Este martes 15 de agosto se celebra la audiencia de solicitud de amnistía para Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, defensores territoriales de la Península de Zacate Grande, privados de libertad
Tegucigalpa, Honduras .- Mientras en Tegucigalpa, Enrique Flores Lanza, Rasel Tomé, Edgardo Casaña y Marcelo Chimirri gozan de la libertad que les concedió el controversial decreto 04-2022, Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, la misma aún no favorece a los perseguidos políticos en la zona sur de Honduras.
Este es el caso de Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, dos defensores de la tierra y el territorio, privados de libertad bajo la figura de usurpación a inicios del segundo semestre de 2023.
De cara a la audiencia de dictamen sobre la solicitud de amnistía para Pérez y Hernández, a celebrarse mañana martes 15 de agosto, la mesa de acompañamiento de la causa de Zacate Grande solicitó urgentemente “a las instancias judiciales a considerar el alcance sin restricción temporal del Decreto 04-2022 y a valorar la labor esencial de los defensores de derechos humanos”.
De igual forma, exhortaron a asegurar justicia y libertad tanto para Abel Antonio Pérez, como Santos Hernández Ortiz, “reconociendo que defender la tierra y los territorios es una tarea fundamental en el proceso de desarrollo y transformación de la democracia y la sociedad hondureña”, lee el comunicado.
PIDEN RESOLUCIÓN EN FAVOR DE DEFENSORES TERRITORIALES
Desde la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, la abogada Nidia Castillo recordó que desde el viernes 11 de agosto se desarrollo la audiencia AD-HOC a petición de la solicitud presentada en favor de ambos defensores, condenados por los delitos de usurpación, quedando en espera de la resolución de la misma para este martes 15 de agosto.
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Nosotras esperamos, con mucha esperanza, que la jueza, el día de mañana [hoy martes], pueda dictar una resolución a favor de nuestros defensores, puesto que ya hay un precedente donde desafortunadamente se nos denegó una solicitud de amnistía”, compartió Castillo.
La abogada señaló que, a través de la Ley de amnistía política, el Estado concedió este derecho a las y los defensores que son o fueron víctimas de una condena por procesos de criminalización, por medio del cual pueden solicitar amnistía y ser absueltos a través de sus instituciones judiciales.
“[Ellos] son considerados personas que se han mantenido defendiendo la democracia, la soberanía, el territorio, el medio ambiente, los recursos naturales de nuestro país y eso es lo que es Santos y Abel son”, compartió Castillo.
EL CONFLICTO TERRITORIAL EN LA PENÍNSULA DE ZACATE GRANDE
El coordinador de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), Gerardo Aguilar, contó a Criterio.hn que tanto Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, son defensores del territorio, originarios de la comunidad de Playa Blanca.
De acuerdo con Aguilar, en la Península de Zacate Grande se encuentran ocho comunidades, de un total de doce, sin títulos de propiedad y en las que miembros de la elite empresarial hondureña dicen ser dueños de estas, incluyendo las playas. En el caso de Playa Blanca, se trata de Jorge Luis Casis Leiva, quien dice ser propietario de dichos territorios.
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El coordinador de Adepza comentó que, en la audiencia del viernes 11 de agosto, la fiscalía se mostró en contra de la aplicación de amnistía para Pérez y Hernández, mientras que la Procuraduría General de la República accedió siempre que se paguen los daños que ascienden a 3 mil lempiras, algo a lo que están dispuestos a cancelar.
Mientras que la jueza del Juzgado de Ejecución de Choluteca dijo que por la complejidad del caso daría su resolución hasta el martes 15 de agosto, después de las 2:00 de la tarde.
