Aunque el pleno de diputados inició su receso legislativo de un mes el pasado 1 de junio, la Junta Directiva del Congreso Nacional nombró una Comisión Permanente para atender temas de extrema importancia, como lo es la ratificación del estado de excepción. Sin embargo, analistas aseguran que este tema no será ni siquiera abordado porque no prima entre los intereses actuales del oficialismo en el Legislativo
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ha iniciado un receso legislativo de un mes desde el pasado uno de junio. Los diputados se retiraron sin resolver cuestiones cruciales, lo que implica que el estado de excepción, al igual que en meses anteriores, sigue siendo ilegal. Esto se debe a que no se ha cumplido con los procedimientos legales establecidos por la Constitución de la República.
El Poder Ejecutivo, con unanimidad en el consejo de ministros, aprobó, sancionó y publicó en el diario oficial La Gaceta el PCM-13-2024, otorgando la décima tercera prórroga al estado de excepción, siendo la cuarta de este año. Sin embargo, esta prórroga, al igual que otras anteriores, no ha sido revisada por el Congreso Nacional ni ratificada y no lo será en los próximos 27 días de junio debido a que los diputados se tomaron sus respectivas vacacione, aunque no hayan cumplido con avances en agenda legislativa.
Estos hechos replican lo sucedido en 2023, cuando los diputados tomaron sus vacaciones sin ratificar el estado de excepción y, meses después, tampoco lograron hacerlo debido a una de las parálisis legislativas más largas de la historia. Esta situación se debió a la falta de consensos entre las bancadas mayoritarias (Libre, Liberal y Nacional) para elegir a las autoridades del Ministerio Público. En consecuencia, se intensificaron los cuestionamientos por la falta de legalidad del estado de excepción y se cuestionó la falta de voluntad política por parte del Legislativo.
Aunque los congresistas estén de vacaciones, la ratificación podría ser posible a través de la Comisión Permanente, recién nombrada por la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esta comisión, encabezada por el diputado Luis Redondo y ocho congresistas oficialistas más, podría legalizar el estado de excepción gracias a su mayoría de votos, aunque este tema no sea de sus principales intereses, según los hechos registrados a finales de 2023.
A finales del año pasado también se nombró una Comisión Permanente, pero, demostrando que el tema de seguridad no estaba entre sus prioridades, no ratificaron el estado de excepción. En su lugar, ejecutaron estrategias políticas para nombrar de manera interina a Johel Zelaya, quien meses después, tras varios acuerdos entre las bancadas mayoritarias, fue nombrada en propiedad por el pleno.
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¿LO PODRÁ HACER LA COMISIÓN PERMANENTE?
Sin embargo, aunque esta Comisión Permanente, nombrada el 31 de mayo pasado, tiene diversas facultades, el analista en temas de seguridad Kenneth Madrid aseguró que es ilegal o improcedente. Madrid sostiene que, según la Constitución de la República, esta comisión solo puede funcionar cuando se cierra una legislatura, y actualmente se trata de un receso legislativo, no del cierre de la legislatura, como paso a finales de 2023.
“Hay un receso legislativo donde los diputados van de vacaciones. Entonces, eso es totalmente improcedente. La Comisión Permanente fue hecha para cuando hay clausuras de sesiones y hay temas importantes que tratar”, explicó el abogado en medios de comunicación.
Madrid, exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), opinó que lo que sucede en el Congreso Nacional es simplemente una demostración de falta de voluntad política para abordar los temas de seguridad. Según él, están primando los intereses particulares y mezquinos de la actual élite política y económica.
«Los temas de seguridad cuesta que se toquen en el Congreso Nacional porque hay conflicto de intereses; eso en la actualidad no le interesa a la clase política y, por lo tanto, la ratificación del estado de excepción no está ni estará entre sus temas de prioridad. Cuando se ratifica, se hace por cumplir, pero son pocas las ocasiones en que se ha hecho en tiempo y forma», precisó.
La Constitución de la República, en su artículo 187, establece que, una vez el Poder Ejecutivo haya aprobado el estado de excepción, el Congreso Nacional tiene el deber de conocerlo de manera inmediata si están reunidos en sesión y, si no, conocerlo en los próximos 30 días como máximo desde su aprobación. Sin embargo, no se está cumpliendo con este mandato legal. El Congreso Nacional no ha ratificado 5 de las 13 prórrogas, lo que podría desencadenar consecuencias legales para el Estado.
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SOBRE LA LEGALIDAD DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
No sólo el Congreso Nacional ha fallado en cumplir con el marco legal del estado de excepción, sino también el Poder Ejecutivo. Este último ha dejado vacíos temporales en los que el estado de excepción no ha estado vigente, pero las instituciones armadas, como la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, han continuado ejecutando sus operativos amparados en la suspensión de garantías constitucionales que esta medida facilita.
Por ejemplo, Criterio.hn describió que entre el 15 y el 18 de febrero de 2024, se identificó un vacío temporal en el que el estado de excepción en Honduras no estuvo vigente. Esto se debió a que la primera prórroga se extendió hasta el 14 de ese mes, mientras que la segunda fue oficializada por el Poder Ejecutivo, a través del PCM 06-2024, a partir del 19 y terminará el 4 de abril. Las acciones policiales y militares llevadas a cabo durante esos días, respaldadas por esa medida, podrían haberse realizado al margen de la legalidad.
El vacío temporal entre el 15 y el 18 de febrero, junto con la falta de ratificación por parte del Congreso, sitúa las acciones policiales ejecutadas en un terreno fuera de la legalidad. Este doble incumplimiento, al no estar activo el estado de excepción y carecer de ratificación legislativa, cuestiona la validez de las actuaciones policiales realizadas durante ese período.
En términos simples, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, explicó que, si el estado de excepción no está enmarado a lo que manda el marco legal, un ciudadano podría impugnar la validez de las acciones realizadas por la Policía Nacional.
«Si no se ratifica, no se puede convalidar. Al no ratificarse, alguien podría alegar la nulidad del acto realizado por la Policía. El Poder Ejecutivo lo extendió vía decreto, pero solo el Poder Legislativo puede ratificar y suspender garantías constitucionales», analizó Barrios.
