Tegucigalpa, Honduras.- Diputados opositores que actualmente están siendo investigados por la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (Uferco), serían los encargados de mantener empantanado el proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) y, de igual manera, mantener estancada la agenda legislativa porque no se están celebrando sesiones.
Lo anterior lo aseguró el secretario del Congreso Nacional y diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Carlos Zelaya quien, al mismo tiempo, sostuvo que los congresistas que se oponen a la elección del fiscal serían los que fueron salpicados en el caso Pandora, presentada por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Para ser más preciso Carlos Zelaya detalló que estos mismos diputados, que hoy son los que se estarían rehusando a llevar a cabo el proceso de elección del MP, son los que se encargaron de sacar a la extinta comisión anticorrupción del país y crear decretos para blindarse de cualquier investigación.
“Entonces, lo que pasa es que, tienen temor que un nuevo fiscal, tome las decisiones que debió tomar el fiscal que estuvo; el que se fue para Nicaragua (Óscar Fernando Chinchilla) o este que está usurpando ahí (titularidad de Ministerio Público) ¿por qué no tomas esas decisiones?, mencionó Carlos Zelaya en medios de comunicación.
Sin embargo, aunque llegue una nueva autoridad al MP, la idea del diputado Zelaya no puede materializarse, ya que la mayoría de estos políticos que estuvieron envueltos en el caso Pandora, ya obtuvieron una resolución del caso y la Constitución de la República en su artículo 95 establece que ninguna persona con pena establecidas no pueden ser juzgados otra vez por los mismos hechos.
Pero el nuevo abogado que llegue a llevar las riendas del MP, que se debate en una nómina de cinco entregada por la extinta Junta Proponente al Congreso el pasado uno de agosto, puede desarchivar los casos que fueron ocultados por las anteriores autoridades, para no salpicar a sus aliados.
Criterio.hn se comunicó con el fiscal de la Uferco Luis Javier Santos para conocer si, en efecto, están investigando a actuales diputados por corrupción, a lo que, entre titubeos contestó que sí, pero que desconoce de dónde sacó la información el diputado Carlos Zelaya.
“Que están siendo investigados eso es cierto, pero no sé si ese es un número que haya inventado él (…) no digo que lo que él dijo es cierto, lo que yo digo que es de conocimiento público que aquí, entre los investigados, hay diputados como lo dijo la MACCIH en su momento, eso es de conocimiento público”, contó el fiscal.
PROCESO DE ELECCIÓN DEL MP ESTANCADO
Aunque el diputado Carlos Zelaya argumenta que es la oposición, por conflicto de intereses, se rehúsa a escoger las nuevas autoridades del MP, los hechos dicen lo contrario, ya que la moción nominativa que más votos obtuvo fue la opositora con 74, mientras la oficialista consiguió sólo 52.
Entonces, si el oficialismo se rigiera bajo los principios de democracia y legalidad que argumentan tener, apoyan la moción nominativa de la oposición, que es encabezada por el abogado Marico Cabañas Cadillo (FG) y Jenny Gabriela Almendares (FA), por el simple motivo que es la que más votos consiguió.
Sin embargo, se han dedicado a hacer lo contrario, que es estancar el proceso de elección hasta que su moción nominativa obtenga el favor de la mayoría calificada de votos (86) y, mientras eso no suceda, la alternativa que adoptó el partido en poder, es no volver a celebrar sesiones en el Congreso Nacional.
Con esta medida impuesta por el partido Libertad y Refundación, no por el titular de Poder Legislativo Luis Redondo, lo único que se ha conseguido es que la agenda legislativa esté parada por 48 días, dejando de lado los temas de interés como, por ejemplo, derogación de pactos de impunidad para dilatar la llegada de una misión anticorrupción al país.
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UN POCO SOBRE EL CASO PANDORA
El 13 de julio de 2018, la MACCIH de la mano de la UFECIC –llamada ahora Uferco-, ventilaron el Caso Pandora, el cual reveló la malversación de unos 282 millones de lempiras, extraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La investigación señala que la millonaria cantidad estaba destinada para proyectos agroindustriales, agropecuarios, y hortícolas, con la finalidad de beneficiar a madres jóvenes, fortaleciendo, de ese modo, políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón.
Mediante esta red de corrupción, orquestada por Hilda Hernández, quien en vida fue conocida por ser la “poderosa” mano derecha de su hermano el expresidente Juan Orlando Hernández (privado de su libertad en Estados Unidos acusado por narcotráfico), utilizó el dinero robado para financiar campañas políticas en 2013 y para maquillarlo como un acto legal se suscribieron convenios con organizaciones no gubernamentales.
Entre los corruptos señalados se encuentran los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, el expresidenciable del Partido Liberal, Elvin Santos, el exalcalde de Yoro y supuesto narcotraficante, Arnaldo Urbina y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara.
RECHAZO A LA MACCIH Y CREACIÓN DE DECRETOS
Aun, cuando el Ministerio Público había presentado la suficiente carga probatoria para poner tras las rejas a estas personas, la Corte Suprema de Justicia, en 2020, paradójicamente favoreció otorgándoles un sobreseimiento definitivo.
El Congreso Nacional en 2020, en ese entonces precedido por el diputado del Partido Nacional Mauricio Oliva, logró sacar a la extinta misión de apoyo anticorrupción del país y, los casos de investigación que quedaron pendientes o abiertos, fueron archivados por el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
Mientras, a los políticos corruptos que llevaron a los tribunales por estar salpicados en los casos que ventiló la MACCIH, la mayoría quedaron en libertad, gracias a la impunidad que campeaba en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) liderada por el abogado Rolando Argueta, aleado de Chinchilla.
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Después que la MACCIH salió del país, en el Congreso Nacional aprobaron decretos como 116-2019, 117-2019, 57-2020, 93-2020, con el objetivo de blindar y proteger a los diputados y exfuncionarios corruptos y evitar que en el futuro volviera a ser mencionados en investigaciones. La mayoría de estos denominados “pactos de impunidad” fueron derogados este 2023.
