Tegucigalpa. – Tras su visita de once días a Honduras, el relator de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, hizo hincapié en la irresponsabilidad en la que incurren los inversores extranjeros al demandar al estado, cuando este decide proteger los derechos, el ambiente y a los pueblos indígenas.
Deva señaló que los inversores deberían apoyar al gobierno, pues “no está haciendo esto para ganar dinero”, sino para “crear una mejor economía, una mejor sociedad en Honduras”.
El relator señaló que esto abarca tanto a los inversionistas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), recientemente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, como a las empresas mineras a las que no se les están renovando sus licencias.
Honduras enfrenta actualmente 15 demandas ante el centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), que podrían significar un perjuicio económico de al menos 14 mil millones de dólares. Solo por parte de los financistas de la recientemente declarada inconstitucional ZEDE Próspera, Honduras afronta una demanda por 10,775 millones de dólares.
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APROPIACIÓN DE TIERRAS POR CORPORACIONES GENERA CONFLICTOS SOCIALES EN HONDURAS
El relator de la ONU sobre el derecho al desarrollo identificó como un desafío clave para Honduras los conflictos sociales vinculados a la apropiación de tierras por parte de actores corporativos para proyectos industriales, sin la consulta significativa ni la participación de las comunidades indígenas u otros miembros de la sociedad. “Eso desencadena conflictos sociales” que no benefician a nadie, remarcó.
En un mensaje dirigido al gobierno, Surya Deva le invitó a abordar de forma proactiva los conflictos sociales, “este país tiene un enorme potencial para crecer en términos de creación de un nuevo modelo de desarrollo que beneficie a todos”.
Ahondó que, para alcanzar este potencial, el gobierno debe introducir reformas relacionadas a la redistribución de las tierras agrícolas, emisión de escrituras emitidas a los propietarios legítimos de la tierra, y acabar con la criminalización de las y los defensores.
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“He visto informes, he hablado con organizaciones de la sociedad civil de que los defensores de los derechos humanos medioambientales están siendo asesinados. Como digo en mi comunicado de prensa, nadie debería morir simplemente porque esa persona esté intentando defender un río […]. Nadie debería enfrentarse a ninguna amenaza o intimidación porque esa persona esté intentando proteger su tierra”, declaró Deva en conferencia de prensa.
El 14 de septiembre fue asesinado Juan López, defensor ambiental y regidor de Tocoa. López, junto a integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, denunciaron durante 10 años la ilegalidad y violencia detrás de la imposición de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
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DESARROLLO SOSTENIBLE EN HONDURAS DEBE RESPETAR AMBIENTE Y PUEBLOS INDÍGENAS
Surya Deva afirmó que el gobierno tiene la obligación de abordar estas problemáticas y ser proactivo en la gestión de la contaminación ambiental y el cambio climático, especialmente debido al riesgo al que está expuesto Honduras. “[C]reo que, si el gobierno no es proactivo, existe un grave riesgo para muchas de estas comunidades sobre el terreno”, indicó.
Deva apuntó que cree que el gobierno actual tiene una ruta trazada necesaria para construir un modelo alternativo de desarrollo que no deje a nadie atrás, que respete el medio ambiente y que opere dentro de los límites planetarios.
“El Gobierno ha tomado algunas medidas en los últimos años para hacer frente a los desafíos que, sobre todo, fueron muy visibles tras el golpe de Estado de 2009. Por ejemplo, el Gobierno ha dejado de conceder nuevas licencias mineras. Canceló las Zonas Especiales de Desarrollo Económico [ZEDE]. Y, por supuesto, también está tratando de reactivar la agricultura en el país. Está concediendo algunas becas, intentando abordar cuestiones de desigualdad de género y todo eso”, comentó.
No obstante, existen muchos retos aún por enfrentar. “Más del 60% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. La desigualdad es extrema. He conocido a comunidades indígenas del país que no tienen ningún tipo de acceso a la escuela, a la sanidad, a la electricidad, a la educación. Realmente están luchando sobre el terreno”, compartió.
Durante su gira de diez días, el relator de la ONU sobre el derecho al desarrollo visitó, además de la capital hondureña, poblaciones en Choluteca, La Esperanza, Marcala en La Paz, San Pedro Sula en Cortés y El Progreso en Yoro, entre otras. La tormenta tropical Sara impidió su visita a Roatán en Islas de la Bahía, Tocoa en Colón y La Ceiba, Atlántida.
