Tegucigalpa, Honduras.- Mientras el Congreso Nacional no realice reformas al Código Penal para calificar a las personas que se dedican a estafar a usuarios de las redes sociales como “delincuentes cibernéticos” o “ciberdelincuentes”, y el Ministerio Público (MP) no cuente con una dependencia que no solo investigue el modus operandi, sino que dé con los perpetradores, estos continuarán operando con plena impunidad en Honduras.
Lo anterior lo mencionó en pláticas con este medio de comunicación Kenneth Madrid, abogado especialista en temas de seguridad, quien además explicó que el Ministerio Público no tiene una dependencia o unidad enfocada en investigar a fondo quiénes están detrás de las cuentas que estafan a usuarios de distintas plataformas digitales, siendo las principales: Facebook, WhatsApp y Telegram.
Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad, asegura que el MP debe ser reforzado en la investigación de delitos que se cometan a través de redes sociales. Fotografía: Horacio Lorca/Criterio.hn
“Lo que falta, además de un marco legal idóneo para penalizar a estas personas por los delitos que cometen, es una unidad fiscal en el Ministerio Público que investigue delitos cometidos a través de plataformas sociales. Necesitamos personal técnico calificado que profundice en la investigación y dé con los perpetradores del crimen”, mencionó Madrid, exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Lo expuesto por Madrid tiene lógica. Aunque autoridades de la Fiscalía han mencionado en varias ocasiones que capacita a su personal en investigación en varios ámbitos, incluyendo las redes sociales, no cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a este tipo de pesquisas. De hecho, los procedimientos investigativos relacionados con este tema son manejados por la Unidad de Delitos Comunes.
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Madrid explicó además que el actual Código Penal, vigente desde 2020, regula este tipo de delitos simplemente como estafas, lo que al final, en el proceso judicial, termina siendo sancionado o sentenciado por fraude, solo que perpetrado a través de las redes sociales o telecomunicaciones.
Es decir, quien actualmente sea capturado por utilizar las plataformas digitales para enriquecerse de manera ilícita, aprovechándose de otras personas, podría ser procesado judicialmente por fraude y acceso no autorizado a sistemas informáticos, según indica el artículo 365 y 398 del vigente Código Penal en los apartados “Estafas y otras defraudaciones” y “Seguridad de las Redes y Sistemas Informáticos”.
La pena máxima para los perpetradores de estos delitos, según los artículos mencionados, podría ser de hasta cuatro años (por estafa) y seis meses (por acceso no autorizado a sistemas informáticos), con la posibilidad de un incremento en la condena si el perpetrador cometió otros agravantes en la ejecución del crimen.
«Mientras una persona no sea procesada judicialmente por los delitos que cometió utilizando espacios en redes sociales, no habrá un castigo como tal, sino que se le sancionará con otros delitos. Entonces, mientras eso no suceda, ese tipo de delitos seguirán en la impunidad», valoró Madrid.
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VARIAS DENUNCIAS, PERO POCAS CAPTURAS
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, entre 2023 y lo que va de 2024, un poco más de 150 personas han presentado denuncias por ser víctimas de estafas ejecutadas a través de las distintas redes sociales, siendo las más utilizadas Facebook, Messenger y hasta correo electrónico.
“La mayoría de las estafas se dan por WhatsApp, Messenger y correo electrónico. El Ministerio Público ha hecho numerosos llamados a la población para que no caigan en este tipo de estafas. Hemos creado campañas, pero la gente increíblemente se deja engañar”, explicó la portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix.
Cálix, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que aunque existen varias líneas de investigación abiertas por las denuncias interpuestas, aún no se ha presentado ningún requerimiento fiscal. Sin embargo, hay personas que han sido condenadas y otras que están enfrentando procesos judiciales por cometer otro tipo de estafas.
“De momento, hay personas procesadas por la venta de boletos aéreos fraudulentos, y ya hay sentencias condenatorias. Sin embargo, específicamente en la modalidad de utilizar plataformas digitales para estafas, no hay procesos judiciales aún. Sé que hay casos avanzados y en cualquier momento podría haber requerimientos fiscales”, detalló en conversaciones con Criterio.hn.
¿EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS POLICIALES?
Aunque la Policía Nacional cuente con la Dirección Nacional de Investigación (DPI) y esta tenga a disposición las unidades supuestamente especializadas: Cibercrimen y Ciberdelitos Especiales, la efectividad en la investigación y persecución de quienes cometen este tipo de crímenes es limitada, como lo evidencian las pocas capturas realizadas en los últimos años.
Según información policial, entre 2020 y 2024, solo han logrado arrestar a una persona por utilizar plataformas digitales para cometer estafas, específicamente mediante el uso de Facebook para persuadir a sus víctimas. Esto significa que menos del 1% de los casos denunciados ante el Ministerio Público han resultado en capturas.
Pero el portavoz de la Dirección Policial de Investigación, Juan Sabillón, defiende que hay pocas capturas porque este tipo de estafas se cometen desde países suramericanos, es decir, los perpetradores no están en tierra hondureña, sino que operan desde el extranjero.
“La Policía Nacional ha especializado personal y creado unidades especiales para combatir el Cibercrimen. Una de estas secciones especiales está adscrita a Interpol Honduras. Las investigaciones indican que operan desde Colombia, Ecuador, Bolivia e incluso Guatemala. Por esta razón, la sección de Cibercrimen está afiliada a Interpol”, explicó Sabillón.
Sin embargo, aunque esta unidad esté afiliada o trabaje de manera paralela con la Interpol Honduras, no se han logrado concretar investigaciones que culminen en capturas de criminales vinculados a estos delitos, ya sea en territorio hondureño o en el extranjero.
Sabillón hizo hincapié en que se está trabajando en la persecución de este crimen, pero destacó la importancia de que la población hondureña se informe y eduque sobre las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctimas de estafas en línea.
