Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Los directivos y el gerente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) eluden presentar sus declaraciones juradas de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), un requisito exigido a los funcionarios y personas naturales que administran fondos públicos, en prevención de enriquecimiento ilícito.
El Estado transfirió entre 1987 y 2013 más de 53.2 millones de lempiras que al ser invertidos se han multiplicado, fondos que han sido administrados por los directivos y la gerencia del IPP, que han ignorado el mandato de presentar su declaración jurada de bienes.
El Estado transfiere anualmente fondos al IPP, consignados en el presupuesto nacional en cumplimiento de la ley de creación del ente de previsión de los periodistas.
Pese a la administración de estos recursos públicos, los directivos y el gerente del IPP desde su creacíón, Omar Calderón, no han cumplido con la presentación anual de su declaración jurada de bienes establecida en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas.
Los directivos y el gerente del IPP en el ejercicio de sus funciones cumplen la tarea de administrar las transferencias de los fondos estatales, al igual que las aportaciones de los periodistas afiliados, de los empleadores y las utilidades del sistema.
En la ley del IPP se impone como funciones a los directivos la aprobación del presupuesto anual, discutir y aprobar el balance general, e igual aprobar las bases actuariales, ordenar que se efectúen las valoraciones actuariales, otorgar beneficios a los afiliados y contratar los servicios especializados que demandan las necesidades técnicas del ente.
Mientras, al gerente se le asigna en la ley funciones organizativas, administrativas y financieras como celebrar o autorizar contratos, inversiones y gastos, proponer el nombramiento o la remoción de los administradores y empleados y plantear el proyecto de presupuesto anual a la junta directiva para su aprobación.
La oficina legal del Tribunal Superior de Cuentas aseguró que “están obligados a presentar la respectiva Declaración Jurada de Bienes, aquellas personas que laboren en cualquier Institución del Estado o aquellas personas naturales, que en cualquier forma perciban, administren o custodien bienes y Recursos del Estado”.
Agregó, respondiendo a una solicitud de acceso a información pública, que “también estarán obligados a presentar la declaración aquellos hondureños cuando la función ad-honorem que desempeñen incluya participación en la toma de decisiones que afecten el patrimonio del Estado, así como todas las personas naturales que en cualquier forma administren, manejen fondos o bienes del Estado o que decidan sobre pagos o inversiones de fondos públicos”.
Informes del Tribunal Superior de Cuentas aseguran que el presidente actual del IPP, Eduin Natividad Romero, al igual que los restantes directivos, no han presentado su declaración jurada de bienes, como tomadores de decisiones administrativas y financieras en el sistema de previsión de los periodistas.
Tampoco, ha presentado su Declaración Jurada de bienes, el gerente Omar Calderón, aunque ha ocupado el cargo por 29 años, desconociéndose en que ley se ampara él y los directivos para eludir esta obligación.
Las finanzas y las decisiones administrativas del IPP son operadas casi secretamente por los directivos y su gerencia, al grado que peticiones de información sobre los estudios actuariales del sistema, vitales para saber sobre la viabilidad del ente, las auditorías y las actas del comité de inversiones solicitadas por el periodista Gustavo Palencia, no fueron atendidas.
El IPP fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a través de Eduin Natividad Romero, con un salario mínimo debido a que el ente de previsión se negó a entregar la información solicitada, violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El IPP pese a la sanción de un salario mínimo de — 7,999.00 lempiras – pagada, aunque en principio Romero se declaró en rebeldía, no ha entregado la información solicitada por Palencia.
Las operaciones administrativas y financieras del ente de previsión de los periodistas, nunca han sido auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas, ni supervisadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), aunque sus leyes les mandan cumplir con esa tarea en el IPP.
El IPP es el único ente de previsión social de Honduras, que nunca ha sido auditado por el TSC y supervisado por la CNBS.
