Organizaciones internacionales y nacionales alertaron sobre la conducta del fiscal Juan González, quien incluso asistió armado a una audiencia contra cinco garífunas acusados en un proceso que, según defensores, debería resolverse en la vía civil
La delegación internacional informó que esperan la presencia del fiscal general Johel Zelaya en Trujillo el próximo martes 19 de agosto, cuando se reanude la audiencia contra los cinco garífunas criminalizados
Tegucigalpa, Honduras. – En el marco de la declaración final de la Delegación Internacional de Solidaridad con el Pueblo Garífuna, personas defensoras de derechos humanos denunciaron las prácticas corruptas y racistas del fiscal de Trujillo, Juan González.
“Hemos denunciado al fiscal Juan González. Las practicas que hemos visto los últimos días, acompañando a los compañeros y compañeras que están criminalizados, ha evidenciado no solo una práctica sumamente corrupta, sino además profundamente racista”, señaló Holly Eustance, integrante de la delegación y representante de Front Line Defenders Irlanda. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
La queja fue interpuesta ante el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, durante la reunión sostenida con las personas integrantes de la delegación este viernes. También plantearon la situación de criminalización constante que enfrentan las y los miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), así como la permanente impunidad que pesa sobre las denuncias interpuestas por violaciones a sus derechos como pueblo.
Ante la denuncia, Eustance indicó que el fiscal general Zelaya se mostró sensible y con interés de resolver de forma inmediata la problemática planteada por la conducta de su subalterno en Trujillo. Añadió que esperan que Zelaya se presente en Trujillo a la continuación de la audiencia inicial el próximo martes 19 de agosto.
FISCAL DE TRUJILLO ASISTIÓ ARMADO A AUDIENCIA
En Trujillo, Colón, se desarrolla la audiencia inicial contra cinco personas garífunas de la comunidad de Santa Fe, quienes fueron acusados por desplazamiento forzado y usurpación agravada por realizar la recuperación de un terreno. La propiedad se encuentra dentro los límites del título de propiedad ancestral garífuna de 1882, que estaría respaldado por un informe del Instituto Nacional Agrario (INA).
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María Martín, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, apuntó que el fiscal Zelaya mostró tener conocimiento e información sobre muchos de los casos de criminalización y realizó interrogantes que muestran un interés en encontrar y construir respuestas que permitan resolver estas situaciones.
En el contexto de la audiencia que se desarrolla en Trujillo, el fiscal Juan González, además de asistir armado a la audiencia, habría afirmado que los garífunas son incivilizados y gozan de privilegios, contó Rony Castillo, integrante de la Ofraneh.
“Hemos denunciado ante el fiscal general lo que han hecho estos fiscales que insisten en criminalizar a la organización para entregar los territorios al servicio de los grupos de poder», señaló Castillo.
DISPUTA DEBIÓ RESOLVERSE POR LA VÍA CIVIL
Remarcó que la misma Corte Suprema de Justicia establece que la sola posesión de la tierra debería derivar en un caso civil y no penal, como se está haciendo actualmente por la Fiscalía, pese a que incluso existe un título de propiedad ancestral.
“Si hay un tercero que se siente agraviado porque el IP (Instituto de la Propiedad) le registró ese título, vámonos a lo civil. Revisemos, investiguemos cuál es el título que tiene más valor, que tiene más peso, obviamente el título ancestral, por eso no quieren recurrir [a la vía civil]. Lo más fácil es criminalizar porque hay mucha plata, hay mucha corrupción y ahorita en la Bahía de Trujillo se han unido todos los grupos, los canadienses, los que dicen ser turistas, el crimen organizado”, pormenorizó Castillo.
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Agregó que el fiscal general Zelaya los escuchó atentamente, lo que para él es un buen mensaje, y que manifestó que actuará. Castillo dijo que la primera acción que esperan de Zelaya es el próximo martes 19 de agosto, cuando se dé la resolución de la audiencia preliminar contra las personas garífunas criminalizadas.
“¿Qué es lo que esperamos? Que la Fiscalía pueda emitir un dictamen, pueda sancionar ese fiscal racista, que andaba armado. ¿Cómo va andar un fiscal armado en un caso y levanta la camisa para que cuando testifiquen los testigos pueda amedrentarlos. Eso no puede ser”, comentó Rony Castillo.
Anunció que han llamado al pueblo garífuna a nivel nacional para que se sumen y se reúnan en Trujillo a exigir justicia y libertad el próximo martes 19 de agosto.
La Delegación Internacional de Solidaridad con el Pueblo Garífuna fue organizada por la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) y visitó Honduras entre el lunes 11 y el viernes 15 de agosto.
La representación internacional está conformada por doce organizaciones, entre las que se incluyen: el Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Guatemala), la Colectiva Feminista en Construcción (Puerto Rico), Movimiento Nacional CIMARRÓN (Colombia), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Mesoamérica) y Front Line Defenders (Irlanda / Internacional), entre otras. Por Honduras, además de Ofraneh, participaron el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
