Más del 54% de las agresiones contra defensoras de derechos humanos en Honduras son perpetradas por funcionarios públicos, destacando la alarmante participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, la lucha de las defensoras de derechos humanos se enfrenta a un panorama desolador, marcado por un alarmante aumento de agresiones que van desde el hostigamiento y la criminalización hasta amenazas de muerte y violencia física, reflejando una crisis de violencia sistemática que se agrava con el tiempo.
Katherin Cruz, representante de la Red de Defensoras de Honduras, detalló que más del 54% de estos ataques son perpetrados por funcionarios públicos, incluidos miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional de acuerdo con el informe «Datos que nos duelen, redes que nos salvan: 10+ años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)», desarrollado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Este contexto es particularmente preocupante, ya que el papel de los entes armados del Estado en la violencia hacia las defensoras es más significativo que en cualquier otro país de la región.
La Policía Nacional destaca por su participación en 26.9% de las agresiones, convirtiéndose en un actor central en la represión de comunidades que defienden la tierra y el territorio. Mientras que los militares han sido identificados como el segundo mayor agresor, con un 15.5% de los casos.
A pesar de las promesas de desmilitarización y protección, la situación se agrava, dejando a estas valientes mujeres en un estado constante de vulnerabilidad y riesgo. La falta de atención estatal y el clima de impunidad plantean interrogantes sobre el futuro de la defensa de los derechos humanos en el país.
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DEFENSA DEL TERRITORIO CON MAYORES AGRESIONES
Las defensoras de derechos humanos, al abogar por la protección de sus comunidades y recursos naturales, se encuentran en un entorno cada vez más adverso que pone en jaque no sólo su seguridad personal, sino también la estabilidad y el futuro de sus territorios.
De acuerdo con el informe, en Honduras, el 45.9% del total de agresiones registradas en los últimos años se ha dirigido específicamente contra defensoras de la tierra y el territorio, sumando un total de 2,488 ataques. Este dato resalta que la defensa de los derechos relacionados con la tierra es el ámbito más vulnerable en términos de agresiones documentadas en el país.
Según datos de la Red de Defensoras en Honduras, sólo 2023 las agresiones contra defensoras aumentaron un 125%, alcanzando un total de 2,687 ataques. Este incremento se produce a pesar de un estado de excepción que en teoría debería ofrecer mayor seguridad.
En ese sentido, Katherin Cruz enfatizó que este contexto no sólo es preocupante, sino también “indignante”, ya que las mujeres defensoras continúan enfrentando amenazas constantes en su lucha por los derechos humanos y la defensa del territorio
Cruz también mencionó que la desmilitarización, una promesa del actual gobierno, no ha avanzado. A pesar de las expectativas generadas por la administración de Xiomara Castro, las defensoras de derechos humanos siguen enfrentando un entorno hostil donde las políticas públicas no favorecen su seguridad.
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EL ESTADO BUSCA SILENCIAR
El informe que recopila las agresiones contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, busca evidenciar las violaciones y presionar a los Estados para que garanticen mecanismos de protección adecuados.
En esta región, el 45% de los perpetradores de agresiones contra defensores de derechos humanos son actores estatales, con un 22.9% de las agresiones correspondientes a la policía, revelando una profunda crisis de protección y justicia.
Para Morena Herrera, feminista y defensora de derechos humanos de El Salvador, esta situación indica que los Estados no sólo fracasan en implementar las medidas necesarias para salvaguardar a quienes defienden derechos, sino que, por el contrario, se convierten en los agresores al perseguir, criminalizar y atacar a quienes defienden los derechos humanos.
En ese sentido, Herrera señala que las agresiones perpetradas desde el Estado contra defensoras de derechos humanos representan una grave violación del derecho fundamental a defender derechos. Al ser el propio Estado uno de los agresores, se niega no sólo la protección que debería ofrecer, sino también el reconocimiento de la labor vital que realizan estas mujeres. Esta situación se traduce en un ambiente de impunidad y desconfianza, donde las defensoras enfrentan hostigamiento y desprestigio, lo que limita su capacidad de incidencia y silencia sus voces.
A pesar del panorama sombrío, la defensora de derechos humanos, expresó su esperanza en que, en cinco o diez años, se pueda lograr un mayor reconocimiento y legitimación de la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. Sin embargo, advirtió que el fortalecimiento de gobiernos autoritarios en la región podría intensificar las agresiones. “La historia reciente muestra que estos regímenes tienden a aprender y replicar las peores prácticas entre sí”, recriminó Morena Herrera.
IM-Defensoras documenta 200 asesinatos de defensoras y 228 intentos de asesinato en México y Centroamérica entre 2012 y 2023. Además, el 40% de los 58 asesinatos documentados entre 2020 y 2022 correspondieron a defensoras trans, lo que se traduce en 23 transfemicidios.
