Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Entidades de la sociedad civil denuncian que la pandemia sigue siendo utilizada como vehículo para profundizar el saqueo, la corrupción y procesos de privatización de forma paralela a la inoperancia del Ministerio Público, que no responde a las denuncias que se formulan contra el abuso del alcalde de la capital, Nasry Asfura.
En un pronunciamiento público cinco oenegés que protegen el Parque Nacional La Tigra denunciaron la firma de un contrato para el manejo financiero y contable de los Ingresos de la Tesorería de la Unidad Municipal de Agua Potable, (UMAPS), de 30 años de vigor entre el alcalde Asfura y Banco FICOHSA.
Las organizaciones realizaron un plantón frente a las oficinas principales de banco FICOHSA en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa, denunciando el otorgamiento por 30 años y cuando aún no se ha traspasado el SANAA a la municipalidad de Tegucigalpa.
Manuel Amador presidente de las Juntas de Agua de Tegucigalpa manifestó que el alcalde ha realizado esa acción usurpando funciones y eso es un acto reñido con la ley.
Amador anunció que vendrán una serie de acciones para hacer entender al presente gobierno que el agua es un derecho humano y no puede ser privatizada y menos en manos de empresarios voraces que quieren hacer grandes negocios con el preciado líquido.
El mecanismo de privatización para el cobro de agua absorbe una cartera estimada en 700 millones de lempiras mensuales, redituando una ganancia de cuatro millones de lempiras al mes, equivalentes al 0.500% de los ingresos que reciba la entidad bancaria, lo que incidirá en la facturación mensual.
Asimismo, sostienen la denuncia de la venta de territorio protegido al proyecto residencial Condados Santa María, el cual pone en riesgo el abastecimiento del vital líquido para los habitantes de decenas de barrios y colonias que ya sufren serios problemas de abastecimiento en cualquier época del año.
Proceso que persiste en la opacidad de la Fiscalía para la Transparencia como la del Ambiente del Ministerio Público, que nada han hecho frente a las denuncias de posibles irregularidades en el contrato de privatización del mantenimiento de tuberías y acueductos entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central, (AMDC) y la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, al igual que la construcción del proyecto Condados Santa María, con el grupo Midence Soto Pierrefeau.
Obra que según el reclamo es financiada por transnacionales y que en las páginas de internet donde se publicitan, “confirman que el proyecto se ubica entre el área de influencia y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra”.
“Exigimos enérgicamente la cancelación de este proyecto que contrario a toda la propaganda del grupo Midence Soto Pierrefeau, sí se ubica en una zona vital para la conservación del Parque, sus comunidades y la capital, atentando contra la soberanía como lo hacen las Zonas de Empleo y Desarrollo, (ZEDE), como las Ciudades Modelo”, concluyen.
Entre las organizaciones suscriptoras del pronunciamiento público se encuentran el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, (IDAMOH), el Comité Pro-Defensa de La Tigra, ADRA y Traileros Cinco Uniendo al Mundo, entre otras.
Por su parte, la Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento reafirmaron la denuncia contra Asfura en cuanto a que, sin haberse legalizado el traspaso del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, (SANAA), del gobierno central al municipio, el jefe de la comuna capitalina concesionó el manejo del agua a banco FICOHSA.
“Hacemos del conocimiento de todos ustedes los abusos de autoridad que está cometiendo el alcalde Juan Nasry Asfura Zablah, que, sin darse el traspaso del SANAA a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, le ha otorgado el concesionamiento del agua a Banco FICOHSA por 30 años”, señala la denuncia.
