Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Congreso Nacional aprobó este martes en primer debate la ampliación del escudo de impunidad del que gozan los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), para evitar rendir cuentas sobre cientos de millones del ente de pensiones de los comunicadores.
El proyecto de ampliación del decreto 59-2000, que exime al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) de la aplicación de las leyes de control, vigilancia y supervisión de sus operaciones financieras y administrativas fue presentando por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas.
En la ampliación solicitada por los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras, que son en su mayoría los mismos del IPP, se pretende sacar de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las demandas contra el IPP, donde por ley corresponden por ser un órgano de derecho público, con el fin de bloquear juicios en marcha de varios afiliados por el arbitrario cálculo de las pensiones.
La iniciativa pretende que las demandas contra el IPP se conozcan en la jurisdicción de lo Civil, donde los juicios son prolongados a veces hasta casi una década, lo que va contra el interés de los afiliados que han demandado, y que por tratarse de personas de la tercera edad ameritan que los juicios más bien se aceleren.
Las demandas ponen al descubierto resoluciones arbitrarias adoptadas por los directivos del IPP, que esquilman la pensión de los periodistas que se jubilan, más allá de un 60 por ciento.
La discusión en primer debate de las leyes es de trámite y los directivos de los periodistas piensan que cuando ocurra la votación en tercer y último debate, su proyecto de ampliación de impunidad sea apoyado por los 61 legisladores nacionalistas.
No se sabe aún que posición asumirán los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por el expresidente, Manuel Zelaya, y la divida bancada del Partido Liberal en esta votación que ratificaría el escudo de impunidad de los periodistas directivos del IPP.
Los directivos del CPH, presididos por Dagoberto Rodríguez Coello, llegaron hace unas semanas al Congreso Nacional a reunirse con directivos del poder Legislativo, presuntamente para exigir la derogación del nuevo Código Penal, pero lo que hicieron fue pedir que se reformara nuevamente la ley del IPP, que les otorga el escudo de impunidad que evita sean auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
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La reforma propuesta por Irías Navas dice textualmente:
“Artículo 1. Reformar por adición el artículo 1 del Decreto 59-2000 (…) que interpreta los artículos 2 y 64 del decreto 190-85 de fecha de fecha 30 de octubre de 1985 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de diciembre de 1985, el cual debe leerse de la siguiente forma: Artículo 1. Interpretar los artículos 2 y 64 del Decreto 190-85, conocida como Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el sentido de que siendo un organismo de Derecho Público, no estatal, gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República, en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas; su representación legal corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla con autorización de esta en otros miembro de la misma; los conflictos y demás relacionados con la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser dirimido ante la justicia ordinaria civil o laboral”.
El inconstitucional decreto 59-2000, es utilizado por los directivos del CPH para evitar que el ente de pensiones de los periodistas sea auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
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Esta legislación viola el decreto 60 de la Constitución que establece que: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.
Los directivos de los periodistas tienen de manera exclusiva este privilegio para no rendir cuentas de las operaciones del ente de previsión, todos los entes de pensiones son auditados por la CNBS.
Los directivos de los periodistas recurrieron a sus “amigos” diputados en el Congreso Nacional para obtener un segundo blindaje de su escudo de impunidad, después de más de cuatro años de violaciones reiteradas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negándose a entregar información de las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones.
