Más de 2,500 trabajadores afectados por el cierre abrupto de Delta Apparel enfrentan precariedad, deudas y discriminación, mientras la falta de respuesta estatal y el estancamiento legislativo mantienen en la incertidumbre a la población trabajadora de la maquila en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – La crisis que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de Delta Apparel, así como de otras maquilas en Honduras, refleja un abandono sistemático por parte de la empresa y una preocupante falta de acción del Estado para proteger sus derechos laborales y su salud.
A casi ocho meses del abrupto cierre de operaciones de Delta Apparel al norte del país, más de 2,500 exempleados continúan a la deriva, sin recibir salarios, prestaciones ni respuestas claras sobre su futuro. Sonia Perdomo, quien trabajó cerca de siete años en la empresa y lleva cinco años luchando por los derechos laborales, relata el calvario que enfrentan tras el abandono de la compañía. «Ya vamos cerca de ocho meses que no nos dicen nada, solo que van a hacer asambleas, pero nada,» lamenta Perdomo.
La incertidumbre se agrava para quienes padecen enfermedades musculoesqueléticas, ya que encontrar empleo se ha vuelto prácticamente imposible. A esto se suma la discriminación por edad: «Si a los que son jóvenes les está costando, no digamos a nosotras», señala la exempleada.
Perdomo denuncia que Delta Apparel dejó deudas a más de 2,500 empleados, tanto de Delta Honduras como de Delta Cortés. «No pagaron nada ni los salarios, muchos de los empleados no tenían sus dictámenes de calificación», afirma.
La empresa nunca anunció formalmente el cierre; en octubre de 2024 cerró sus operaciones sin previo aviso. Inicialmente, solicitó una suspensión de labores por 120 días, pero luego simplemente dejó de abrir las plantas y desapareció, dejando incluso maquinaria abandonada en las instalaciones.
Sonia Perdomo recrimina que, pese a las constantes advertencias sobre la intención de la empresa de cerrar, nadie prestó atención a las denuncias. «Alzamos la voz, hicimos plantones frente al parque industrial cuando se ganaron las primeras demandas en la Corte Suprema de Justicia. Lo decíamos, pero nadie hizo caso. Hubo mucha represión contra nosotras, obreras y obreros; incluso cuando exigimos nuestros derechos fuimos reprimidos y golpeados, hasta mujeres embarazadas», denunció.
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FALTA DE RESPUESTA DEL ESTADO
Víctor Fernández, representante de los y las trabajadoras de la maquila, señala que Delta Apparel abandonó a sus empleados de manera “arbitraria y criminal”, mientras que el Estado actuó como cómplice al no intervenir para proteger sus derechos.
Fernández asegura que el gobierno de Honduras tenía conocimiento anticipado del plan de abandono de la empresa, pero no realizó ningún control, sanción o medida preventiva para evitar el daño a los trabajadores.
Esta omisión ha dejado a miles de empleados en una situación aún más vulnerable, especialmente a quienes padecen enfermedades derivadas de las condiciones laborales en las maquilas. «Quedaron en situación peor porque perdieron el acceso a la Seguridad Social y todas las consecuencias que esto tiene,» explica Fernández.
Además, los trabajadores que han reclamado sus derechos han sido objeto de estigmatización y discriminación por parte de otros empleadores, dificultando aún más su reinserción laboral.
Muchos se encuentran en condiciones de extrema precariedad y sobreviven sin empleo estable, mientras que otros consideran la migración como única opción, aunque las condiciones migratorias actuales, especialmente hacia Estados Unidos, son más difíciles.
Actualmente, los exempleados están en proceso de presentar demandas judiciales y se encuentran en fase de investigación de los bienes que aún posee la empresa para intentar liquidarlos y así cubrir parte de las deudas pendientes. Sin embargo, Fernández denunció que la empresa no solo abandonó a sus trabajadores, sino que también se deshizo de sus bienes, dejando a los empleados en total precariedad.
«Estamos agotando el procedimiento, esperamos agotar todas las instancias y estudiar la posibilidad de acudir a tribunales laborales internacionales,» afirmó Fernández.
Asimismo, se evalúa presentar acciones legales contra funcionarios del Estado que, por acción u omisión, hayan contribuido a la vulneración de los derechos, la vida, la integridad y la dignidad de los trabajadores de Delta Apparel.
CONGRESO NACIONAL ESTANCA LEY CLAVE PARA PROTEGER LA SALUD DE TRABAJADORAS DE MAQUILA
La aprobación de la Ley de Salud en el Trabajo en Honduras sigue estancada en el Congreso Nacional, a pesar de que su impulso es clave para proteger a miles de trabajadoras y trabajadores, especialmente de la maquila, que enfrentan enfermedades laborales y condiciones precarias.
María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), denuncia que, tras más de dos años de espera, las instituciones responsables aún no han emitido las opiniones requeridas para avanzar en el dictamen, lo que mantiene a la ley engavetada y a la población trabajadora sin la protección que necesita.
Este estancamiento se debe principalmente a los retrasos y la falta de respuestas por parte de instituciones clave como la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con Regalado, la opinión de la Corte Suprema es crucial para que la ley de salud en el trabajo pueda avanzar y garantizar la protección efectiva de los derechos laborales y de salud de las trabajadoras afectadas.
Mientras tanto, las mujeres que laboran en la maquila siguen enfrentando condiciones de precariedad y la indiferencia de las autoridades. Sin una legislación clara, muchas continúan sufriendo enfermedades laborales sin el reconocimiento ni el acceso a los beneficios que les corresponden.
Esta situación evidencia la urgente necesidad de que el Estado hondureño asuma su responsabilidad y acelere los procesos para brindar una respuesta justa y efectiva a esta población vulnerable.
