciado por la presidenta Xiomara Castro el 28 de agosto de 2024 y cuya vigencia expira el próximo 28 de febrero. A partir de esta fecha los narcos cabalgarán a sus anchas, sin miedo a seguir operando
Bajo este contexto la titular de la Secretaría de Defensa y precandidata del oficialista partido Libre, Rixi Moncada, aseguró en diciembre pasado a medios hondureños que el gobierno no se opone al tratado de extradición, pero sí a su instrumentalización con fines políticos.
“Si hay voluntad, Estados Unidos sabe que debe enviar las misivas correspondientes para poder, nosotros, pensar, analizar la continuidad del tratado de extradición a partir del año 2026. El 2025 esa es una relación suspendida”, manifestó durante una ceremonia militar.
Al expresarse en esos términos, Moncada dejó entrever que sobre el tratado de extradición ya no hay vuelta de hoja, lo que implicaría, que en caso de existir interés por parte de Estados Unidos, se tendría que suscribir uno nuevo a partir de 2026.
Previo a la publicación de esta investigación, Criterio.hn buscó la versión de las autoridades de la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público sobre el porqué de las inconsistencias en las cifras de incautación de cocaína, sin embargo, el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, ignoró los mensajes y llamada. En el caso de la Secretaría de Defensa, Pamela Maldonado, encargada de la sección de comunicación digital, a través de un mensaje, respondió: “permítame hacer las respectivas consultas y le confirmo cualquier cosa”.
Para la realización de esta investigación, Criterio.hn solicitó en reiteradas ocasiones al Ministerio Público y a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ser convocados a las operaciones de incineración de droga que se llevan a cabo en las instalaciones militares, pero hicieron caso omiso a las solicitudes pese a que el artículo 38 de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas manda la presencia de la prensa durante estas acciones.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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