Tras meses de presión y lucha de organizaciones ambientales, el gobierno hondureño firma el Decreto 18-2024 para proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras y otras áreas vulnerables de la actividad minera
A pesar de este avance, la batalla por la integridad ambiental continúa, con pobladores exigiendo acciones concretas y justicia por los daños ocasionados
Tegucigalpa, Honduras. – Después de dos meses de haber sido aprobado en el Congreso Nacional y la exigencia de organizaciones para su sanción, este 6 de mayo, el Decreto 18-2024 fue sancionado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La sanción por parte de la presidenta Xiomara Castro, fue informada por el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, quien señaló que fue remitido a la Empresa Nacional de Artes Gráficas
Sin embargo, de acuerdo con el Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa, la lucha por la defensa del agua y su futuro, no termina con la publicación del decreto.
“Este decreto no es borrón y cuenta nueva, necesitamos escarbar todo ese pasado para que podamos caminar hacia un futuro lleno de integridad, justicia social y ambiental”, expresó Juan López del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa.
El Decreto Legislativo 18-2024 refiere la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras y otras áreas protegidas de la actividad minera
En 2013, el Congreso Nacional de Honduras, a través del decreto legislativo 252-2013, llevó a cabo una modificación controvertida del decreto No 127-2012, con el objetivo de disminuir la extensión de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera. Esta reducción implicó la pérdida de 217.34 hectáreas de territorio, donde se encontraban ubicadas dos concesiones mineras concedidas a la empresa «Inversiones Los Pinares». Diez años después, el Congreso actual revocó ambos decretos, restaurando así la extensión original del parque.
LUCHA LEGITIMA
La defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras Mejía», ha tenido un alto costo: detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, rompimiento del tejido social, vigilancia, violencia estatal, amenazas, campañas de difamación en línea y presenciales y asesinatos.
Sin embargo, los pobladores de organizados del departamento de Colón mantienen su legitima licha, esta mañana realizaron un plantón frente a las instalaciones de Casa Presidencial exigiendo la salida del megaproyecto de Grupo Emco del Valle del Aguán.
“Estamos exigiendo que se garantice el espíritu y la fuerza del decreto para la protección de todas las áreas que son productoras de agua y los bosques, para garantizar las condiciones climáticas en el país”, expresó Leonel George.
El Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa, a través de una declaración sobre la situación del megaproyecto señaló “nuestra lucha es legítima ante la violencia ambiental que el Grupo Emco Holdings a través Pinares y Ecotek controlada por Lenir Pérez y Ana Facussé en complicidad con el Estado mantienen en el municipio. Exhortamos al Estado Hondureño a que cumpla con el decreto de ley e inicie la tarea de recuperar el parque que ha sido devastado por las actividades mineras a cielo abierto y evitar mayores daños”.
Posteriormente, los pobladores de Tocoa se trasladaron al Ministerio Público para exigir a esta institución estatal, la emisión de los requerimientos fiscales por contaminación ambiental en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
En ese sentido, Juana Esquivel, defensora e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresó a Criterio.hn que exigen que procedan los requerimientos fiscales ya que técnica y legalmente ya están concluidos los procesos de investigación. “Ya hay suficientes sustentos para que haya acción penal, contra Inversiones Los Pinares por los daños ocasionados”, expresó.
La defensora, dijo a este medio de comunicación que dichos requerimientos fiscales deben abarcar a empleados públicos que generaron y facilitaron condiciones para la instalación de los megaproyectos.
EXIGEN INSTALACIÓN DE COMISIÓN TRIPARTITA
Debido a los conflictos existentes en el Bajo Aguan, que atenta contra la vida de campesinos y campesinas, en febrero de 2022 de creó una comisión tripartita que serviría para investigar las violaciones a derechos humanos que han cometido las empresas agroindustriales, sin embargo, pese a la criminalización y los ataques han aumentado para quienes defienden los bienes comunes.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, que también acompañó el plantón, expresó que además de exigir la cancelación de todos los permisos de operación de Inversiones Los Pinares y las pretensiones de instalar el lesivo proyecto termoeléctrico, exigen la instalación de la comisión tripartita.
Además, agregó que dicho mecanismo también tiene como objetivo, la reparación de daños a las víctimas asi como la creación de mecanismos de no repetición.
Desde que se creó, la Comisión Tripartita, al menos 12 campesinos han sido asesinados y se ha documentado el secuestro de un líder campesino. El acuerdo suscrito entre el gobierno, La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) tenía como objetivo abordar el conflicto por la recuperación de tierras de la reforma agraria y poner un alto a la violencia.
