El Congreso Nacional aprobó un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) concluir el escrutinio especial de actas que contendrían más de un millón de votos que fueron excluidos tras la negativa de las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del órgano electoral, y Cossette López.
La diferencia entre el discurso de Valerio y Hernández deja entre ver el disenso interno sobre hasta dónde debe llegar la actuación militar en un conflicto de naturaleza eminentemente política y jurídica.
En tanto. el Congreso Nacional remitió este lunes, 12 de enero de 2026, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, el decreto que obliga al órgano electoral a finalizar el recuento de los votos.
Tegucigalpa, Honduras. -El decreto aprobado por el Congreso Nacional que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizar el escrutinio especial de más de un millón de votos excluidos en los tres niveles electivos ha evidenciado las posturas diferenciadas entre el secretario de Defensa Nacional, Roosevelt Hernández, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón.
El decreto fue aprobado durante una sesión extraordinaria convocada el jueves 9 de enero por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada mayoritariamente por diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), con la participación de dos congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y una diputada suplente del Partido Liberal.
Las bancadas de los partidos Nacional y Liberal no asistieron a la sesión, alegando que la convocatoria carece de legalidad, al considerar que desde el 30 de octubre el Congreso Nacional funciona de manera irregular bajo una Comisión Permanente presidida por Luis Redondo e integrada por diputados del oficialismo.
Para la oposición, el decreto que ordena el conteo voto por voto es nulo e inexistente jurídicamente, mientras que el oficialismo sostiene que la decisión se apega a la Constitución debido a que el CNE no concluyó el proceso electoral al no resolver impugnaciones ni finalizar el escrutinio.
En este nuevo capítulo de la polarización política que vive Honduras, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han quedado en el centro del debate institucional, particularmente por su papel en la custodia y transporte del material electoral y su eventual actuación frente al decreto legislativo.
Lea: Resultados electorales en Honduras siguen en el debate institucional
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, dijo a medios de comunicación que las FF.AA. se rigen estrictamente por la Constitución y que su función es custodiar el material electoral bajo instrucciones de los órganos electorales competentes.
“La misma Constitución lo emana y es parte de nuestras funciones como Fuerzas Armadas de Honduras darle seguimiento a ese material electoral para que al final podamos cumplir la misión”, afirmó Valerio al ser consultado sobre el rol de la institución castrense tras finalizar la presentación del informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres.
Ante preguntas de los periodistas que lo abordaron, al salir de uno de los salones de la Cancillería de la República, sobre si las Fuerzas Armadas acatarían y posteriormente remitirán el material electoral Congreso Nacional para un eventual voto por voto, Valerio evitó confirmar cualquier acción fuera de las órdenes formales recibidas y recordó que no se puede confundir una solicitud política con una orden legal.
También subrayó que la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, no le ha instruido entregar el material electoral a otra instancia, como el Ministerio Público, versión que circuló en las primeras horas posteriores a la aprobación del decreto.
Valerio mencionó que el material electoral aún permanece bajo custodia conjunta del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), con vigilancia permanente de las Fuerzas Armadas.
El jefe militar insistió en que la institución armada respalda la declaratoria emitida, el 24 y 30 de diciembre de 2025, por el CNE y que su misión constitucional es garantizar que el proceso de transición se cumpla conforme a la ley.
ejercicio de la Presidencia de la República, y esa es una misión que vamos a cumplir”, aseguró Héctor Valerio Ardón.
Vea: Pese a miles de impugnaciones, CNE impone a candidato de Trump en presidencia de Honduras
En contraste, el secretario de Defensa Nacional (Sedena), Roosevelt Hernández, ha adoptado un discurso que pone mayor énfasis en la necesidad de completar el conteo de votos que fueron excluidos para respetar la soberanía popular.
En declaraciones a un noticiero capitalino Hernández afirmó que la presidenta Xiomara Castro, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, “ha sido clara en garantizar la institucionalidad democrática y el respeto al proceso electoral”.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto precisó que durante una reunión del Consejo de Ministros, realizado el sábado 10 de enero en Casa Presidencial, se solicitó a cada institución informes que serán entregados tanto a la presidenta Castro –que dejará el poder el próximo 27 de enero— como a las nuevas autoridades que asumirán funciones.
Para Hernández, aún falta contabilizar más de un millón de votos correspondientes a actas originales de cierre del CNE, lo que considera indispensable para cerrar el proceso electoral de manera transparente y con respeto a la voluntad popular.
Pie de foto: “Esos votos cuentan y deben sumarse para respetar la soberanía popular”, expresó el ahora secretario de Defensa Roosevelt Hernández, alineándose con el oficialismo que respalda el decreto legislativo.
Al ser consultado sobre si las Fuerzas Armadas acatarán el decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Hernández aclaró que el mandato es para que el CNE complete la suma, no para que la institución castrense ejecute el conteo.
No obstante, dejó claro que las Fuerzas Armadas son una institución obediente y no deliberante, y que su papel es garantizar lo que determinen las instancias políticas y electorales dentro del marco constitucional.
La diferencia entre el discurso de Valerio y Hernández puede ser interpretada como un disenso interno sobre hasta dónde debe llegar la actuación militar en un conflicto de naturaleza eminentemente política y jurídica.
Mientras Valerio se remite estrictamente a las órdenes de los órganos electorales y a la declaratoria ya emitida, Hernández subraya la necesidad de concluir el conteo de actas pendiente como condición para cerrar el proceso democrático.
