Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – El diputado del PINU por el departamento de Cortés Luis Rolando Redondo Guifarro, denunció que dentro de la cámara legislativa se está generando impunidad en favor de las altas cúpulas militares.
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A continuación, los hechos denunciados por el diputado Redondo en una carta para los medios de comunicación:
PRIMERO: Que en fecha 5 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo mediante el PCM-052-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de octubre del mismo año; decretó crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Hondura (PDAH), que tiene como supuesto objetivo incrementar la productividad y rentabilidad, adhiriéndolo a la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, otorgándole casi CUATRO MIL MILLONES DE LEMPIRAS para los siguientes cuatro años.
SEGUNDO: Que el PCM-052-2019 es inconstitucional, ya que la norma suprema (Constitución de la República) es bastante clara sobre las facultades y funciones que las Fuerzas Armadas tienen en el país y es la defensa del territorio y el compromiso irrestricto de respetar, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución; POR LO QUE en ningún momento tienen el compromiso de administrar fondos públicos para temas agrícolas, que le corresponden a otras Secretarías de Estado; asimismo, se ha violentado la ley, al comprometer y otorgar fondos más allá de los periodos de tiempo permitidos, puesto que el Congreso Nacional es el único facultado para autorizar la extensión de los compromisos económicos después de un periodo constitucional de gobierno.
TERCERO: Es evidente que los fondos identificados para las cúpulas militares únicamente constituyen un plan preconcebido para el derroche de dinero y compra de voluntades a los militares previo al siguiente proceso electoral, en donde únicamente se pretende la continuidad del señor JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO.
CUARTO: Que en fecha 5 de noviembre se realizó una sesión legislativa, en donde tenía como uno de los objetivos, derogar algunos artículos del Decreto 130-2017 (Nuevo Código Penal) específicamente los delitos que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas; acción que, de acuerdo con el Diputado Oswaldo Ramos Soto, no es procedente, puesto que únicamente puede ser objeto de reforma o derogación la ley vigente y en el caso que nos ocupa, aún no ha entrado en vigencia.
QUINTO: Que, como parte del engaño, en el dictamen para derogar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, SE AGREGÓ DE MANERA MAL INTENCIONADA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 153 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL, en DONDE SE DEDUCE RESPONSABILIDAD PENAL HACIA LA AUTORIDAD O JEFES MILITARES QUE COMETAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y DE GUERRA.
SEXTO: Quiero DENUNCIAR PÚBLICAMENTE ante el pueblo de Honduras y ante la Comunidad Internacional dentro y fuera del país, que todas las acciones realizadas, tienen como único objetivo BLINDAR A LOS MILITARES y FUNCIONARIOS SOBRE LOS CRÍMENES que continuarán cometiendo en contra de los hondureños.
Finalmente invitó a todos los hondureños a pronunciarse en contra del régimen de este gobierno, que dentro de sus aspiraciones está el continuismo para evitar que la justicia internacional llegue a ellos, ante las vinculaciones de narcotráfico que han sido reveladas en las últimas semanas.
