Ante la crisis humanitaria que representan las desapariciones en la ruta migratoria, decenas de familias hondureñas reclaman al Estado una búsqueda efectiva, un registro nacional unificado y coordinación internacional, mientras la lentitud y escaso apoyo oficial prolongan el dolor de quienes buscan verdad y justicia
Tegucigalpa, Honduras. – Familias hondureñas viven sumidas en la incertidumbre ante las desapariciones de personas migrantes en la ruta hacia el norte, una crisis humanitaria agravada por la falta de registros oficiales confiables y la lentitud de las respuestas estatales.
Los comités de familiares han documentado al menos 887 personas desaparecidas, mientras organizaciones advierten que la cifra real podría ser aún mayor por el subregistro —especialmente entre niñas, niños y mujeres— en un contexto donde la violencia, la pobreza y la impunidad empujan a cada vez más hondureños a arriesgarlo todo en busca de un futuro lejos de casa.
Claudia Gonzales, integrante del Comité Amor y Fe de Tegucigalpa, pidió al gobierno hondureño fortalecer la coordinación con organizaciones de búsqueda para apoyar a las familias que enfrentan la ausencia de sus seres queridos en la ruta migratoria.
Tras cinco años de búsqueda incansable, Claudia, hace apenas dos semanas logró dar sepultura a su esposo, desaparecido en 2019 cuando viajaba hacia Estados Unidos, gracias al apoyo de los comités de familiares que finalmente localizaron sus restos. Gonzales relata que su esposo emprendió el viaje buscando mejores condiciones para su familia, impulsado por la falta de oportunidades laborales en Honduras.
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EXIGEN LEY Y ACCIÓN ESTATAL
La aprobación de la Ley de Protección Jurídica y Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas sigue pendiente en Honduras, a pesar de avances en materia de protocolos de ADN y mecanismos de identificación. Jersón Muñoz, coordinador del proyecto Voces Migrantes para el Cambio de Fundación Avina, denuncia que la falta de reformas legales, bases de datos actualizadas y registro nacional obliga a los familiares a reiniciar procesos tras cada cambio de gobierno, manteniendo más de 20 años de incertidumbre en muchos casos. La propuesta de ley llegó al Congreso en 2022 y aún espera dictamen en una coyuntura política marcada por reformas pendientes y una “deuda histórica” con los familiares.
“El Estado debe garantizar la protección integral de los derechos de las personas migrantes y asegurar que ningún caso quede en el olvido ante los cambios políticos”, Jerson Muñoz, coordinador del proyecto Voces Migrantes para el Cambio
Muñoz señala que la demanda principal es la aprobación de dicha ley, paralizada por la necesidad de reformar el Código Penal, Código Civil y la Ley del Registro Nacional de las Personas, entre otros marcos legales. Advierte que la falta de una base de datos digital y de un registro nacional actualizado obliga a muchos familiares, sobre todo ante cambios de gobierno, a reiniciar procesos, afectando casos que suman más de 20 años de incertidumbre y dolor.
En ese sentido, familiares y comités demandaron al Estado hondureño la creación de un registro nacional actualizado, una mayor articulación internacional y la activación inmediata de protocolos específicos para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas
Además, denuncian, barreras estructurales persistentes, entre ellas protocolos tardíos, registros fragmentados y escasa cooperación transfronteriza. Las familias y organizaciones exigen la creación de un registro nacional unificado y actualizado, interoperable con bases forenses y consulares, así como la cooperación internacional efectiva. Insisten también en la urgencia de activar la búsqueda desde la primera denuncia, fortalecer capacidades institucionales y garantizar la no revictimización de los familiares.
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CIFRAS
Hasta febrero de 2025, el Banco Forense de Migrantes registraba 814 casos de hondureños no localizados, correspondientes a 766 familias y más de 1,800 perfiles genéticos, esfuerzos que han permitido la identificación de 85 cuerpos en coordinación con diversas organizaciones.
Sin embargo, de acuerdo con Informe para el Cuarto Ciclo Examen periódico universal de Honduras “Búsqueda e Investigación de personas hondureñas desaparecidas en el contexto migratorio”, el trabajo de búsqueda enfrenta una grave falta de apoyo gubernamental: las pruebas de ADN son financiadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el procesamiento corre a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la logística y la atención psicosocial dependen de COFAMIPRO, y la asesoría legal está en manos de la Fundación para la Justicia.
Ante este panorama, la respuesta estatal resulta limitada frente a una crisis humanitaria que exige una acción sostenida y articulada para las familias que buscan verdad y justicia.
