Honduras enfrenta un nuevo capítulo de tensión postelectoral luego de que Estados Unidos (EE.UU.) advirtiera sobre sanciones tras el decreto legislativo que ordena al CNE finalizar el escrutinio de votos excluidos.
El mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos ha sido recibido con fuertes críticas desde sectores sociales y políticos que consideran que la advertencia constituye un nuevo episodio de injerencia y presión directa sobre las instituciones hondureñas.
Tegucigalpa, Honduras. –El decreto aprobado por el Congreso Nacional que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizar el escrutinio especial de más de un millón de votos excluidos en los tres niveles electivos abrió un nuevo episodio de injerencia en los asuntos internos del país, marcado nuevamente por un pronunciamiento directo de Estados Unidos.
La reacción estadounidense se produjo a través de un mensaje emitido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en el que se advierte sobre “consecuencias graves” contra quienes intenten revertir “ilegalmente” los resultados de las elecciones generales en Honduras, certificadas previamente por el CNE.
“El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder”, señala el mensaje publicado en la red social X —antes Twitter—, en el que además se reafirma el respaldo de Washington a los resultados oficiales y se expresa la disposición de trabajar con el presidente electo, Nasry Tito Asfura, para avanzar en objetivos compartidos.
El comunicado sostiene que “las voces de 3.8 millones de hondureños han hablado” y que el CNE ya certificó los resultados electorales, descalificando implícitamente cualquier acción institucional orientada a revisar o ampliar el escrutinio.
El pronunciamiento se dio un día después que el Congreso Nacional aprobara, mediante decreto 58-2025, la instrucción al CNE para concluir el escrutinio especial de actas excluidas, en un proceso que incluye los niveles presidencial, legislativo y municipal.
La decisión legislativa fue adoptada durante una sesión extraordinaria convocada el jueves 9 de enero por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada mayoritariamente por diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), con la participación de dos congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y una diputada suplente del Partido Liberal.
Las bancadas de los partidos Nacional y Liberal no asistieron a la sesión, argumentando que la convocatoria carecía de legalidad, al considerar que desde el 30 de octubre el Congreso Nacional opera de manera irregular bajo una Comisión Permanente presidida por el diputado, Luis Redondo.
Para la oposición, el decreto legislativo es “nulo e inexistente” desde el punto de vista jurídico, al estimar que el Congreso carece de facultades para ordenar al CNE reabrir procesos ya concluidos.
En contraste, el oficialismo sostiene que la medida se apega a la Constitución de la República, en su artículo 205 numeral 7, argumentando que el proceso electoral no puede considerarse cerrado mientras existan impugnaciones pendientes y actas sin escrutar.
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CUESTIONAN CONSTANTE INJERENCIA ESTADOUNIDENSE EN HONDURAS
En este contexto, el mensaje de Estados Unidos ha sido recibido con fuertes críticas desde sectores sociales y políticos que consideran que la advertencia constituye un nuevo episodio de injerencia y presión directa sobre las instituciones hondureñas.
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), calificó el pronunciamiento como una expresión “reiterada y descarada” del comportamiento intervencionista del gobierno estadounidense sobre asuntos internos.
“El hecho de que haya situaciones cuestionables en el Congreso o en el CNE no le da derecho a ningún país, llámese Estados Unidos o cualquier otro, a amenazar o dictar cómo debe conducirse Honduras”, dijo a Criterio.hn el entrevistado.
Fernández afirmó que este tipo de mensajes violan el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos y niegan la capacidad del país de resolver sus propios conflictos institucionales.
A su juicio, lo único positivo de esta actitud es que “Estados Unidos ya no disfraza su manera de intervenir”, lo que —según dijo— podría despertar un mayor sentido de defensa de la soberanía nacional en la población hondureña.
En tanto el integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), , Tomás Andino, considera que las advertencias de Washington representan una escalada progresiva de injerencia en el proceso pre y postelectoral.
“Se comienza con mensajes aparentemente inocentes y se termina con amenazas abiertas de represalias”, señaló Andino, al advertir que estas prácticas son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas.
Durante una entrevista brindada a este medio el líder social cuestionó la insistencia de Estados Unidos en acelerar la toma de posesión de Nasry Asfura, a quien vinculó con intereses económicos relacionados con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que fueron declaradas inconstitucionales en septiembre de 2024.
Además, advirtió sobre negociaciones relacionadas con la recepción forzada de migrantes expulsados desde Estados Unidos, similar a lo ocurrido en El Salvador que en 2025 recibió a cientos de migrantes venezolanos que fueron enviados a centros penitenciarios, lo que podría convertir a Honduras en un país receptor sin capacidad económica ni social para asumir esa carga.
Otro factor de interés, afirmó, sería el rol geopolítico de Honduras como plataforma militar en la región mesoamericana y del Caribe, una función que el país ya cumplió en décadas anteriores. En ese sentido, recordó la instalación histórica de bases militares y operaciones conjuntas que convirtieron al territorio hondureño en un centro estratégico para la política exterior estadounidense.
De igual manera, señaló que existe preocupación por un eventual uso del nuevo gobierno para debilitar o reprimir movimientos sociales, progresistas y de izquierda que han ganado fuerza en Honduras y Latinoamérica en los últimos años.
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En esa misma línea se expresó Martín Fernández, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), quien sostuvo que el pronunciamiento de Estados Unidos debe analizarse no sólo como una postura diplomática, sino como un mensaje político con efectos directos sobre la institucionalidad hondureña.
“La política de Estados Unidos ejerce una influencia constante en Latinoamérica, marcada por una obediencia que se ha consolidado a partir de un histórico sometimiento”, afirmó el defensor del medioambiente y de los derechos humanos.
Mientras el debate continúa, el decreto legislativo, el escrutinio pendiente y la reacción internacional han colocado nuevamente a Honduras en el centro de una disputa donde convergen intereses internos, presiones externas y una frágil legitimidad institucional.
El desenlace de este nuevo capítulo dependerá no solo de las decisiones del CNE y del Congreso Nacional, sino también de la capacidad del país de procesar sus conflictos electorales sin tutela ni amenazas externas.
