Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) no están dispuestos a someterse a una auditoría por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), solicitada en el marco de una conciliación propuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para evitar sancionar al ente de los periodistas por negarse a entregar información sobre sus operaciones financieras.
El IAIP, que declaró al IPP sujeto de la ley de Acceso a la Información Pública porque recibe recursos del Estado, propuso al ente de los periodistas y al comunicador Gustavo Palencia una conciliación después de que el IPP se negara a entregar documentos solicitados sobre las operaciones administrativas y financieras para evitar imponerle una sanción pecuniaria.
El presidente de la junta directiva del IPP y del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Edwin Romero, en una audiencia pública auspiciada por el IAIP se comprometió a convocar a una sesión del organismo para proponer una solicitud a la CNBS para que audite al ente de previsión de los periodistas, en el marco de una conciliación con Palencia
Pero Romero en una comunicación telefónica con Palencia dijo que “no nos hemos reunido (los miembros de la junta directiva) pero yo he hablado con varios de los directivos y dicen que no, pues lo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no es parte de las peticiones de información”.
“No es que no queremos una auditoría”, pero “si vos (Palencia) querés solicitarla a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros hacé la solicitud y que ellos miren la ley”, dijo Romero, aludiendo a una interpretación de la ley del IPP aprobada en el Congreso Nacional en el año 2000, en la que se exime al Instituto de Previsión de la fiscalización y supervisión por parte de los entes estatales.
Pero profesionales del derecho aseguran que esta interpretación legislativa es obsoleta, ya que leyes posteriores como la misma de creación de la CNBS obligan a la auditoría del IPP, como lo hacen con todos los entes de previsión, y que el Estado no puede renunciar a su obligación de tutelar la seguridad social.
¿OCULTAN ILÍCITOS?
“Lo que evidencia esta negativa por parte de la junta directiva del IPP a someterse a una auditoría de la CNBS es que se ocultan actos irregulares. Si no tienen nada que esconder por qué no aceptan abrir sus operaciones administrativas y financieras”, dijo Palencia a Criterio.hn.
Los directivos del IPP sistemáticamente esconden las operaciones financieras del ente, incluso a los mismos afiliados, y a partir de 2014 desistieron de requerir las aportaciones del Estado para evitar ser sometidos a la auditoría de la CNBS.
La nueva Ley de Protección Social establece que los institutos de previsión social que reciben fondos del Estado no podrán incorporar nuevos afiliados y los que ya están incorporados están en libertad de migrar a otra institución similar, si estos entes no se registran en la CNBS.
De 1987 a 2013, el IPP administró más de 250 millones de lempiras sin ninguna auditoria del Estado y se niegan a entregar los dos últimos estudios actuariales del sistema y las actas del comité de inversiones, esenciales para conocer la situación financiera del ente, entre otras 11 peticiones de información.
Los directivos del IPP han ejecutado una serie de medidas y operaciones arbitrarias en detrimento de los afiliados al sistema que evidencian problemas financieros para cumplir con los beneficios y servicios a los afiliados.
Entre esas medidas se encuentra la firma de un contrato con un ente de previsión privado mediante el cual los directivos del IPP pretenden que los afiliados se jubilen únicamente con su aportación personal y no con la de los empleadores, las utilidades del sistema y los aportes del Estado como se establece en la ley de creación del IPP.
Las aportaciones de los afiliados suman al 2013, la cantidad de 26 millones de lempiras, mientras que las de los empleados unos 52 millones de lempiras, el producto de las utilidades 124.3 millones de lempiras y las del Estado 53.2 millones de lempiras.
Pretenden además cobrar a los afiliados de manera retroactiva el seguro de vida, seguro hospitalario y auxilio funerario hasta 1987, lo que representa 39.1 millones de lempiras, aunque ya fue pagado, según los estados financieros del ente.
El IPP es el único instituto de Previsión de Honduras que nunca ha sido sometido a auditoría por parte de los organismos contralores del Estado, de lo que huyen sistemáticamente sus directivos desde que dicho ente inició operaciones en 1986.
