Por: Redacción CRITERIO
Unos años después del asesinato de los zares antinarcóticos, Julián Arístides Gonzáles Irías y Alfredo Landaverde, el expresidente Porfirio lobo Sosa, en su mandato instaló la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública que llevaría adelante la depuración de la Policía Nacional.
Estaba integrado por Matías Funes (QDDG), Víctor Meza y Jorge Omar Casco, por Honduras; Adam Blackwell, secretario de seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Aquiles Blu, ex policía carabinero de chile.
Asumieron en sus puestos, después que el legislativo aprobara las leyes de reforma de la seguridad pública y la ley especial de depuración policial. A inicios del gobierno de lobo se declaró emergencia nacional en seguridad y se suspendieron varios artículos de la ley orgánica de la policía nacional.
El proceso de depuración partió de informes construidos por expertos de chile y Colombia que señalaban urgentes y profundas reformas estructurales al cuerpo policial.
Investigaciones de los carabineros de chile confirmaron altos niveles de corrupción que impedían a la policía responder al combate del delito por factores externos e internos que demandan atención y asistencia técnica adecuada.
El informe se elaboró a pedido del gobierno y la presión ciudadana por la participación de miembros de la policía en asesinatos, robo de vehículos, secuestros y extorsiones, entre varias actividades atadas al crimen y el narcotráfico.
En noviembre de 2012 la comisión de reforma de la seguridad pública emitió un documento conteniendo varias reformas, como suprimir el cargo de director general de la policía nacional, que en ese entonces ocupaba Juan Carlos “el tigre” Bonilla, disposición a la que el presidente Lobo se opuso.
El anteproyecto de ley orgánica de la policía creaba un gabinete de seguridad con el secretario de seguridad, fiscal general de la república, presidente de la sala de lo penal de la corte suprema de justicia; el coordinador de evaluación de la policía y los directores generales de la institución policial.
Establece el sistema de selección y evaluación para que los funcionarios, determinados como operadores de justicia, fueran evaluados anualmente y aprobar las pruebas con notas de 95%, caso contrario serían separados de sus funciones.
El gabinete de seguridad y el método de evaluación fueron criticados por romper la separación de poderes; aunque el primero contaba, entre otras, atribuciones de garantía de apoliticidad, transparencia, ética y eficacia del servicio policial.
Las enmiendas a la ley orgánica incluyeron a la policía civil y comunitaria, retomar las direcciones generales de policía, crear la dirección de inteligencia policial y devolver al ministerio público la policía técnica de investigación criminal.
En el mes de diciembre de 2013 y por 5ta ocasión la comisión de reforma de la seguridad pública reprobó la depuración policial la cual ya tenía un costo de 125 millones de lempiras.
De un total de 4,559 policías investigados entre 2012 y 2013 por anomalías, solo 7 fueron separados de la entidad; la dirección de evaluación de la carrera policial remitió a la secretaría de seguridad despidos para unos 230 agentes y solo 3% fueron cesanteados.
En el año 2013 hubo 143 resoluciones de despido, pero se desconoce si los agentes y oficiales indagados fueron separados.
Además, unos 90 policías, entre oficiales y agentes, están sin asignación por decisión del alto mando y aún devengaban salario, por lo que se erogaban 2.7 millones de lempiras mensuales.
Los datos y acciones anteriores nos dejan claramente establecido que en la depuración nacional lo que ha ocurrido es que hay mucho ruido y pocas nueces.
