Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista de Honduras (IPP) ocultan con tenacidad la información sobre las operaciones administrativas y financieras del organismo, manteniendo en la opacidad el manejo de los fondos que tienen bajo su recaudo.
La junta directiva presidida por Edwin Natividad Romero se niega a proporcionar información acerca de la viabilidad del organismo para financiar la jubilación de los periodistas, por ejemplo los últimos estudios actuariales y los informes de auditoría, amparándose en que no les son aplicables las leyes de las República en materia de fiscalización de las operaciones administrativas y financieras.
Los directivos del sistema de previsión de los periodistas se han negado reiteradamente a proporcionar la información que les ha solicitado el afiliado Gustavo Palencia, entre ellas las copias de los dos últimos estudios actuariales del IPP.
La negativa del IPP a entregar la información requerida obligó a Palencia a recurrir al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), organismo al que, tras ser requerido, el periodista Romero ha respondido enviando copia de dos decretos aprobados en los años 2000 y 2004, en los que se exime al organismo de la fiscalización de sus operaciones.
Se trata de los decretos 59-2000 y 75-2004, aprobados por el Congreso Nacional a petición de la directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). El primer decreto interpretó la ley de creación del instituto, al establecer que “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.
Mediante el segundo decreto, 75-2004, el Congreso Nacional excluyó de la directiva del IPP a los ministros de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, disposición que sirvió para impedir una mirada extraña sobre la forma de gestión de este instituto.
Con esta reforma legislativa la junta directiva del IPP quedó integrada sólo por miembros del Colegio de Periodistas y un delegado de los propietarios de los medios.
«Constituye para nosotros una oportunidad para hacerle llegar los Decretos Legislativos No. 59-2000 y No. 75-2004 en donde se define la Estructura Jurídica del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP)», dice Romero al IAIP, negándose a entregar la información solicitada.
«Siendo promotores y defensores del Sistema Público de Transparencia y Acceso a la Información Pública siempre estaremos en la disposición de colaborar en lo que esté a nuestro alcance con esa institución», afirma Romero, sin llegar a explicar porqué si se proclaman promotores de la transparencia no entregan la información que les pide un afiliado.
El gerente del IPP, Omar Calderón, aseguró a Palencia en una visita al edificio donde opera el instituto, que los estudios actuariales «no se le entregan a nadie y de todos modos usted no les va a entender», mientras mostraba en su mano un puñado de hojas sueltas, algunas manuscritas, que supuestamente eran uno de los documentos requeridos.
Romero ha desoído reiteradas solicitudes escritas firmadas por casi 15 periodistas para que convoque a una asamblea de afiliados del IPP y se informe sobre la situación financiera, se presenten los estudios actuariales y se explique sobre contratos individuales firmados con una administradora de pensiones en detrimento de los afiliados.
NO SE PUEDE CONFIAR EN QUIENES ESCONDEN INFORMACIÓN
«No se puede confiar en unas personas que se niegan a ofrecer información, que se resisten a la fiscalización externa y que esconden la información como si se tratase de ocultar un cadáver», dijo Palencia, un experimentado periodista y afiliado al IPP desde 1989.
La junta directiva del IPP desistió de requerir en el año 2014 la contribución del Estado — que desde 1987 a 2013 representó un aporte de 53.2 millones de lempiras– huyendo de una nueva legislación que obligar a todos los entes de previsión que reciben aportaciones públicas a someterse a la fiscalización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La ilegal decisión de la junta directiva que no fue consultada con los afiliados, constituye un golpe a las finanzas del IPP y a la capacidad del organismo de cumplir con los beneficios del sistema y ofrecer una jubilación digna a los periodistas.
El IPP es el único organismo de previsión social en Honduras que no es fiscalizado por la CNBS, lo que si ocurre con todos los entes similares que reciben aportación del Estado. Inclusive son auditadas las administradoras de fondos de pensiones privados operadas por los bancos.
Los directivos del IPP desistieron de requerir la transferencia de los fondos del Estado al tiempo que promovían la firma de un contrato con una administradora privada de fondos de pensiones trasladando por cada afiliado únicamente las aportaciones individuales, quedándose con la aportación patronal y la estatal.
La ley del IPP establece que las reservas para financiar la jubilación de los periodistas se forman con las aportaciones del Estado, las contribuciones de empresas periodísticas, los rendimientos por inversiones y las cotizaciones individuales de los afiliados.
Las aportaciones de los afiliados es el monto menor de las aportaciones al sistema y totalizan de 1987 al 2013, la cantidad de 26.8 millones de lempiras, frente a los rendimientos por inversiones que suman 124.3 millones de lempiras, las contribuciones del Estado 53.2 millones de lempiras y las de las empresas de medios 56.6 millones de lempiras.
DIRECTIVOS DICEN QUE EL PRESIDENTE LE CAERÁ A SUS FONDOS
Directivos del IPP, encabezados por Romero y la gerencia del ente, de manera selectiva y privada se reunieron con algunos afiliados, visitaron unos medios y embaucaron a un grupo de periodistas para que firmaran el contrato bajo el argumento de que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se quiere tomar los fondos del sistema de previsión del periodista, dijeron varios de los comunicadores que firmaron el documento.
«A mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados», dijo un periodista de la televisión que firmó el contrato.
Contrastando con la opacidad en que los directivos del IPP mantienen la administración del organismo, otros entes como es el caso del INJUPEMP, no solo es supervisado por la CNBS, sino que también ha firmado un convenio de veeduría social con el Consejo Nacional Anticorrupción para impulsar la transparencia y la detección de actos de corrupción.
El IPP se ha negado a suministrar el acta íntegra de la sesión en la que la junta directiva resolvió autorizar a Romero a firmar un contrato con la Administradora de Fondos Atlántida mediante el cual está derivando recursos del sistema de previsión de los periodistas a esa entidad financiera para que administre las aportaciones de los afiliados.
Los afiliados están siendo perjudicados porque únicamente les han transferido sus aportaciones individuales –que constituirían su jubilación—y los hacen renunciar a su derecho a beneficiarse del total de los fondos del sistema.
Los directivos se niegan además a facilitar copias de los dos últimos informes de auditoría de las operaciones financieras, las actas del Comité de Inversiones de 1987 a 2015 y el detalle de las inversiones realizadas por el IPP.
También copias del acta de la sesión de junta directiva en la que se resolvió desistir de la contribución del Estado y la carta o documento que se envió a las autoridades de gobierno notificando su decisión de renunciar a esa millonaria aportación al sistema.
