La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) lidera listado de instituciones más demandadas judiciales. La estatal eléctrica pasó de 1,117 procesos en 2021 a 8,944 en 2025.
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, declaró que el Estado ha pagado cerca de L4,000 millones en 2026 por sentencias y embargos. Las condenas firmes ya han generado una salida efectiva de recursos públicos, afectando la disponibilidad presupuestaria para otros programas.
Tegucigalpa, Honduras. –Entre 2021 y el tercer trimestre de 2025, el Estado de Honduras ha enfrentado 64,277 demandas judiciales, una cifra que evidencia la creciente presión legal sobre las arcas públicas. La mayoría de estos procesos se concentran en el ámbito laboral y en la jurisdicción contencioso-administrativa, según datos del Boletín Estadístico de Riesgos Fiscales elaborado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Sólo en 2025, hasta el tercer trimestre, se registraron 20,427 demandas laborales, un aumento exponencial respecto a los años anteriores. En 2021 se contabilizaron 3,301 procesos laborales; en 2022 fueron 4,197; en 2023 ascendieron a 7,063 y en 2024 cerraron con 8,903. La tendencia refleja un crecimiento sostenido especialmente en el año anterior.
En lo contencioso-administrativo también se observa un incremento en los últimos cinco años, de 1,700 demandas en 2021 pasó a 7,076 en 2025. En el ámbito civil, los procesos judiciales aumentaron de 110 en 2021 a 720 en 2025, mientras que en materia penal se pasó de siete procesos en 2021 a 95 en 2025.
Los procesos internacionales, en los registros de 2021 y 2022 no se reflejan datos, comenzaron a reflejarse en 2023 con 77 casos, aumentaron a 90 en 2024 y llegaron a 100 en 2025, lo que incrementa la exposición del país ante tribunales y mecanismos arbitrales –como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial— fuera del territorio nacional.
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ENEE CONCENTRA CASI 9 MIL DEMANDAS EN 2025
También figuran el Instituto de la Propiedad (IP), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Servicio Nacional de Emprendimiento de Pequeños Negocios (Senprende), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), las secretarías de Energía (Sen) y Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), todas con incrementos sostenidos en los últimos cinco años.
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El proyecto de Presupuesto General 2026 –elaborado por el gobierno de Xiomara Castro y que será revisado por el gabinete de finanzas del presidente Nasry Asfura Zablah— revela que las demandas judiciales contra el Estado representan un riesgo financiero muy alto para Honduras.
Hasta el segundo trimestre de 2025, las obligaciones derivadas de estos procesos judiciales equivalen al 60.57% del Producto Interno Bruto (PIB). En el peor escenario, es decir, si el Estado perdiera todos esos juicios, la exposición podría alcanzar hasta el 85.79% del PIB.
En el capítulo sobre Pasivos Contingentes se explica que, en general, estos compromisos potenciales representan el 46.6 % del PIB y que el riesgo máximo llegaría al 63.6 %. Pero al enfocarse únicamente en las demandas judiciales —tanto en tribunales nacionales como internacionales— el monto equivale al 45% del PIB hasta marzo de 2025.
De ese 45%, el 5.7 % corresponde a juicios en cortes hondureñas, mientras que el 39.3 % proviene de demandas en tribunales internacionales –como el CIADI—. Esto muestra que la mayor parte del riesgo para las finanzas públicas proviene de litigios fuera del país, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto nacional.
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ESTADO HA PAGADO ALREDEDOR DE L4,000 MILLONES POR CONCEPTO DE DEMANDAS
El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, reconoció el impacto de estos procesos judiciales contra el Estado sobre las finanzas públicas y anunció medidas orientadas a reducir el aparato gubernamental mediante un decreto ejecutivo que será discutido en Consejo de Secretarios de Estado, que se realizará el martes 24 de febrero de 2026.
Durante una conferencia de prensa el funcionario habló sobre la estrategia que impulsa la administración Asfura en la que se incluye la supresión y la fusión de algunas secretarías de Estado con el objetivo de disminuir el gasto corriente y redirigir recursos hacia el pago de pasivos laborales, deuda pública y otras obligaciones.
Por otro lado, advirtió que el pasivo contingente en los juzgados –específicamente en la Sala de lo Laboral— no puede cuantificarse con precisión debido a la mora judicial, que puede extenderse entre cinco y seis años, generando incertidumbre sobre el monto final de las condenas que podría pagar el Estado de Honduras de perder los procesos judiciales en su contra.
Asimismo, señaló que los embargos derivados de sentencias ya han alcanzado cerca de 4,000 millones de lempiras en 2026, siendo Hondutel la institución más afectada, con más de 1,600 millones de lempiras desembolsados tras perder casos en los tribunales.
Estos recursos, explicó, ya fueron transferidos desde la Caja Única del Estado hacia particulares, lo que implica una salida efectiva de fondos públicos.
El panorama descrito en el proyecto presupuestario 2026 también incorpora riesgos derivados de contratos bajo la modalidad de Alianzas Público-Privadas (APP), garantías y avales estatales, incluidos compromisos vinculados a la generación de energía.
