Defensores de DD.HH estadounidenses condenan operativos ilegales del Departamento de Seguridad Nacional en Guatemala

Es impactante considerar que cientos de potenciales solicitantes de asilo de Honduras, incluyendo mujeres, niños y niñas, pueden haber sido devueltos a situaciones de persecución de las que huyeron, sin haber sido nunca  examinados para determinar si tenían necesidades de protección internacional

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- 38 Organizaciones de la sociedad civil denuncian la externalización de la frontera por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) en Guatemala y exigen una investigación inmediata.

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes denunciamos las operaciones de externalización de la frontera del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) en Guatemala, tal como se documentó en un nuevo informe del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC por sus siglas en inglés), titulado: DHS Run Amok? A Reckless Overseas Operation, Violations and Lies (“¿DHS fuera de control?

Las organizaciones la consideran una operación imprudente en el extranjero, violaciones de derechos y mentiras”). Hacen un llamado a que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva de esta operación por parte de las oficinas de los inspectores generales del Departamento de Estado y del DHS.

El informe del Senado, encargado por el miembro de rango del SFRC Robert Menéndez (D-NJ), documenta cómo el DHS violó un acuerdo interinstitucional con el Departamento de Estado y utilizó indebidamente los fondos del Departamento de Estado al enviar a agentes no autorizados de control migratorio para actuar en Guatemala.

En enero de 2020, cuando una caravana de personas migrantes había cruzado a Guatemala desde Honduras, el DHS alquiló furgonetas de pasajeros sin identificación en Guatemala para devolver a las personas migrantes hondureñas, incluidos mujeres, niños y niñas, a la frontera con Honduras. El informe afirma que el personal del DHS, incluidos los agentes del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (“CBP” por sus siglas en inglés), operaron de manera imprudente, sin garantizar la seguridad o los derechos humanos de las personas migrantes, y sin proporcionarles información alguna sobre su derecho a solicitar protección internacional o el proceso.

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Lo que es inquietante es que el DHS no pudo confirmar el número de personas migrantes transportadas, si había niños o niñas no acompañadas o si hubo separación familiar de personas migrantes en el proceso. Al responder a las preguntas de supervisión posteriores por parte del SFRC, el DHS inicialmente proporcionó información falsa al Departamento de Estado negando la operación y el uso indebido de los fondos, lo que hizo que el Departamento de Estado pasara inadvertidamente información falsa al Congreso.

Como organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en los Estados Unidos, México y los países del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), condenan este último incidente como un ejemplo más de cómo el DHS se ha extralimitado en su mandato en Centroamérica y ha actuado en total contravención al derecho estadounidense e internacional.

Señalan que las acciones del DHS ponen en peligro las vidas de mujeres, hombres, niños y niñas, no sólo en los Estados Unidos sino en la región. Esta operación es un ejemplo más de la extralimitación del DHS en la política exterior y de la usurpación del mandato de política exterior del Departamento de Estado, en el que el DHS promueve la disuasión de la migración como la única política hacia la región.

Desde hace mucho tiempo han expresado su preocupación por la presencia de personal del DHS, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (“ICE” por sus siglas en inglés) y del CBP, en la capacitación, asesoramiento y orientación de las autoridades migratorias en México y Centroamérica en el marco del programa del Departamento de Estado para el cumplimiento de la ley y los estupefacientes de Estados Unidos (“INCLE” por sus siglas en inglés).

La preocupación se deriva del historial de violación de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y migrantes por parte de estos organismos y de la falta de transparencia con que llevan a cabo sus operaciones .

Este incidente demuestra hasta qué punto las operaciones del DHS en países extranjeros pueden verse afectadas cuando el DHS está facultado y se deja sin control, como ha ocurrido bajo la Administración Trump, violando las directrices de supervisión y financiación entre agencias del propio gobierno de los Estados Unidos.

De hecho, la Administración Trump ha ampliado el número de acuerdos de seguridad fronteriza con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador sobre el intercambio de información de datos biométricos y el despliegue de agentes del ICE y el CBP en la región. Este incidente deja claro que el DHS interpreta estos acuerdos y su presencia en la región como el traslado de la frontera de los Estados Unidos al sur y como el permiso para llevar a cabo la vigilancia fronteriza en suelo extranjero.

El informe del Senado sobre el retorno forzado de posibles personas solicitantes de asilo y refugiadas a Honduras por parte del DHS es también un ejemplo más de las políticas que el departamento ha emprendido para negar a los solicitantes de asilo su derecho a buscar protección internacional y a separar a las familias.

En el último año, el DHS ha ampliado las medidas contra el asilo, como los llamados Protocolos de Protección al Migrante (“MPP” por sus siglas en inglés) o la política de Quédate en México, y ha negociado Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo (“ACA” por sus siglas en inglés) con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos acuerdos han negado el acceso al asilo en los Estados Unidos a miles de personas y ya han devuelto, o tienen por objeto devolver a personas y familias a países de los que ni siquiera proceden, y a países en los que se enfrentan a importantes retos institucionales para encontrar seguridad y procedimientos de asilo adecuados.

La incapacidad del DHS para confirmar si se separaron familias en el proceso de colocar a las mujeres, niños, niñas y hombres en furgonetas separadas, si hubo niños no acompañados o si se hizo algún esfuerzo por reunir a las familias posiblemente separadas durante esta operación en Guatemala hace eco de la autorización de la Administración Trump y de la aplicación de una política de separación de familias, llevada a cabo con una completa falta de seguimiento o documentación para examinar, identificar o de alguna manera dar cuenta de la seguridad de los niños y las niñas. También refleja la actual implementación de la orden del Título 42 del CDC en la frontera de los Estados Unidos, que ha impulsado las expulsiones de miles de niños y niñas no acompañados y familias separadas en violación de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata (“TVPRA” por sus siglas en inglés) en total contravención a las obligaciones legales, la documentación o la seguridad de los niños y las niñas.

El hecho de que no se facilite a las personas migrantes acceso a los exámenes de protección durante esta operación pone al gobierno de los Estados Unidos en peligro de violar el principio de no devolución, una protección esencial en virtud del derecho internacional de las personas refugiados consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe a los países devolver a alguien a dónde sus derechos están en peligro. También pone al gobierno de Estados Unidos en riesgo de violar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Es impactante considerar que cientos de potenciales solicitantes de asilo de Honduras, incluyendo mujeres, niños y niñas, pueden haber sido devueltos a situaciones de persecución de las que huyeron, sin haber sido nunca  examinados para determinar si tenían necesidades de protección internacional.

Estas personas solicitantes de asilo se suman a las miles de otras a las que el gobierno de los Estados Unidos ha negado sistemáticamente el acceso a la protección y han sido devueltas por la fuerza a México o a sus países de origen, en muchos casos sin dejar ningún rastro o documentación oficial.

Los hallazgos del informe plantean además la cuestión de si otras operaciones de esta naturaleza pueden haber sido realizadas por el DHS en la región. Tales operaciones no sólo ponen en peligro vidas humanas, sino que violan la soberanía de estos países, perjudicando la relación de los Estados Unidos con ellos.

Advierten que el DHS debe rendir cuentas y responder por estos hechos y hacen un llamado a que se realice una investigación inmediata de esta operación y a que se preste atención inmediata a las siguientes recomendaciones para el Congreso, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este vergonzoso episodio subraya la necesidad, como se menciona en el informe del SFRC, de que el Departamento de Estado «reclame su liderazgo en la política exterior de los Estados Unidos». A largo plazo, instamos a una transformación dramática de la política exterior y migratoria de los Estados Unidos hacia la región que rescinda las políticas anti-asilo, restaure el acceso a la protección, y adopte una nueva visión hacia México y los países del norte de Centroamérica.

Recomendaciones:

Miembros del Congreso:

  • Exigir una investigación inmediata de esta operación por el DHS y Departamento de Estado.
  • Solicitar información al DHS y al Departamento de Estado sobre el mandato y extensión actual y del pasado de la presencia y operaciones del DHS en México y Centroamérica.
  • Reformar la Ley de Asistencia Extranjera para prevenir el financiamiento del INCLE para operaciones anti-migración en el extranjero.
  • Prohibir el apoyo del Departamento de Estado para el despliegue de agentes del DHS a México y Centroamérica en la asignación del INCLE. En caso de que fuera muy tarde restringir este financiamiento para el próximo año, asegurar que la asignación de 2021 incluya requisitos de notificación y vigilancia para las actividades de agentes del DHS en México y Centroamérica financiadas por el INCLE.

 Departamento de Estado:

  • Emitir una declaración reconociendo el informe y la necesidad de más investigaciones.
  • Asegurar que la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva.
  • Reformar los acuerdos interinstitucionales con el DHS para prevenir sucesos parecidos en el futuro.

DHS:

  • Asegurar que la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva. ● Proporcionar plena transparencia sobre la naturaleza de las operaciones pasadas y actuales y sobre la presencia de agentes en México y Centroamérica.

Organizaciones Firmantes

Estados Unidos

  1. Al Otro Lado
  2. Alianza de Organizaciones Guatemaltecas Houston
  3. American Friends Service Committee (AFSC)
  4. Amnesty International
  5. ARISE
  6. Asylum Defense Project
  7. Center for Gender & Refugee Studies
  8. Center for Human Rights & International Justice, Boston College
  9. Center for Justice and International Law (CEJIL)
  10. Center for Victims of Torture
  11. Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
  12. Evangelical Lutheran Church in America
  13. FIRN Inc
  14. First Focus on Children
  15. Florence Immigrant & Refugee Rights Project
  16. Fordham Law School Feerick Center for Justice
  17. Freedom Network USA Friends Committee on National Legislation (FCNL)
  18. Global Health Partners Guatemala Partnership, Congregational Church of Needham
  19. Human RIghts First
  20. Immigration Equality
  21. International Refugee Assistance Project
  22. International Rescue Committee
  23. International Tribunal of Conscience of Peoples in Movement
  24. John Elledge & Assoc PC
  25. Just Neighbors Kids in Need of Defense
  26. Kino Border Initiative
  27. Latin America Working Group
  28. La Unión del Pueblo Entero (LUPE)
  29. Legal Aid Justice Center
  30. Maryknoll Office for Global Concerns
  31. Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
  32. Missionary Oblates
  33. National Justice for Our Neighbors
  34. National Network for Immigrant & Refugee Rights
  35. Network in Solidarity with The People of Guatemala
  36. Oxfam America
  37. Proyecto Azteca
  38. Refugees International

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