El diputado Marco Midence planteó “revisar” el modelo ZEDE, declarado inconstitucional, en un contexto marcado por la solicitud de la administración Asfura de reincorporar a Honduras al CIADI.
Tegucigalpa, Honduras. – Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), declaradas inconstitucionales de origen por la Corte Suprema de Justicia, vuelven al centro del debate público luego que el diputado de Atlántida por el Partido Nacional, Marco Midence, planteó la necesidad de “revisar” este modelo.
Marco Midence afirmó estar de acuerdo con la revisión de cualquier modelo que promueva el empleo, proteja inversiones y envíe una señal de apertura a inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
El pronunciamiento de Midence ocurre en un contexto marcado por la solicitud del recién instalado gobierno del nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah de reincorporar a Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo ante el cual inversionistas de las ZEDE han interpuesto millonarias demandas, a la vez que organizaciones sociales denuncian un proceso de entrega territorial y devolución de favores políticos.
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Midence abordó inicialmente el tema con un noticiero televisivo nocturno. Sin embargo, al ser contactado por Criterio.hn para ampliar su postura, se negó a brindar declaraciones a este medio y afirmó que, de retomarse el debate sobre las ZEDE en el Congreso Nacional se abstendría de votar.
ZEDE: UN MODELO DEROGADO E INCONSTITUCIONAL
Las ZEDE fueron creadas en 2013 durante el gobierno del también nacionalista Porfirio Lobo Sosa, y desde su origen, fueron cuestionadas por ceder soberanía territorial al capital privado. Una de las primeras en instalarse fue la ZEDE Honduras Próspera en la isla caribeña de Roatán.
Tras años de denuncias y protestas por organizaciones de defensa del territorio, y con el arribo del Partido Libertad y Refundación (Libre) al poder de la mano de Xiomara Castro, estas zonas fueron derogadas por el Congreso Nacional el 21 de abril de 2022, sin que el mismo fuera ratificado en la legislatura siguiente.
Posteriormente, en de setiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de origen la Ley Orgánica de las ZEDE, así como de las reformas a los artículos pétreos que permitieron su establecimiento.
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ADVIERTEN SOBRE CONTINUIDAD DEL MODELO ZEDE
Desde las organizaciones sociales, el intento de reabrir el debate es interpretado como una señal de continuidad de un modelo que no dejó de operar. En declaraciones recientes a Criterio.hn, Christopher Castillo, integrante de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), advirtió que el escenario actual confirma alertas previas sobre la reactivación de procesos de concesionamiento y entrega del territorio, así como la devolución de favores políticos a actores transnacionales y al gobierno de Estados Unidos.
Castillo señaló que, aunque en los últimos años las ZEDE enfrentaron trabas administrativas que limitaron su crecimiento, continuaron operando, por lo que el debate impulsado desde sectores políticos no implica una reactivación desde cero, sino la posibilidad de profundizar un esquema ya existente.
Para ARCAH, este contexto refuerza una postura que se distancia del debate institucional. Castillo sostuvo que no se plantea una reforma ni una revisión del modelo, sino la expulsión total de las ZEDE, al considerar que el sistema estatal opera en contra de los intereses de los pueblos.
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CAPITAL TRANSNACIONAL Y RETORNO AL CIADI
El periódico estadounidense New York Times publicó este jueves la columna de opinión “In Honduras, the American right is Piloting Our Future” (En Honduras, la derecha estadounidense está pilotando nuestro futuro), de la columnista Jean Guerrero, en la que advirtió que las ZEDE forman parte de un proyecto global impulsado por élites empresariales y tecnológicas transnacionales, orientado a la creación de ciudades corporativas con regímenes jurídicos propios, al margen de los Estados nacionales.
Guerrero señaló que proyectos como Próspera, en Roatán, han sido respaldados por capitales vinculados al entorno político de Donald Trump y a empresarios tecnológicos estadounidenses, y que el uso de arbitrajes internacionales permite blindar estos intereses frente a decisiones soberanas, lo que da contexto a la insistencia en el retorno de Honduras al CIADI.
El debate sobre las ZEDE se reactiva en un contexto de retorno al CIADI y presiones transnacionales, mientras organizaciones sociales advierten sobre la continuidad de un modelo que pone en disputa la soberanía, el control del territorio y el futuro del país, situando a Honduras –como advierte Guerrero– como territorio de ensayo de proyectos corporativos impulsados desde el exterior.
