Tegucigalpa, Honduras.- El 15 de diciembre de 2022, el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribieron el memorando de entendimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Dentro del contenido del memorando, se habla de realizar distintas reformas y aprobaciones a ciertas leyes, una tarea que le corresponderá al Congreso Nacional y que dependerá de la voluntad política de sus diputados y diputadas.

Es justamente en el apartado que habla acerca de la primera fase del proceso previo a la instalación de la CICIH, en el inciso D, que se coincide en que tanto el Gobierno hondureño como la ONU, identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico nacional.

Por lo anterior, el Congreso Nacional tendrá una enorme responsabilidad sobre sus espaldas, pues será allí que, en gran medida, se definirá si la CICIH podrá actuar en el país, como ha venido aclamando la ciudadanía durante los últimos años. Cuando el actual Legislativo asumió sus funciones, en enero de 2022, prometió desmontar los muros de impunidad y corrupción que se edificaron durante las legislaturas previas, sin embargo, ello no se ha cumplido a cabalidad.

El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés), Luis León, dijo a Criterio.hn que ahora, que el Congreso conoce cuáles son los puntos que se abordan dentro del memorando de entendimiento, los diputados y las diputadas no deberían retrasar la instalación del mecanismo anticorrupción.

“La mayoría de diputados están mostrado un discurso a favor de la CICIH y, por tal motivo, no debería retrasar las discusiones y dificultar la llegada de la comisión al país. Yo creo que el Congreso debe pensar en Honduras, olvidarse de esas riñas políticas que viven a diario, de ese circo ideológico que han levantado, y empezar a pensar en los intereses de la colectividad. El memorando debe servir para desarrollar una agenda legislativa que de luz verde y establezca los cimientos necesarios para la llegada de la CICIH”, dijo a este medio digital.

LA AGENDA QUE DEBERÁ TRATAR EL CONGRESO

Dentro de esa agenda, están incluidos varias leyes que se deben revisar, reformar, derogar y aprobar. Una de las más importantes, es por ejemplo, la vigencia del decreto 116-2019, que rige la figura de los fondos departamentales, pero que intrínsecamente maniata al Ministerio Público en sus labores investigativas, sobre todo en las concernientes a diputados que actúan al margen de la ley.

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Aunque el oficialismo asegure que durante este año no se han aprobado asignaciones de recursos, en la realidad el decreto 116-2019 continúa dejando sobreseídos a diputados y exdiputados investigados por malversación de caudales públicos y caudales públicos, entre ellos los actuales diputados Alberto Chedrani y Gladis Aurora López, y el exdiputado Oswaldo Ramos Soto, quienes han sido sobreseídos ante la vigencia del nocivo decreto en cuestión. Algunos de estos legisladores, que se confabularon para crear oenegés fantasmas y drenar fondos públicos, fueron acusados por el Ministerio Público e incluidos en casos como Arca Abierta y otros.

El decreto 116-2019, aprobado durante el Congreso que presidió el nacionalista Mauricio Oliva, le impide al Ministerio Público ejecutar investigaciones a diputadas y diputados sobre el manejo de fondos públicos sin antes contar con un informe de indicios de responsabilidad penal procedente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Sin embargo, a pesar de su lesiva capacidad, este decreto continúa sin ser derogado, y la primera legislatura del período constitucional 2022-2026 está por concluir. El partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre), argumenta que no cuentan con los votos necesarios para eliminarlo, mientras que el Partido Nacional, cuyos legisladores han sido los más beneficiados por la impunidad que esta ley otorga, se muestran renuentes.

DEUDAS PENDIENTES DEL CONGRESO

El actual Congreso asumió flameando la bandera de eliminar toda la estructura de corrupción e impunidad que se impulsó en periodos legislativos anteriores. Sin embargo, esa promesa no se ha cumplido a cabalidad, porque además del decreto 116-2019, existen otros decretos como el 57-2020 y el 93-2021, que siguen vigentes y que las Naciones Unidas también está recomendando eliminar o reformar.

“Se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del Decreto 116-19 que limita las funciones al Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos, la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento en su caso de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública”, dice parte del memorando de entendimiento.

Otro decreto que debería ser revisado es el 57-2020, que restringe al Ministerio Público el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria, y lo obliga a someterse a las decisiones de los jueces, quienes definen qué órganos se encargarán de la custodia de las pruebas, en una evidente obstrucción de los procesos investigativos.

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El otro, el 93-2021, reforma varios artículos del Código Penal en lo concerniente al delito de lavado de activos; específicamente, entre otras reformas, desobliga a los entes financieros a develar información ante investigaciones de lavados de activos y extorsión sin la previa autorización de un juez.

Además de estos decretos, la ONU también plantea la necesidad de aprobar una Ley de Colaboración Eficaz. El 15 de noviembre de 2022, ante la cámara legislativa, se presentó el dictamen del anteproyecto de decreto de esta normativa, que servirá como un instrumento que permitirá contribuir en las investigaciones con el propósito de desarticular organizaciones criminales y redes de corrupción, a través del intercambio de testimonios veraces, que serán canjeados con beneficios al imputado. 

Aunque la ley ya fue dictaminada, de momento permanece engavetada ante la falta de consensos desde algunos sectores de la oposición, sobre todo del Partido Nacional y ciertos diputados del Partido Liberal, al igual que porque en el Congreso se le está dando prioridad a la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023 y la elección de la Corte Suprema de Justicia.