Disposiciones del presupuesto de la República violan la Constitución: Fosdeh

Fe de Erratas del 26 de enero del 2018 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 34,552 no se solventa la situación por el contrario, blinda el artículo que inhibe al Ministerio Público y al poder judicial investigar a los funcionarios corruptos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Foro Social para la Deuda Externa (FOSDEH) en torno a las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional  a la Ley de Presupuesto, señala que estas violan la Constitución y otros marcos legales.

Estas disposiciones presupuestarias adicionales en el Presupuesto 2018 han sido denunciadas públicamente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH),  calificándolas como un “Pacto de Impunidad” del Congreso Nacional.

Esta situación ha sido denunciada a través de los años por el FOSDEH. Que señala que los congresistas han colocado las disposiciones como una “Supra ley” en lugar de orientarlas a la adecuada operatividad del gasto e ingreso público, que permita asegurar la satisfacción de los derechos ciudadanos y de una sanidad en las finanzas del Estado.

 En este caso puntual, dichas Disposiciones han sido utilizadas para reformar una ley, la Ley Orgánica del Presupuesto con efectos perniciosos en lo judicial, señala el análisis presentado por el Fosdeh.

En referencia a las reformas efectuadas, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Presupuesto dicta que las investigaciones del TSC se llevarían a cabo sin perjuicio de efectuar la intervención de las instancias judiciales. Sin embargo, con la adición del artículo 131-A en las Disposiciones Generales 2018 se faculta al TSC para determinar si la acción judicial procede o no, obstruyendo las funciones del Poder Judicial, claramente atenta contra la institucionalidad y la independencia de Poderes del Estado. Lo cual, con la Fe de Erratas del 26 de enero del 2018 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 34,552 no se solventa esta situación, al contario, blinda ese artículo.

Reflexiones a las Modificaciones realizadas por el Congreso Nacional de la República de Honduras, al Presupuesto General Ingresos y Egresos del año 2018

Cronología. Entre marzo y septiembre del año 2017, el Poder Ejecutivo elaboró el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Normas de Ejecución Presupuestarias (denominadas Disposiciones Generales) para el ejercicio fiscal 2018, bajo los parámetros de la documentación de soporte (planes operativos, estimaciones, evolución y proyección del programa, etc.) conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004).

En consecuencia, el 14 de septiembre de 2017 mediante resolución del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) presentó dicho anteproyecto de presupuesto al Congreso Nacional para su análisis y aprobación, conteniendo inicialmente 223 artículos de disposiciones generales, con un monto de egresos total en las instituciones centralizadas y descentralizadas de L 242,733.1 millones, y un monto de ingresos tributarios de L 101,948.5 millones.

Es importante señalar la irregularidad en el lapso de tiempo existente, entre la entrega y la aprobación del presupuesto aprobado el 18 de enero del 2018. Puesto que el artículo 362 de la Constitución de la República en coherencia con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto, establecen que el presupuesto “se votará anualmente”, además, el presupuesto vigente “se cerrará el treinta y uno de diciembre del año”. Frente a ello, la Constitución de la República en el artículo 368 señala que, al no aprobarse en el plazo establecido quedará en vigencia el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, en este caso el presupuesto aprobado del año 2017. Sin embargo, el Poder Legislativo realizó una penosa como lamentable “maniobra”, aprobando un presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 (Decreto 141-2017, publicado el 19 de enero 2018) a destiempo de L. 243,149.9 millones (L 416.8 millones adicionales al anteproyecto), un monto de ingresos tributarios de L 102,413.5 millones (L 465 millones adicionales al anteproyecto) y la aprobación de 239 artículos de disposiciones presupuestarias (16 disposiciones adicionales al anteproyecto presentado por SEFIN; en las cuales se incluyen las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, transfiguración de orden constitucional, entre otras de orden penal y jurisdiccional).

Estas disposiciones presupuestarias adicionales en el Presupuesto 2018 han sido denunciadas públicamente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) calificándolas como un “Pacto de Impunidad” del Congreso Nacional, producto de las reformas que contienen, afectando de inmediato el caso denunciado como “Red de Diputados” (caso construido por la MACCIH, y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC, y presentado al Ministerio Público el 11 de diciembre de 2017), en el cual se investiga a diputados y exdiputados, funcionarios del Poder Ejecutivo, algunos representantes de Organizaciones No gubernamentales (ONG´s), entre otros, y; entorpeciendo futuras acciones al combate a la corrupción e impunidad. Dichas disposiciones que comenzaron a surtir efectos el 24 de enero del presente año, cuando la magistrada encargada del caso interpreta el artículo 238 de Presupuesto 2018; archivando el caso, y trasladando al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con un plazo de tres años para concluir las investigaciones.

Ante las denuncias realizadas por la MACCIH, acuerpadas con pronunciamientos de instancias internacionales y nacionales, los diputados tratando de justificar el “craso error” (error voluntario), realizaron una enmienda al Artículo 238 del Presupuesto 2018 a través de una Fe de Errata, el 26 de enero del 2018, conforme a el Diario Oficial La Gaceta No 34,552. Por lo cual nos preguntamos; ¿Y los demás artículos incluidos?, ¿Con esta Fe de Errata se soluciona todo?

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Bajo este contexto, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) expresa lo siguiente:

1. Nos preocupa que las Disposiciones Generales del Presupuesto se empleen reiteradamente para efectos que no le competen, transgrediendo la Constitución y otros marcos legales, situación denunciada a través de los años por el FOSDEH. Colocando las Disposiciones como una “Supra ley” en lugar de orientarlas a la adecuada operatividad del gasto e ingreso público, que permita asegurar la satisfacción de los derechos ciudadanos y de una sanidad en las finanzas del Estado. En este caso puntual, dichas Disposiciones han sido utilizadas para reformar una ley, la Ley Orgánica del Presupuesto con efectos perniciosos en lo judicial.
2. El Presupuesto 2018 se aprobó bajo la ausencia de planificación en la política presupuestaria, así como la falta de análisis y debate del mismo por parte de los diputados previo a su aprobación (se suspendieron dos debates y se aprobó a suprema e inducida velocidad), con evidencias de arbitrariedades e incoherencias; a) la supresión del Fondo Vial mediante Decreto PCM-086-2017, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 8 de enero de 2018, pese que aparece una línea presupuestaria para dicha institución, aprobada en el Congreso Nacional el 18 de enero. b) La creación de la Secretaria de Derechos Humanos mediante el Poder Ejecutivo, sin contar con respaldo presupuestario. c) Continúa la disposición de la concentración del gasto en publicidad por parte de la Presidencia de la República. d) se incrementan las cuentas para disminuir los ingresos netos, trastocando, por ejemplo, la asignación del 6% a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). e.) pagar deuda con deuda a los institutos de previsión, en fin, muchas otras… con estos ejemplos, es necesario una revisión exhaustiva de lo aprobado en el Congreso Nacional el 18 de enero del 2018.
3. En referencia a las reformas efectuadas, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Presupuesto dicta que las investigaciones del TSC se llevarían a cabo sin perjuicio de efectuar la intervención de las instancias judiciales. Sin embargo, con la adición del artículo 131-A en las Disposiciones Generales 2018 se faculta al TSC para determinar si la acción judicial procede o no, obstruyendo las funciones del Poder Judicial, claramente atenta contra la institucionalidad y la independencia de Poderes del Estado. Lo cual, con la Fe de Erratas del 26 de enero del 2018 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 34,552 no se solventa esta situación, al contario, blinda ese artículo.
4. El FOSDEH ha venido señalando elementos que entorpecen la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, entre ellos, la debilidad institucional, la fragilidad del marco legal que rige la política presupuestaria, la indisciplina presupuestaria y la discrecionalidad imperante en el proceso presupuestario de Honduras [1].
5. El FOSDEH respalda la posición de la MACCIH en conservar el orden institucional y la independencia de Poderes del Estado. Aunado a esto, contemplamos la necesidad de contar con un Poder Legislativo más cercano a las necesidades de la población hondureña, de modo que legislen para promover mejorías en la condición social y económica de los y las hondureñas. Y se sume al combate de la corrupción e impunidad en el país, no al contrario. La población de Honduras esperamos que este nuevo Congreso Nacional no nos vuelva a fallar. 1. Seguimiento y Monitoreo al Gasto Público en el Proceso Electoral 2017 (FOSDEH, 2017) http://www.fosdeh.com/wp-content/uploads/2018/01/Alerta-seg-gast-electoral-2017.

Tegucigalpa M.D.C, 30 de enero de 2018