Por ALBERTO ARCE/New York Times
Berta Cáceres obtuvo en 2015 el prestigioso Goldman Environmental Prize por su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. Su asesinato, en 2016, no es un hecho aislado en región. CreditGoldman Environmental Prize.
La noche del 3 de marzo de 2016, cuando varios hombres armados avanzaron por las calles oscuras de La Esperanza —una bucólica ciudad de techos a doble agua en las montañas del oeste del Honduras— para introducirse en la vivienda donde dormía la líder indígena Berta Cáceres, llegar hasta su habitación y asesinarla, no estaban cometiendo un hecho aislado.
No solo mataban a una dirigente. Aquel crimen era parte de un modo de operar, una manera de resolver conflictos que ahora, tras su muerte, por su muerte, se somete al escrutinio público.
En un giro con el que no contaban, en uno de los países con uno de los registros de homicidios más violentos y más impunes del planeta, los responsables fueron detenidos y provocaron que la atención de quienes se preocupan por la defensa de la tierra en todo el mundo se centrara en Honduras, un lugar casi siempre olvidado.
Berta Cáceres había ganado uno de los premios más prestigiosos a nivel global por su defensa de los ríos en Honduras, el Goldman Environmental Award. Tenía aliados que volvieron sus ojos a la realidad por la que murió. Y por extensión a la región, América Central, y al continente, donde la tierra siempre ha sido explotada vorazmente, y la persecución de sus defensores es habitual.
Amnistía Internacional publicó un informe ayer jueves en el que señala a Honduras como el país del mundo con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores de la tierra y el medioambiente. Solo en 2014, en ese pequeño país caribeño fueron asesinados 12 de ellos. Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina.
El fenómeno no es nuevo. Si nos remontamos en el tiempo, en Guatemala (vecina de Honduras), el otro país al que se refiere este informe de Amnistía, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) señala que entre el año 2000 y agosto de 2015, el grupo de los defensores de pueblos indígenas y ambientalistas fue el más atacado entre los que trabajan por los derechos humanos.
Según la organización, el contexto en el que se registran niveles de violencia tan altos contra los defensores de la tierra y el medioambiente tiene dos características centrales: la expansión de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de empresas y la inacción —cuando no colaboración—, por parte del Estado a la hora de ponerle freno al uso de la fuerza contra quienes se oponen a esas iniciativas.
Se trata de la explotación de los recursos en países donde, según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (señalado en menos de un dólar al día): el 62,8 por ciento en Honduras y el 59,3 por ciento en Guatemala.
No es casual, por tanto, que en el caso de Cáceres, activista política marcada por esas cifras —por la defensa de recursos que necesitan la mayoría de las comunidades que viven por debajo de ese umbral de pobreza, indígenas o campesinas, cuyas vidas dependen del acceso a la tierra y a otros recursos naturales— los arrestados fueran de la empresa y del Ejército.
Los procesados por el homicidio eran, en concreto, el responsable de Asuntos Sociales y Medioambientales de la empresa DESA, a cuyo proyecto de utilización del río Blanco para generar energía eléctrica la activista llevaba años oponiéndose; un exresponsable de seguridad de la misma empresa; y dos exmilitares, uno de ellos instructor de la Policía Militar, cuerpo estrella de seguridad creado recientemente por el presidente Juan Orlando Hernández.
Lo que muestra Amnistía Internacional, tanto en Honduras como en Guatemala, es que este tipo de crímenes no surgen de manera aislada, como casos puntuales.
Son el producto un contexto de militarización, radicalización política y degradación de la seguridad marcado por eventos como el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en Honduras en 2009.
No parece casual que la lucha de Berta Cáceres naciera de su oposición a la ley de aguas de Honduras, que por primera vez abría a empresas privadas la posibilidad de licitar la construcción de embalses para generar energía eléctrica en el país. La ley se aprobó apenas un mes después de ese golpe de Estado que derrocó a Zelaya, contra el que Berta también luchó. Ese gobierno nacido de un golpe licitó 47 proyectos y, en menos de un año, había firmado 40 de las concesiones y adjudicado la explotación de 40 ríos a empresas privadas.
Ariadna Tovar, investigadora de Amnistía, cree que el asesinato de Berta Cáceres pone en cuestión la efectividad de las medidas cautelares que la Organización de Estados Americanos (OEA) había dictado para proteger su vida. “A pesar de esa obligación de protegerla, fue asesinada y eso genera una pregunta: si ella con ese perfil tan alto fue asesinada, ¿qué pasa con quienes no tienen su perfil, cuál es su seguridad?”.
Cáceres había denunciado que iban tras ella y la OEA dictó medidas cautelares para proteger su vida, pero la noche en que murió no la protegía nadie. El informe de Amnistía no se centra solo en la responsabilidad de las empresas, sino también en la del Estado.
Para Tovar, la situación es más grave aún. Personas que han recibido amenazas y deberían estar protegidas no solo reciben ataques, hostigamientos y seguimientos, sino que son asesinadas. “Los ataques continúan. Menos de dos semanas después del asesinato de Berta murió un compañero suyo, Nelson García. El periodista Félix Molina recibió dos tiros en las piernas tras escribir el contexto en el que se realizó este crimen cuando se cumplía un mes del asesinato de Berta”.
Amnistía Internacional es una organización de activistas. En su informe, Tovar pide reconocer algo que parece evidente, pero no lo es: “Los defensores no son opositores sino personas que realizan un trabajo legitimo e importante para la sociedad”.
Lo que demanda el documento de Amnistía es no estigmatizar a quien se opone. Proteger. Dialogar. Investigar. Sancionar. Prestar atención. Que se cumpla la ley, dicen, porque para eso existe.
