Por: Redacción CRITERIO
Washington D.C., 6 de abril de 2016.- Ayer martes fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras del Bajo Aguán, en Honduras, ha relatado Félix Molina, periodista y defensor de derechos humanos en su página de Facebook
Junto al Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, participó también como peticionaria una de las hijas de la malograda Bertha Cáceres, aportando datos y casos sobre el conflicto que se vive en la zona.
“A más de un mes de su ausencia el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como adyuvantes del proceso”, dijo Bertha Isabel Zúniga.
La sala se levantó para dar un aplauso en honor de su madre y a continuación, Berta hizo entrega de un clavel a la delegación del Estado de Honduras como símbolo de su búsqueda de justicia.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron que la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se ha agravado en el Bajo Aguán, en el último tiempo. Los delitos de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes defienden su territorio, acumulan nuevas cifras.
Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.
Esly Banegas estuvo en la audiencia en representación de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Ella pidió que se brinde una respuesta institucional acorde a la situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de la zona; que se cree un protocolo de investigación sobre delitos contra defensores y defensoras, y que se cree una defensoría pública en la zona que apoye a los campesinos y campesinas criminalizadas.
“Para que la gente vuelva a confiar en las instituciones el Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas dirigidas a desactivar el riesgo que viven los defensores y las defensoras en Honduras así como resolver las causas estructurales que generan esta conflictividad”, apuntó Marcia Aguiluz, directora del programa de Centroamérica y México de CEJIL.
Por su parte, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, manifestó que hay una indefensión general en Honduras y que “por más que puedan reglamentar una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla, de nada sirve”.
