2018 y 2019 fueron los años con el mayor número de denuncias por delitos ambientales, mientras que el 2022 fue el año con menor cantidad, alcanzando solo 681 casos
De cada 10 denuncias ambientales en Honduras, solo 2 derivan en requerimientos fiscales.
Tegucigalpa, Honduras. -Desde el 2018 hasta agosto de 2024, el Ministerio Público recibió un total de 5,696 denuncias relacionadas con delitos ambientales. Sin embargo, solo 1,024 de estas denuncias han logrado escalar a requerimientos fiscales, lo que representa apenas el 18 % del total.
Estos datos, aunque preocupantes, arrojan luz sobre una problemática latente en el país, la falta de seguimiento y judicialización de los casos que afectan al medio ambiente. Criterio.hn solicitó a la fiscalía el número y qué delitos ambientales que han sido reportados, los que incluyen desde tala ilegal y contaminación de cuerpos de agua hasta el tráfico de especies protegidas y la destrucción de áreas protegidas
La magnitud de estas cifras refleja un sistema que, pese a la creciente conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales, aún enfrenta serias limitaciones para responder de manera efectiva ante estos crímenes.
De las denuncias recibidas, la mayoría provienen de zonas rurales y comunidades que dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia. Estas comunidades han alertado y denunciado sobre prácticas como la deforestación masiva, la minería ilegal y la construcción de proyectos sin los debidos estudios de impacto ambiental.
Además, han realizado movilizaciones y acciones en oposición a proyectos extractivistas que han dejado contaminación y la devastación de sus recursos naturales.
Un factor clave en la baja tasa de judicialización es la falta de capacidad institucional para investigar y procesar los casos. Fuentes dentro del Ministerio Público señalan que los recursos humanos y tecnológicos son insuficientes para atender la cantidad de denuncias que se reciben cada año. Además, muchas de estas denuncias no cuentan con las pruebas suficientes para sostener un requerimiento fiscal.
Otro obstáculo identificado es la influencia de actores poderosos, incluyendo empresas y particulares con intereses en proyectos que afectan el medio ambiente.
En este contexto, los defensores del medio ambiente enfrentan riesgos significativos. En Honduras, activistas han sido víctimas de amenazas, persecuciones e incluso asesinatos, lo que agrava aún más la situación. Estos hechos reflejan un entorno hostil para quienes luchan por proteger los recursos naturales del país.
En algunos casos, la presión política y económica ha frenado las investigaciones o las ha desviado hacia otros enfoques menos contundentes.
De las 1,024 denuncias que lograron convertirse en requerimientos fiscales, la mayoría se relacionan con delitos como la tala ilegal y el tráfico de madera. Sin embargo, los procesos judiciales para estos casos suelen prolongarse durante años, lo que genera frustración entre los denunciantes y afecta la percepción de justicia.
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2018 Y 2019 LOS AÑOS CON EL MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS
De acuerdo con datos oficiales, el 2018 se posiciona como el año con el mayor número de denuncias por delitos ambientales, registrando 1,015 casos. Mientras que en 2019, se recibieron 1,008 denuncias
En contraste, el 2022 se presentó como el año con menor cantidad de denuncias, alcanzando solo 681 casos. Este descenso en las denuncias plantea interrogantes sobre si responde a una disminución real de los delitos ambientales o a factores como la falta de acceso a mecanismos de denuncia por parte de la ciudadanía.
Mientras que en 2023 se mostró un leve repunte en el número de denuncias, sumando un total de 893 casos. Aunque esta cifra representa una mejora respecto al 2022, sigue estando significativamente por debajo de los niveles alcanzados en 2018 y 2019.
El año 2021 registró 781 denuncias, mientras que en el 2020 se interpusieron 766 denuncias, la baja incidencia en denuncias en esos años se podría atribuir a factores externos como la pandemia del Covid-19, que pudo haber limitado la capacidad de la ciudadanía para reportar estos delitos y de las autoridades para recibir las denuncias.
Hasta julio de 2024, el Ministerio Público ha registrado 552 denuncias por delitos ambientales. Aunque aún no se dispone de datos completos para el presente año, las cifras parciales sugieren que podría mantenerse una tendencia similar a la de los años anteriores.
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En cuanto a los requerimientos fiscales emitidos por delitos ambientales, el 2019 sobresale como el año con el mayor número con 282 requerimientos fiscales. Sin embargo, esta cifra ha disminuido progresivamente en los años siguientes: en 2020 se emitieron 220 requerimientos, en 2021 fueron 164, en 2022 se registraron 162 y en 2023 apenas se contabilizaron 138.
Hasta julio de 2024, la fiscalía ha emitido solo 59 requerimientos fiscales. De estos 1,025 requerimientos fiscales solo 41 obtuvieron sentencias condenatorias. También se obtuvieron 50 sentencias por estricta conformidad, 160 sentencias por procedimiento abreviado y 20 sentencias absolutorias.
En conclusión, las cifras de denuncias y requerimientos fiscales por delitos ambientales en los últimos años muestran tanto avances como retos significativos.
Mientras los picos de 2018 y 2019 evidencian una mayor visibilización de estos crímenes, los descensos en los años posteriores resaltan la necesidad de reforzar los esfuerzos institucionales y ciudadanos para proteger el medio ambiente de manera efectiva y sostenible.
