El Congreso Nacional pretende reformar figuras penales y procesales para enfrentar nuevas modalidades de extorsión, incluyendo el uso de tecnología para el cobro ilegal y declarar como terroristas a estructuras del crimen organizado.
El proyecto también plantea revisar el papel de funcionarios y actores del sistema financiero que puedan colaborar con estructuras delictivas.
Tegucigalpa, Honduras. –La Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional anunciaron que en las próximas semanas presentarán un proyecto de ley orientado a combatir la extorsión, incluyendo la posibilidad de declarar como terroristas a las organizaciones del crimen organizado. Sin embargo, la iniciativa retoma planteamientos impulsados en la administración anterior.
En junio de 2024, la presidenta Xiomara Castro envió al Legislativo un paquete de reformas al Código Penal, previamente avalado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que incluía propuestas similares, como la reforma al Código Procesal Penal y al Código Penal, endurecer las penas por extorsión y catalogar como terroristas a integrantes de maras y pandillas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, dijo a medios de comunicación que la nueva propuesta responde a la presión social ante el impacto de la extorsión en la economía nacional, especialmente en el sector transporte y comercio informal.
Zambrano expresó que el principal objetivo es dotar de mayores herramientas legales a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional para enfrentar este delito. En ese sentido, explicó que la reforma contempla una revisión integral del tipo penal de extorsión, incluyendo agravantes y formas de participación.
Entre los aspectos que se pretenden modificar son: el uso de menores de edad, adultos mayores y terceros para el cobro de extorsión, así como la posible participación de operadores de justicia, agentes policiales o integrantes del sistema financiero en redes criminales.
De igual manera, se busca reformar los procedimientos relacionados con la declaración de víctimas y testigos, con el fin de reducir su exposición durante el proceso judicial.
Otro de los puntos clave de la iniciativa es la revisión de mecanismos vinculados a llamadas telefónicas y transferencias electrónicas, frecuentemente utilizados para el cobro de extorsión a los comercios y a los transportistas.
DECLARAR COMO TERRORISTAS A INTEGRANTES DEL CRIMEN ORGANIZADO
También se planteó la posibilidad de otorgarle a la Secretaría de Seguridad la facultad de declarar como terroristas a determinadas estructuras del crimen organizado. Sin embargo, esta figura ya existe en el Código Penal en su artículo 587, ya contempla el delito de terrorismo al igual que la Ley de Financiamiento del Terrorismo, mismas que señalan que los individuos que pertenezcan a una asociación delictiva –como maras y pandillas— sean catalogados como terroristas.
“Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas para cometer algún delito, con alguna de las finalidades siguientes: subvertir gravemente el orden constitucional o provocar un estado de terror en la población o parte de ella”, cita la ley penal.
Sobre las maras y pandillas detalla que “incurre además en dicho delito quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas y desarrollen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar e intimidar a la población o parte de ella, para obligarla a hacer un acto o abstenerse de hacerlo”.
Retomando las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, quien afirmó que existe respaldo político de distintas bancadas para avanzar en estas reformas.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, destacó la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para impulsar una respuesta integral frente a la criminalidad.
“El tema de seguridad trasciende el escenario político. Es fundamental para promover el desarrollo, la economía y la convivencia ciudadana”, expresó el funcionario tras sostener reuniones con la Comisión de Seguridad del Congreso y diputados de diferentes bancadas.
Mencionó que esta es una primera fase de trabajo en la que se han presentado propuestas técnicas desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, orientadas a fortalecer la persecución penal de los delitos de mayor impacto, especialmente la extorsión.
No obstante, analistas advierten que muchas de estas propuestas no son nuevas. En 2024, el Ejecutivo ya había planteado reformas similares, incluyendo la declaratoria de terrorismo para estructuras de maras y pandillas, así como modificaciones al Código Penal y Procesal Penal.
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Ismael Moreno Coto, exdirector del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), dijo a Criterio.hn que estas medidas no son nuevas y también son aprovechadas para aumentar la criminalización a movimientos sociales.
Señaló que la propuesta de declarar como terroristas al crimen organizado, se adhiere a la política impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A pesar de ese antecedente, dichas iniciativas no lograron traducirse en cambios estructurales sostenidos, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad política y la implementación efectiva del nuevo paquete de reformas.
En ese contexto, el desafío para las autoridades no solo radica en la aprobación de las leyes, sino en garantizar su ejecución, en un país donde la extorsión sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad y un obstáculo para la actividad económica.
