Entre 2012 y 2023, se han documentado un alarmante total de 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones de defensoras en Mesoamérica
Tegucigalpa Honduras. – La situación de la defensa de los derechos humanos en Mesoamérica es alarmante y refleja un contexto de creciente violencia y represión. Según el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan”, presentado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se han documentado más de 35,000 agresiones contra defensoras en la región desde 2012, incluyendo 200 asesinatos y numerosos intentos de homicidio.
Para Lydia Alpizar, codirectora de IM-Defensoras, el panorama en la región es sombrío. “Es muy claro que desde que iniciamos la documentación en el 2012 las agresiones han ido en aumento”, señaló Alpizar.
El informe revela un alarmante incremento en las agresiones contra defensoras, con más de 35,000 incidentes registrados entre 2012 y 2023. De estos, 200 defensoras han sido asesinadas y 228 han sobrevivido a intentos de homicidio, lo que subraya la gravedad y letalidad de la violencia que enfrentan.
En una dedada se han documentado un alarmante total de 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones de defensoras en Mesoamérica. Este preocupante panorama resalta la creciente violencia y represión que enfrentan quienes luchan por los derechos humanos en la región, evidenciando la urgencia de abordar esta crisis y proteger a quienes defienden la justicia social.
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VIOLENCIA SISTÉMICA Y PATRIARCAL
La violencia sistémica y patriarcal que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica se manifiesta de diversas formas, evidenciando un patrón de agresiones que busca silenciar sus voces y debilitar sus luchas, explica la codirectora de IM-Defensoras.
De acuerdo a este monitoreo en más de una década el 45% de las agresiones documentadas provienen de agentes del Estado, lo que pone de relieve la complicidad institucional en la represión a nivel de Mesoamérica. Además, un 18% son perpetradas por actores no identificados que defienden intereses económicos y políticos.
Esta violencia no sólo se dirige a las defensoras individualmente, sino que tiene un impacto colectivo, ya que el ataque a una mujer defensora envía un mensaje intimidante a todas las que se atreven a desafiar el orden patriarcal y a luchar por la justicia social.
Las agresiones incluyen campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas, que frecuentemente escalan hacia formas más brutales de violencia, como el asesinato y el desplazamiento forzado.
Además, Alpizar resalta que estas violencias son intrínsecas al sistema patriarcal que perpetúa la desigualdad de género. “Las defensoras son atacadas no sólo por su activismo, sino también por su identidad como mujeres que desafían los estereotipos tradicionales”, refiere Lydia Alpizar. Quien además señaló que ese tipo de violencia busca mantenerlas en roles subordinados y deslegitimar su labor.
Para Sonia Sánchez, de la Red de Defensoras de El Salvador, uno de los problemas más graves que enfrentan las defensoras es el acoso policial y militar, resultado de la creciente militarización en diversas comunidades. Este acoso se intensifica en territorios donde se defienden los derechos territoriales y los bienes naturales, patrón que no es exclusivo El Salvador.
El clima hostil hacia las defensoras se ve alimentado por un discurso anti-derechos promovido por el gobierno, lo que genera una cultura de miedo entre la población.
“Muchas personas se sienten intimidadas y eligen no organizarse ni participar en actividades sociales”, señaló Sánchez. Sin embargo, afirma que hay un grupo decidido a continuar su lucha.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha presentado el informe titulado “Datos que nos duelen, redes que nos salvan: 10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”.
Este documento, fruto del trabajo conjunto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), sistematiza y analiza las agresiones sufridas por defensoras en países como El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Honduras durante la última década.
Entre los hallazgos más alarmantes, el informe revela que se han documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones en el período mencionado. De estas, 200 defensoras fueron asesinadas y 228 sobrevivieron a intentos de asesinato.
Un dato particularmente preocupante es que el 40% de los asesinatos de defensoras ocurridos entre 2020 y 2022 correspondieron a mujeres trans, con un total de 23 transfemicidios caracterizados por la brutalidad de los ataques.
El informe destaca también que 6,629 agresiones se registraron por defender el derecho a la verdad, justicia y reparación, lo que representa un 23% del total de agresiones. Estas violencias son reflejo del aumento en la violencia social provocada por prácticas totalitarias y el crimen organizado.
Asimismo, se documentaron 4,504 agresiones contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes, dirigidas principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes. Los principales perpetradores de estas agresiones son actores vinculados al Estado, incluyendo cuerpos policiales (22.9%) y autoridades municipales y nacionales (17.2%).
Además, un 20.4% de los agresores son desconocidos, lo que complica aún más la identificación y persecución legal de los responsables.
