Criterio.hn advirtió hace poco menos de un año que las autoridades estaban planificando emular los juicios colectivos de El Salvador, violando, de esa manera, el debido proceso judicial individual que debe tener cada persona. Este sólo sería una violación más a los derechos humanos de las tantas que se efectúan con el vigente estado de excepción
Tegucigalpa, Honduras.-Aunque con el estado de excepción ya se han presentado varias denuncias contra elementos de los cuerpos de seguridad por abuso de poder y violación de los derechos humanos, la última resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) podría agravar aún más esta situación, según analistas consultados por Criterio.hn.
“Si solo con el estado de excepción se han registrado denuncias contra policías y militares por violar los derechos humanos de la población, con estas reformas legales que contempla el Plan Solución Contra el Crimen, la situación empeorará porque hay más facultades para las fuerzas de seguridad y, de alguna manera, más restricciones para la población,” mencionó la diputada independiente Ligia Ramos.
Ramos, diputada que pertenecía a las filas del Partido Salvador de Honduras (PSH), mencionó que durante el estado de excepción (desde el 6 de diciembre de 2022 hasta la actualidad), policías y militares han sido denunciados por violaciones sexuales en allanamientos de viviendas, desapariciones forzadas, implantación de pruebas, entre otros delitos.
“Se debe dejar claro que mi postura no es defender criminales, sólo que se deben presentar los debidos procesos y, durante ha estado vigente esta medida, ha quedado evidenciado que no hay ni investigación. La situación empeorará más porque ahora buscan modificar el Código Penal”, opinó la congresista.
Lo expuesto por la diputada tiene sentido. Por ejemplo, análisis de datos elaborados por Criterio.hn han puesto en evidencia que los policías y militares abusan de su poder para violentar los derechos humanos de la población. Muestra de ello es que entre 2017 y 2022, integrantes de ambas instituciones fueron denunciados ante la Fiscalía más de 900 veces.
La postura de Ramos se debe a la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, concretada el pasado 14 de junio, en la que se establecen varias reformas legales como una segunda parte al Plan Solución Contra el Crimen. Este plan emula algunas de las medidas que contempla el esquema de seguridad del vecino país El Salvador.
Por ejemplo, la diputada cuestionó la reforma al Código Penal que plantea tipificar como terroristas a todos los integrantes de maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes vinculados con homicidio, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y asociación ilícita.
“Con la débil investigación por parte de las autoridades y el fallido engranaje judicial, ¿funcionará esa reforma en un país con una gran mora judicial y un alto índice de impunidad? El problema se debe solucionar de fondo. Con esa reforma solo aumentará el número de privados de libertad”, opinó.
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JUICIOS COLECTIVOS: UNA MEDIDA CONTROVERTIDA
En el ámbito judicial, los juicios colectivos han sido objeto de debate y controversia, especialmente por su aplicación en países como El Salvador. Reina Rivera, analista en temas de seguridad, ha destacado las preocupaciones fundamentales que rodean esta práctica.
Según Rivera, los juicios colectivos violan todos los estándares del derecho penal y las medidas del debido proceso, así como el derecho que tienen las personas a ser juzgadas con todas las garantías que les permitan demostrar su inocencia de manera individual.
Bajo el modelo adoptado por Nayib Bukele en El Salvador, en pocas palabras, los juicios colectivos implican que cualquier persona señalada como integrante de una pandilla o grupo criminal enfrenta un proceso donde las pruebas se aplican indiscriminadamente al grupo completo.
Rivera, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) explica que esto implica que no se puede defender a una persona de manera individual, lo cual es “absurdo”. Por ejemplo, bajo ese modelo, los integrantes de la MS-13 podrían ser sentenciados de manera colectiva solo por pertenecer a esa organización criminal.
En el contexto salvadoreño, la implementación de juicios colectivos plantea serias dudas sobre su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos y el debido proceso legal. “Cada persona tiene derecho a un debido proceso frente a cualquier acusación”, enfatiza Rivera. Este derecho fundamental, según la analista, debe ser salvaguardado incluso en la lucha contra el crimen organizado.
En conclusión, los juicios colectivos representan una medida polémica que podría comprometer las garantías individuales y la justicia equitativa. La crítica de expertos como Reyna Rivera destaca la importancia de mantener un equilibrio entre la eficacia en el combate del crimen y el respeto irrestricto por los derechos humanos de cada persona involucrada en un proceso judicial.
Rivera cuestionó esa medida porque, de acuerdo con la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, se pretende modificar el Código Procesal Penal para crear la figura de juzgamiento colectivo y, de igual manera, que todas las personas arrestadas por delitos vinculados con la criminalidad guarden prisión, aunque no haya ninguna prueba de culpabilidad en su contra.
