La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar resultados presidenciales en medio de fallas técnicas, impugnaciones pendientes y alta conflictividad institucional marcó un punto de inflexión en la calidad democrática del proceso electoral de 2025, advirtió el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
De acuerdo al análisis publicado por la organización de sociedad civil, la declaratoria presidencial se adoptó bajo presiones internas y externas, sin condiciones mínimas de certeza y antes de concluir el escrutinio especial de miles de actas con irregularidades.
Tegucigalpa, Honduras. –El proceso electoral entró en una fase crítica tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de avanzar hacia la declaratoria de resultados en el nivel presidencial, una determinación que, según un análisis del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), se adoptó en un contexto de alta conflictividad institucional y sin haber agotado los procedimientos legales de verificación.
De acuerdo con el análisis, la noche del 23 de diciembre las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del órgano electoral, y Cossette López Aguilar, vocal, votaron a favor de avanzar hacia la declaratoria presidencial, atendiendo una comunicación remitida por la Secretaría General del CNE que sugería declarar resultados en todos los niveles electivos, pese a que el contexto no ofrecía condiciones mínimas de certeza.
La decisión se formalizó el 24 de diciembre, víspera de Navidad, una fecha de alto significado social, cuando las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, junto al consejero suplente Carlos Enrique Cardona, emitieron la declaratoria de manera virtual, sin cadena nacional, a través de redes no oficiales del CNE y sin publicación inmediata en el diario oficial La Gaceta, como lo señala la Ley Electoral y la Constitución.
Para el CESPAD, el procedimiento utilizado reflejó un alejamiento de los estándares básicos de publicidad, formalidad y solemnidad que deben acompañar un acto de esta naturaleza, más aún cuando se trata de la definición de la máxima autoridad del país.
Cespad advirtió que este episodio no ocurrió de manera aislada. Una semana antes de la jornada electoral ya se perfilaba un escenario de presión y disputa política, marcado por tensiones internas, narrativas públicas confrontativas e injerencia extranjera que condicionaron el desarrollo del proceso.
En una contienda con márgenes estrechos, estas dinámicas transformaron la fase poselectoral en un espacio de disputa sobre la legitimidad del resultado y sobre quién tenía la autoridad para definir qué debía considerarse un resultado válido.
Según el análisis, la presión externa no se limitó al período previo a la votación, sino que continuó influyendo en la etapa poselectoral, desplazando el énfasis del cumplimiento riguroso del procedimiento hacia la necesidad de formalizar un resultado que ya contaba con reconocimientos políticos internacionales.
En ese contexto, el CESPAD considera que la decisión del CNE de emitir una declaratoria parcial sin haber concluido el escrutinio especial ni resuelto integralmente las impugnaciones constituye un punto de inflexión en el proceso electoral hondureño de 2025.
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UN ENTRAMPADO PROCESO PRE Y POSTELECTORAL
Desde el inicio del conteo de votos, el proceso estuvo marcado por fallas técnicas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), caídas recurrentes de la plataforma, denuncias de acreditaciones tardías, actas con inconsistencias, violencia en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) y presiones explícitas –internas y externas— para acelerar la definición del resultado presidencial.
Lejos de activar correctivos institucionales para restablecer la verificación y el debido proceso, estas condiciones fueron incorporadas como parte del razonamiento que terminó justificando la declaratoria presidencial sin concluir el escrutinio especial.
El análisis identifica como clave el Oficio No. AAEG-CNE-010-2025, remitido por la Secretaría General del CNE, que en lugar de proponer soluciones frente a la violencia y disfuncionalidad institucional, normalizó esas condiciones como razones suficientes para avanzar hacia la declaratoria.
En el documento se propuso sustituir el escrutinio legal en los tres niveles electivos por datos provenientes del sistema informático, una medida que el Cespad calificó como “contraria al marco legal, al carácter informativo del TREP y a las propias declaraciones previas de los consejeros”.
Para el organismo de sociedad civil, esta lógica implicó clausurar los mecanismos de verificación en lugar de fortalecerlos frente a una alta participación ciudadana, como si el acto de votar bastará por sí solo para garantizar la legitimidad.
El análisis cuestiona qué se pretendía realmente “salvar” con esta decisión, señalando que la declaratoria priorizó el cierre del proceso por encima de la integridad del voto y la determinación exhaustiva de la verdad electoral.
Esta orientación se refleja en la invocación de la “imposibilidad matemática” de revertir resultados, pese a que, según las solicitudes de recuento presentadas, más de 17 mil actas presidenciales presentaban algún tipo de irregularidad.
En ese sentido, el Cespad señala que, se configuró así una contradicción de fondo: se afirmó la imposibilidad de alterar el resultado mientras se restringía el procedimiento diseñado precisamente para verificarlo.
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El análisis también detalla contradicciones normativas internas, ya que la declaratoria reconoce la necesidad de determinar votos válidos, nulos y blancos, mientras admite la existencia de actas pendientes e impugnaciones no resueltas.
Asimismo, critica el desplazamiento de responsabilidades hacia el TJE, convirtiendo los recursos legales en una vía ex post políticamente inviable una vez instalado un nuevo gobierno.
En términos más amplios, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advirtió que el CNE redujo la democracia al acto de votar, separándola de la verificación, la rendición de cuentas y la posibilidad real de impugnar.
Gustavo Irías, director ejecutivo del Cespad, señaló que con la declaratoria parcial se impuso una concepción mínima de democracia, en la que “votar basta, cuestionar estorba y revisar se convierte en amenaza”.
El organismo concluye que el sistema electoral hondureño mostró un quiebre estructural, renunciando a su función arbitral y administrando un cierre político anticipado, lo que derivó en un proceso de la más baja calidad democrática de las últimas décadas.
Finalmente, Cespad advierte que mientras este quiebre no sea reconocido y corregido de raíz, cualquier futura elección se edificará sobre una institucionalidad erosionada, donde la democracia corre el riesgo de convertirse en un ritual sin garantías.
