Discurso militarista y crisis policial

Por: Joaquín Mejía Rivera

A pesar que en un Estado de derecho prevalece la exigencia democrática que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, los distintos gobiernos han aprovechado la crisis de seguridad para cederle a los militares tareas de seguridad ciudadana que van más allá del apoyo a las autoridades civiles y a la policía. 

Así, los militares patrullan calles, instalan retenes y controles de revisión, desmantelan centros de distribución de drogas, realizan arrestos y cateos, y dirigen o han dirigido diferentes organismos de inteligencia e instituciones claves que abarcan desde la Dirección General de Migración y Extranjería, hasta el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es extremadamente grave que conforme a las normas de creación de la Policía Militar de Orden Público, los militares también realizan actividades de investigación criminal e inteligencia, lo que refleja el fracaso de lo que Marvin Barahona llama el “tímido e incompleto proceso de desmilitarización social” que impulsó el expresidente Reina.

El más reciente escándalo que ratifica la vinculación de miembros de la Policía Nacional con el crimen organizado y la comisión de graves crímenes, está siendo aprovechado por el actual gobierno para profundizar un discurso de militarización con el fin de provocar tres efectos de poder.

Primero, introducir en el imaginario social la idea de que el despliegue militar en las calles es la vía democráticamente idónea para combatir la violencia y la criminalidad; segundo, servir como marco legitimador de la práctica militarista y su aceptación social; y tercero, consolidar a las Fuerzas Armadas como la única institución capaz de salvar la democracia y nuestro modo de vida de sus nuevos enemigos: los narcos, los mareros, los sicarios y los extorsionadores.

 Frente a ese discurso populista y castrense de seguridad ciudadana, la ciudadanía debemos anteponer el discurso de los derechos humanos que en una sociedad democrática imponen un equilibrio entre el ejercicio del poder público y la libertad de los ciudadanos y ciudadanas, y colocan a la persona humana y su dignidad por encima del propio Estado. 

En otras palabras, la seguridad ciudadana desde el discurso de los derechos humanos exige que las políticas públicas en la materia se (a) centren en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, (b) coloquen a la persona humana como objetivo central y (c) reconozcan que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones necesarias para garantizar la seguridad humana, que no es otra cosa que la mejoría en los niveles de vida de la gente.