Debilidad fiscal de países del Triángulo Norte agudiza crisis migratoria

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Con motivo de la visita a Guatemala, El Salvador y Honduras (Triángulo Norte de Centroamérica –TNCA-) de una comitiva de congresistas de los Estados Unidos de América (EE.UU), encabezada por la señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reitera que la migración a la que se ven forzados miles de centroamericanos es resultado de la incapacidad de los gobiernos para solucionar la carencia de oportunidades económicas y la violencia propias de un modelo económico que no genera una transformación productiva, ni suficientes empleos ni muchos menos un piso de protección social que garantice el bienestar y la paz social. Para el Instituto, la ruta hacia una solución efectiva requiere el diseño e implementación de políticas fiscales que coadyuven a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, siguiendo principios de suficiencia, equidad, sostenibilidad, probidad y transparencia.

Las encuestas más recientes de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas (OIM), evidencian que el 76.9% de las personas que han migrado en situación irregular buscaron mejores condiciones de vida, 46.5% reunificar su familia, 36.9% trabajo y 7.0% huyeron de la violencia. A criterio del Icefi, estos datos verifican la continuada inefectividad de la política fiscal de El Salvador, Guatemala y Honduras para fomentar el crecimiento económico y el empleo, promover el bienestar y la protección social, y mejorar las condiciones de vida de la mayoría, según los datos ya citados, algunas de las principales causas estructurales de la migración. Prueba de esto son los escándalos de corrupción, la opacidad fiscal creciente, el gasto público que no incrementa las inversiones sociales y la disminución de los ingresos tributarios.

En efecto, los escándalos de corrupción continúan en el TNCA, y con ello minan aún más la desconfianza ciudadana en los gobiernos y las esperanzas de las personas de mejora y desarrollo en su país natal. En meses recientes, en Guatemala se revelaron irregularidades en las contrataciones de medicamentos y de personal, así como el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud;[1] la posible compra de votos en el Congreso de la República para la aprobación de determinadas leyes;[2] financiamiento electoral irregular, corrupción en el ámbito municipal y lavado de activos.[3] En Honduras, casos nuevos de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, por medio de obras contratadas con el Estado;[4] delitos contra la administración pública para obtener la adjudicación de contratos en materia ambiental y energética;[5] y, revelaciones nuevas del caso «Pandora», sobre la malversación de fondos públicos mediante organizaciones sin fines de lucro «fantasma» y un fondo controlado por la Presidencia.[6] En El Salvador, procesos en contra de exautoridades de la Corte de Cuentas de la República, exdiputados y fiscales que participaron en la investigación del caso «Corruptela» en el que está involucrado un expresidente de la República. [7]

En contraste con esta proliferación de casos de corrupción, las autoridades están desmantelando las iniciativas de cooperación internacional que han sido claves en la persecución penal de los responsables del saqueo y uso indebido de recursos públicos. En Guatemala el presidente Jimmy Morales decidió de manera unilateral terminar el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En Honduras, el futuro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) es incierto, ya que el presidente Juan Orlando Hernández la condicionó a los resultados de una evaluación de su desempeño. Ambos presidentes tienen conflictos de intereses en estas acciones, ya que ellos mismos o sus familiares, aliados o integrantes de sus partidos políticos están siendo procesados o investigados en casos en los que participan la Cicig y la Maccih, respectivamente, en acompañamiento a las fiscalías contra la impunidad de cada país. En El Salvador, más allá de los reacomodos del Grupo Contra la Impunidad (GCI) bajo la gestión del nuevo Fiscal General de la República, el presidente Nayib Bukele anunció la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador.

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 Pese a que el fortalecimiento de la cobertura, calidad y efectividad del gasto público social (GPS) debe ser la vía prioritaria para enfrentar los crecientes problemas y rezagos sociales, en el TNCA el GPS continúa siendo insuficiente para garantizar los derechos básicos como la educación, la salud y la protección social. En el periodo 2014-2018 el GPS de Guatemala se redujo del 7.5% al 7.0% del Producto Interno Bruto (PIB); en El Salvador cayó del 9.4% al 8.9% del PIB; y en Honduras del 9.9% al 9.2% del PIB (en 2016). Por otro lado, los datos del Icefi muestran que en 2018 la inversión pública directa anual per capita de Guatemala dirigida a su niñez y adolescencia fue de solamente USD 406, la de El Salvador en 2017 de USD 713, y la de Honduras en 2016 de USD 454.

Entre los principales factores que explican estas caídas en el GPS y los bajos niveles de inversión pública en niñez y adolescencia en el TNCA, causa preocupación la disminución de los ingresos tributarios, la principal fuente de financiamiento de los presupuestos públicos. El Icefi califica de alarmante que la carga tributaria de Guatemala esté registrando un desplome agudo, ya que ha caído del 11.0% en 2013 a un cierre estimado de 9.6% en 2019. Aunque de manera menos pronunciada, la carga tributaria de El Salvador caerá de 18.0% en 2018 a un cierre estimado de 17.7% en 2019, y la de Honduras del 18.1% en 2018 a un cierre estimado de 18.0% en 2019. El Instituto urge a las administraciones tributarias del TNCA a implementar planes integrales para mejorar la fiscalización y el control; a los gobiernos a procurar una atención integral a la informalidad, a fortalecer el combate al contrabando, los flujos ilícitos de capitales y la manipulación ilícita de los precios de transferencia.

El Icefi considera que el deterioro de estos indicadores fiscales evidencia la inefectividad y la falta de voluntad política de los gobiernos, contribuyendo a la persistencia y deterioro de la crisis migratoria, al extremo que alcance proporciones humanitarias. Una crisis que afecta a los más vulnerables, puesto que todos los migrantes en situación irregular se encuentran en riesgo de abuso, pero entre ellos las mujeres, las niñas y los niños no acompañados son los más vulnerables, las víctimas de la negligencia y la inefectividad de los gobiernos. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EEUU, informó que hasta julio de 2019 detuvo en la frontera sur de ese país a 58,317 niñas, niños y adolescentes del TNCA, un 52.7% más que el total de detenidos en 2018, dato que contrasta dramáticamente con la exigua inversión pública dirigida a la niñez y la adolescencia realizada por los gobiernos de esos países.

Ante esta tragedia humanitaria, el Icefi rechaza el convenio de Tercer País Seguro que el Gobierno de Guatemala suscribió con el de EEUU. El Gobierno de Guatemala ha demostrado incapacidad fiscal e inefectividad para garantizar los derechos fundamentales de la población, por lo que la aplicación de este convenio empeorará la ya alarmante situación. Rechaza además los comentarios del Presidente de los EEUU, en los que amenazó a Guatemala con represalias como la aplicación de un gravamen a las remesas familiares o elevar los aranceles a los productos guatemaltecos. El Instituto expresa su apoyo a las acciones que en Guatemala y en EEUU se están realizando para impedir la vigencia y aplicación de ese convenio, y así evitar sus consecuencias potencialmente catastróficas en términos económicos y sociales, que empeorarían la crisis migratoria.
 
El Icefi, reitera que la solución a la crisis migratoria empieza con el diseño coordinado y la implementación en toda la región de una agenda común con políticas migratorias bien diseñadas y orientadas, que tengan como punto de partida el respeto a los derechos humanos. Estas agendas deben incluir mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la urgente recuperación de la capacidad fiscal de los gobiernos para fortalecer la efectividad, cobertura y calidad del GPS, y énfasis y prioridad en la inversión pública en niñez y adolescencia como respuesta al vergonzoso incremento en el número de niños y niñas que están migrando. Finalmente, la ruta hacia una solución efectiva requiere el diseño e implementación de políticas fiscales que coadyuven a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, siguiendo principios de suficiencia, equidad, sostenibilidad, probidad y transparencia.