Tegucigalpa, Honduras. A finales de octubre, en el municipio de El Progreso, Yoro, se registró un nuevo caso de abuso sexual, en custodia de agentes policiales, un hecho similar a lo ocurrido en 2021 con Keyla Martínez.
Según los datos revelados por el Ministerio Público, el incidente se originó luego que tres agentes policiales, que figuran entre los cuatro sospechosos, privaran de su libertad de manera ilegal a una joven en el municipio de Santa Rita, la cual fue objeto de actos denigrantes desde el inicio de su detención hasta el traslado a las instalaciones de la UMEP 11, en El Progreso, Yoro.
De acuerdo con la versión ofrecida por la fiscalía, la joven continuó recibiendo tratos degradantes por parte de las oficiales y en la madrugada fue agredida sexualmente por el agente Zelaya Ortiz, pese a sus esfuerzos por oponer resistencia.
A pesar de la gravedad del caso, las autoridades hondureñas no han emitido pronunciamientos oficiales, limitándose a la entrega de los cuatro sospechosos. Por su parte, las organizaciones de mujeres han expresado su indignación y exigen justicia por lo ocurrido a la joven.
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SOBRE LA DETENCIÓN DE LOS AGENTES
El pasado jueves 4 de diciembre, a más de un mes de los hechos ocurridos, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ejecutó la detención de cuatro agentes policiales vinculados al abuso sexual de una joven en El Progreso, Yoro.
Los oficiales fueron identificados como Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura, a quienes se les acusa por los delitos de violación agravada y privación ilegal de la libertad en perjuicio de la víctima.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los cuatro oficiales sometieron a la joven a tratos degradantes. No obstante, señalan al oficial Zelaya Ortiz como el principal responsable del abuso sexual y a la oficial García Hernández de haber cerrado la puerta diciéndole a la víctima: “Aquí no pasó nada”.
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OCURRIÓ BAJO UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
Sobre el caso, la defensora y directora de la Asociación Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD), Ana Ruth García, dijo a este medio digital que es necesario resaltar que el hecho ocurrió durante un estado de excepción, lo que da autoridad y libertad a los funcionarios policiales de hacer lo que deseen, pues los ciudadanos y ciudadanas pierden sus garantías, y que lo sucedido en El Progreso es un ejemplo claro de ello.
García resaltó que en este caso existe violencia basada en género, esto debido a que también participaron mujeres, y lamentó que los pactos patriarcales entre hombres y mujeres continúen en vigencia, pues las pone en una situación de desigualdad.
La defensora enfatizó que espera que las autoridades actúen de forma correcta y que no repitan lo sucedido con el caso de Keyla Martínez, el cual quedó en completa impunidad y que evidencia la situación de privilegios con los que cuentan los funcionarios policiales.
La directora de EDD recalcó que las organizaciones no guardarán silencio. Afirmó que seguirán señalando sus demandas y defendiendo los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad, al tiempo que continuarán denunciando las fallas, irregularidades y violaciones que, aseguran, persisten desde las instituciones del Estado.
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NO SON HECHOS AISLADOS
La feminista e integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», Cristina Alvarado, explicó a este medio digital que lo sucedido no son hechos aislados, pero que lamentablemente la institucionalidad guarda silencio, lo que perpetúa el patrón de enseñanza, tortura y violencia sexual que no solo ha ocurrido en este caso y en el de Keyla Martínez, sino en otros más.
Alvarado recalcó que, ante lo sucedido, la institucionalidad debería estar revisando y planificando la ejecución de acciones más fuertes y contundentes y que, en principio, se debería hacer con la elección de los policías, que debe pasar por un proceso de educación y de sensibilización en materia de derechos de las mujeres.
La defensora señaló que lo terrible de la situación es que lo ocurrido parte en una institución pública que es sostenida con los impuestos de la población hondureña y que, en lugar de desarrollar medidas de seguridad y protección para el resguardo de la ciudadanía, hacen todo lo contrario.
CASO DE KEYLA MARTÍNEZ ES UNA ANTECEDENTE
La feminista y coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de Mujer (CDM), Lara Bohórquez, señaló que el caso de Keyla Martínez es un antecedente de gravedad a nivel estatal de cómo se manejan los casos de detenciones arbitrarias.
Bohórquez recalcó que lo registrado en El Progreso evidencia además cómo los policías y militares abusan de su poder vulnerando aún más a las víctimas, porque aunque se reconoce que existen lineamientos, se sabe que estas instituciones cometen delitos desde sus posiciones.
La defensora explicó que es necesario que se establezcan mecanismos que permitan generar justicia para la víctima y puntualizó que ninguna mujer ni menor de edad debe pasar por ese tipo de casos.
“Es lamentable la forma en la que se siguen repitiendo estos patrones dentro de la Policía Nacional, dentro de las estructuras del brazo armado del Estado, que también son representantes del Estado y que, en su actitud de funcionarios públicos, realizan atrocidades contra las víctimas”, manifestó la feminista Lara Bohórquez.
