El juez Óscar Rolando Zúniga fue recusado y la audiencia suspendida, al estar denunciado por prevaricato judicial, anunció equipo legal que acompaña a las personas defensoras.
Tegucigalpa. ¡Ingelsa fuera!, exigió la ciudadanía que se movilizó a inmediaciones del Tribunal de Sentencias de Tela, Atlántida, en la costa norte de Honduras, donde se celebró la audiencia del juicio público contra cinco defensores del río Jilamito del municipio de Arizona.
Los defensores criminalizados son: Elena Gaitán, integrante de la Asociación de Habitantes del municipio de Arizona; Carlos Arnaldo Chacón, alcalde de Arizona; Tulio Laínez, presidente del patronato de Jilamo Nuevo; Julio Leiva y Claudio Ramírez, ambos residentes de la comunidad de Jilamo Nuevo.
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El Bufete Estudios para la Dignidad (BED) denunció que, durante la audiencia, celebrada el martes 14 de febrero, el Ministerio Público (MP) no solamente cambió la figura de la acusación inicial, sino que además la amplió. Es así como el delito inicial que era detentación de espacios públicos, figura derogada en el nuevo Código Penal, fue cambiada a delito de usurpación conforme al nuevo Código, y agregó los delitos de coacciones y manifestación ilícita.
Este cambio y ampliación de delitos fue realizada por el MP, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR), quien era la víctima por el delito inicialmente imputado, desautorizó al MP para continuar la acusación.
Mientras que el juez Óscar Rolando Zúñiga permitió los cambios de entrada en la audiencia, sin primero agotar la fase de excepciones, en la cual tendría que haber resuelto archivar la causa por la derogación del delito y la desautorización de la presunta víctima, la PGR, explicó a Criterio.hn el abogado del BED, Pedro Mejía.
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Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) se especificó que, pese a que el juez Óscar Rolando Zúniga tenía conocimiento de la falta de capacidad del Ministerio Público para comparecer, este permitió que se formalizara y ampliaran las acusaciones.
MINISTERIO PÚBLICO AL SERVICIO DE INGELSA
El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, manifestó afuera del Tribunal que el Ministerio Público lejos de representar los intereses de la sociedad en general, está representando, en este caso, los intereses de Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima (INGELSA) y uno de sus principales accionistas, Emin Abufele.
El abogado señaló que en respuesta a las acciones del MP, la defensa presentó unos seis incidentes que incluyen dos nulidades, dos excepciones para que se cierre el caso y la recusación del juez.
Fernández explicó que la recusación es una imputación, un señalamiento de que el juez de la causa no es imparcial, puesto que este ya fue denunciado por la representación legal de la defensora Elena Gaitán por prevaricato judicial.
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“Advertimos que hay una confabulación de ese juez, de los fiscales —varias fiscalías del Ministerio Público— que impidieron, en su momento, que doña Elena lo denunciara porque la dejó indefensa. Estando pendiente de resolverse ese caso, no hay posibilidad de que el juez tenga una condición imparcial. Por eso hoy la audiencia fue suspendida y pasa a que la conozca el juzgado de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, para que resuelva esa petición”, informó el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad.
Agregó, que indistintamente de lo que resuelva la Corte de Apelaciones, ya tienen en curso cinco o seis acciones, por lo que la defensa contra los cinco defensores del agua continuará a la par de la protección del río Jilamito en el municipio de Arizona.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que la dignidad y la justicia de los compañeros — los cinco criminalizados— se mantenga firme y para que el río Jilamito siga circulando y para que sus aguas sean destinadas para la soberana voluntad que tiene el pueblo de Arizona, para que sus aguas sean para consumo humano, no para aumentar la riqueza que ya tiene Emin Abufele, sino para dignificar a la comunidad de Arizona”, concluyó Fernández.
Los defensores del río Jilamito se oponen desde hace más de cinco años a la imposición de un cuarto proyecto hidroeléctrico en Arizona, Atlántida, señalando que este es el único afluente en el municipio, que queda para el consumo de agua de los habitantes de más de 15 comunidades. Además, señalan que el “proyecto hidroeléctrico fue otorgado a Ingelsa bajo procedimientos corruptos”.
