Además de representar a Nasry Asfura, Dagoberto Aspra ha sido apoderado legal de la consejera del CNE, Cossette López, y defensor del diputado Nelson Márquez, señalado acusado de saquear màs 3 mil millones de lempiras, mediante un esquema que habría implicado la presentación de demandas fraudulentas a través de dos empresas.
Tegucigalpa, Honduras. Pese a los señalamientos y cuestionamientos por su trayectoria profesional, el Congreso Nacional eligió con más de 90 votos a Dagoberto Aspra como nuevo Procurador General de la República para el período 2026–2030, cargo al que llega tras haber sido abogado defensor en casos emblemáticos de corrupción que vinculan a figuras del Partido Nacional.
En los últimos meses, el nombre de Aspra ha estado estrechamente vinculado al del presidente hondureño Nasry Asfura, a quien representa en el proceso iniciado en 2024, cuando el Ministerio Público lo acusó de integrar una presunta red de lavado de activos mediante la cual se habrían desviado más de 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Además de Aspra, quien fue propuesto por el partido oficialista, también se realizó la juramentación de José Francisco Quiroz, que de acuerdo con las redes oficiales del Congreso Nacional, recibió el respaldo de 93 congresistas para su nombramiento.
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PERFIL DE ASPRA Y SU RELACIÓN CON EL PN
Dagoberto Aspra Iglesias, es un abogado y notario de profesión de 60 años de edad, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que estudió un posgrado en Derecho Penal y un doctorado en ciencias penales.
De 1985 a 1986 trabajó como escribiente en el Juzgado de Letras Segundo de Tegucigalpa, y posteriormente fungió como director general de población y política migratoria en el periodo de 1987 a 1990.
Aspra fue durante cuatro años juez de letras en Choluteca, El Paraíso y Tegucigalpa entre los años 1995 a 1999, y luego pasó a ser magistrado propietario de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa hasta 2002, cuando fue separado de su cargo junto a dos magistrados más.
A partir del año 2000 empezó a desempeñarse como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y de 2014 a 2016 se desempeñó como jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
De 2017 hasta la actualidad se ha desempeñado como abogado litigante independiente, tomando casos en defensa de figuras salpicadas en emblemáticos casos de corrupción ligados mayormente al Partido Nacional.
Aspra fue defensor de cinco de los 21 implicados en el Caso Arca Abierta, presentado el martes 11 de diciembre de 2018 por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), ahora UFERCO.
Además, fue defensor de algunas de las figuras acusadas en el Caso Pandora, una trama de corrupción a través de la cual se drenaron millones de lempiras para financiar campañas políticas de los partidos centenarios.
La abogada y activista anticorrupción, Gabriela Blen, manifestó que el Partido Nacional parece no haber aprendido de las malas prácticas del expresidente Juan Orlando Hernández, quien integraba a su gabinete a personas con antecedentes criminales o vínculos en casos judiciales. Asimismo, señaló que tampoco aprendieron de los errores del Partido Libertad y Refundación (Libre), al designar en cargos estratégicos a personas basándose únicamente en la confianza o que carecen de la capacidad necesaria.
Blen señaló que si es Partido Nacional no aprovecha esta oportunidad para limpiar y sanear sus filas, estarìa cometiendo nuevamente el mismo error, lo que les pasarà factura a futuro ante la atenta vigilancia de la población.
“El pueblo les está viendo y les va a juzgar, de ese juicio no se van a escapar, aunque de la justicia lo hagan”, afirmó Blen.
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ASPRA EL ABOGADO DE NASRY ASFURA
Además de ser el apoderado legal de algunas de las figuras salpicadas en los casos Arca Abierta y Pandora, Dagoberto Aspra asumió en 2024 la defensa del entonces candidato presidencial Nasry Asfura, quien, junto a siete exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), fue acusado por el Ministerio Público, a través de la UFERCO, de sustraer más de 28 millones de lempiras de la municipalidad.
La línea de investigación reveló que el dinero había sido aparentemente sustraído mediante la emisión de 32 cheques, que sirvieron para el financiamiento de campañas políticas y para el pago de compras personales y tarjetas de crédito pertenecientes al actual presidente.
En octubre de 2024, el Juzgado de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa efectuó la celebración de la audiencia de declaración de imputado en la que ordenó medidas sustitutivas tanto para Asfura como para los exfuncionarios implicados.
El caso pasó posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, donde se determinó nombrar como juez natural de la causa al magistrado Milton Jiménez Puerto, un movimiento que le permitió a Asfura someterse al proceso electoral general del 30 de noviembre y obtener la presidencia de Honduras entre dudas y cuestionamientos por fraude.
Para Javier Acevedo, abogado y director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el nombramiento de Aspra representa un conflicto de interés, pero más allá de ello, un conflicto ético. No obstante, recalcó que el problema radica en que la ciudadanía no analiza las actuaciones éticas desde hace muchos años.
Acevedo enfatizó que Honduras atraviesa una época de post-ilegalidad, en la que parece que no es importante el que se cumpla con lo legal o con las normas éticas.
UN PREMIO A LA FIDELIDAD
Acevedo dijo a Criterio.hn que la repartición de los puestos en la gestión pública parece una premiación a la fidelidad que han demostrado a lo largo de los años y no porque tengan un compromiso real con el país.
El profesional del derecho subrayó que la labor de la Procuraduría General de la República es ser el abogado del Estado y que, en tal sentido, el procurador no puede ser abogado del Estado en función de los intereses de un partido o de cierto sector político.
Recalcó que hasta el momento se ve un gobierno que refleja que no es importante la idoneidad para el puesto ni el compromiso con los intereses de la sociedad, sino que se responde a los intereses del grupo que ha llegado al poder.
Por su parte, la abogada y activista anticorrupción Gabriela Blen manifestó que, a este punto, es complicado que la clase política que llega al poder no nombre a personas cercanas en puestos importantes, no obstante, resaltó que se deben analizar los perfiles y los intereses que hay de por medio, más cuando se opta por personas con cuentas pendientes con la justicia.
Blen señaló que Honduras ya ha enfrentado demasiados golpes producto de las malas decisiones en la distribución de actividades, por lo que solicitó que ya no se sigan mezclando los intereses para evitar repetir las historias del pasado reciente.
