La derogación del decreto 117-2019, conocido como inmunidad parlamentaria, enfrenta al nuevo Congreso Nacional con su propia voluntad de renunciar a privilegios.
Tegucigalpa, Honduras. –La reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprobación de leyes que faciliten la lucha contra la corrupción y la derogación de la inmunidad parlamentaria (decreto 117-2019), figuran entre los principales desafíos que enfrenta el nuevo Congreso Nacional.
Uno de los primeros proyectos orientados a desmontar ese “blindaje” legal fue presentado por el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, quien impulsa la derogación del decreto aprobado en 2019 y considerado un obstáculo estructural para el combate a la corrupción y la impunidad.
El congresista sostiene que la eliminación del decreto 117-2019 es un paso indispensable para viabilizar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa largamente postergada por distintas administraciones.
El Decreto 117-2019, aprobado en la segunda administración del expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera (2014-2018 y 2018-2022), cuando ese poder del Estado era controlado por el Partido Nacional.
Esta controvertida normativa conocida como «blindaje» o «inmunidad parlamentaria», que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que las acciones de los diputados en el ejercicio de sus funciones no acarrean responsabilidad penal, civil o administrativa.
En pocas palabras este decreto limita la capacidad del investigativa del Ministerio Público, indicando que el Congreso Nacional es el único competente para valorar casos contra las y los diputados.
Entre 2022 y 2024, se presentaron dos decretos, uno promovido por Yahvé Sabillón y el otro por Jari Dixon Herrera, ambos diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), sin embargo, estos no fueron sometidos ante el pleno del Congreso Nacional.
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UN DECRETO QUE PROTEGE A LOS CONGRESISTAS
Carlos Umaña, diputado liberal, sostiene que la existencia de este decreto ha facilitado decisiones legislativas de alto impacto negativo para el país, sin consecuencias legales para quienes las aprobaron. “Este decreto monta un manto de impunidad sobre las votaciones que se hacen en el hemiciclo”, dijo.
El diputado explicó que, bajo este esquema, ningún congresista puede ser perseguido por la forma en que vota, incluso si su decisión favorece proyectos claramente lesivos para el interés público o el patrimonio estatal.
Sobre los alcances concretos del blindaje, Umaña explicó que ningún legislador puede ser acusado por votar a favor de actos claramente lesivos, como la venta irregular de bienes del Estado o la aprobación de proyectos con evidente dolo.
Como ejemplo, mencionó decisiones relacionadas con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), préstamos internacionales y otros proyectos que, pese a haber sido revertidos o cuestionados, no generaron responsabilidades penales para las y los diputados que las aprobaron.
Umaña recordó que el decreto fue aprobado en 2019 por un Congreso Nacional y con mayoría nacionalista, pero contó con el respaldo de distintas bancadas, lo que demuestra, a su juicio, que la impunidad ha sido una práctica transversal en el Legislativo.
Para poder efectuar la reforma, al tratarse de una modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, requiere mayoría calificada (86 votos) y debe ser ratificada en dos legislaturas consecutivas, lo que convierte el proceso en una prueba de la voluntad política de los 128 diputados.
Umaña reconoció que no es claro si existen los votos suficientes, especialmente entre diputados que participaron en la aprobación original del decreto, pero afirmó que la presión ciudadana será determinante para lograr que este decreto sea eliminado.
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Por su parte, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, coincidió en que la falta de prioridad legislativa sobre estas reformas genera preocupación, aunque llamó a otorgar un margen inicial al nuevo Congreso.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista mencionó que sectores políticos que hoy critican el decreto también guardaron silencio o mostraron tibieza cuando tuvieron la oportunidad de derogarlo, lo que pone en duda la voluntad real de combatir la impunidad.
Asimismo, advirtió que la ausencia de compromisos claros sobre la renovación del memorándum de entendimiento para la CICIH podría confirmar que ni oficialismo ni oposición desean un mecanismo internacional que fiscalice sus actuaciones.
Mejía reconoció que todo Congreso merece un “tiempo de gracia”, a su vez manifestó que las primeras decisiones marcarán el rumbo de la legislatura y definirán si la lucha contra la corrupción será una prioridad real o solo un discurso repetido.
