Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Una asignación presupuestaria de L950,000,000.00, que aparece consignada dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y que se destinará a desarrollo de infraestructura menor y obras sociales, ha despertado suspicacia. Su propósito estaría estrechamente relacionado con la activación de los Fondos Sociales Comunitarios que, meses atrás, anunció el oficialismo dentro del Congreso Nacional.
“Se autoriza una asignación presupuestaria para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos”, dice el artículo 292 de la Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos 2023.
La figura de los Fondos Sociales Comunitarios, anunciada el 1 de noviembre de 2022, vendría a sustituir a los Fondos Departamentales, aprobados en 2019 y regulados mediante el decreto 116-2019, pero mantendría a los diputados y a las diputadas gestionando proyectos sociales, ello al margen de las funciones legislativas, que los limita constitucionalmente a formular, aprobar, reformar y derogar leyes.
A criterio del abogado constitucionalista y analista político, Oliver Erazo, existen dos condiciones: desnaturalización de las funciones legislativas y evidencia de una falla en la institucionalidad.
“Eso implica que hay algo en el Estado que no está funcionando bien, puede ser que no estén funcionando las secretarías de Estado que ejecutan y elaboran proyectos de interés nacional y desarrollo humanos, y eso esté obligando a los diputados a recibir directamente constantes peticiones de los pobladores”, consideró Erazo en conversación con Criterio.hn.
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Similar criterio tuvo el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, quien manifestó que puede atribuirse a un síntoma de desorganización por parte de la administración del Estado.
“Ese artículo lo que sí denota es que no hay planificación en el país, porque deja ahí un bolsón, y da la impresión de que no hay una brújula. Probablemente esté relacionado con el anuncio de los Fondos Sociales Comunitarios, pero tampoco está claro cuál será el uso de los recursos. Será importante consultas si van a reglamentar el uso de ese dinero, aunque, me parece, ello apunta más a aspectos relacionados con los intereses políticos de Libre”, dijo Raudales a este medio digital.
Aunque durante 2022 no se aprobó ningún Fondo Departamental, la ley que rige esa figura, el decreto 116-2019, se mantiene vigente dentro del marco normativo hondureño. En caso de que se crearan los Fondos Sociales Comunitarios, apuntan los analistas consultados, habría que determinar cómo se regularán.
El investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, resaltó que, a diferencia de los Fondos Departamentales, lo contenido en el artículo 292 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, contiene un elemento más “transparente”.
“Hay que reconocer que es distinto a los Fondos Departamentales, porque antes se les daban los fondos directamente y ellos ejecutaban. Ahora ellos presentarán los proyectos y, con base en ello, se determinará si se puede otorgar los fondos destinados a esos proyectos. Eso, sin embargo, no debe permitirnos olvidar que los diputados están para legislar y no para gestar proyectos”, expresó Mejía Rivera a Criterio.hn.
El artículo 292 indica, además, que estos proyectos de desarrollo de infraestructura menor y obras sociales, serán gestionados a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Estados en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO).
LOS FONDOS DEPARTAMENTALES Y SU NECESARIA DEROGACIÓN
Durante años anteriores, la administración de fondos y la ejecución de proyectos comunitarios, en sí, han promovido la falta de transparencia y la rendición de cuentas. En Honduras, desde que se realizó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el decreto 156-2018, las diputadas y los diputados están facultados a ejercer ambas acciones.
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Además de ello, el decreto 116-2019 rige el Fondo Departamental pero además es una normativa considerada un pacto de impunidad, porque si un diputado o diputada comete actos de corrupción, la labor del Ministerio Público se verá limitada al momento de acusarles o investigarles, esto debido a que debe esperar que el Tribunal Superior de Cuentas determine, mediante investigación, si han existido indicios de responsabilidad penal, así como la realización de una auditoría a los fondos administrados por la persona investigada, algo que puede demorar hasta seis años.
Esta ley ha permitido que casos como Red de Diputados, mediante el cual una serie de legisladores malversó fondos públicos y no ejecutó proyectos, se mantengan engavetados, o que en otros como Arca Abierta se haya otorgado impunidad a los implicados.
A pesar de que los fondos departamentales han sido mal utilizados, en el Congreso Nacional se mantiene la renuencia para derogar esta ley, pero, sobre todo, para evitar que los diputados dejen de administrar fondos públicos y ejecutar proyectos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno hondureño, dentro del memorando de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), han acordado su derogatoria.
