Tegucigalpa, Honduras. Aunque la mayoría de los homicidios múltiples registrados durante 2024 han ocurrido en zonas del interior del país, algunas hipótesis sugieren que las armas blancas serían el principal instrumento utilizado para cometer estos crímenes. Sin embargo, el arma de fuego ha sido la más empleada para acabar con la vida de varias personas en un solo hecho.
Lo anterior fue expuesto por la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, quien explicó que, en efecto, la mayoría de los asesinatos múltiples en los últimos años han sido perpetrados con armas de fuego.
“Aunque la mayoría de los homicidios múltiples se han registrado en zonas rurales del interior del país, las armas de fuego han sido las principales herramientas utilizadas para cometer estos crímenes, mientras que las armas blancas u otros tipos se usan en pocas ocasiones. Esto ha contribuido a la cultura de la violencia en Honduras”, mencionó Ayestas en declaraciones a este medio.
Agregó que “simplemente, las estrategias de desarme general en Honduras nunca han funcionado. Los criminales caminan bien armados, mientras que el ciudadano común, que cumplió con toda la normativa para obtener un permiso para poseer armas de fuego, es a quien se le decomisan”.
Hasta el 11 de octubre de este año, se han registrado 26 asesinatos múltiples, que han dejado 83 personas fallecidas. De ese total, el 52% (13) han ocurrido en áreas rurales, como el caso más reciente en Victoria, Yoro, donde tres hombres, que previamente habían sido secuestrados, fueron asesinados.
Haciendo una comparación de este hecho, se encontró que hasta el 26 de octubre de 2023, Honduras registró 39 homicidios múltiples que cobraron la vida de 192 personas. En simples cálculos, los datos reflejan una disminución del 33.3% en asesinatos múltiples y una caída del 53.6% en la cantidad de fallecidos, lo que evidencia una tendencia a la baja en estos eventos violentos durante el último año.
Lo expuesto por Ayestas tiene sentido: las estrategias de desarme no han funcionado. Por ejemplo, el decreto 117-2012, aprobado por el Congreso Nacional en 2012, tenía como objetivo un desarme general en Colón, un departamento ubicado en el extremo caribe hondureño, debido a la violencia y criminalidad, ya que es un sendero del narcotráfico.
Desde su implementación, las autoridades, ahora con Xiomara Castro como presidenta de Honduras, han enfatizado la necesidad de desarmar a la población para desmantelar las estructuras de narcotráfico que históricamente han gobernado en esa zona, donde las rivalidades dejan un promedio de dos muertos al día.
Bajo este contexto, algunos líderes comunitarios han manifestado que el desarme no aborda las raíces del problema, como el narcotráfico y la pobreza. La comunidad exige estrategias más efectivas y una verdadera coordinación entre las autoridades para garantizar la seguridad. Sin cambios sustanciales, el desarme en Colón podría seguir siendo una medida simbólica que no resuelve el fondo del conflicto.
SOBRE EL USO DE ARMAS EN HONDURAS
La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares en Honduras, regulada por el decreto 30-2000, busca establecer los requisitos y condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden poseer y portar armas de fuego. Entre los puntos más relevantes de la ley, se destacan los requisitos para la posesión legal de armas, como ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y estar mentalmente apto (artículo 10).
Sin embargo, esta ley, en la práctica, ha demostrado ser insuficiente para frenar el uso de armas ilegales en el país.
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Uno de los mayores problemas es la facilidad con la que se pueden obtener armas sin pasar por los controles adecuados. La ley establece que las personas pueden registrar hasta cinco armas de fuego (artículo 21), pero no regula de manera efectiva el mercado negro, donde se trafican armas sin control. Además, muchas personas no respetan el límite establecido, y hay una falta de seguimiento por parte de las autoridades para asegurarse de que estas normas se cumplan.
A pesar de que la ley prohíbe el uso de armas en ciertos espacios, como centros educativos y eventos públicos (artículo 23), en la práctica, estas restricciones son frecuentemente ignoradas. Los operativos de control, además de ser esporádicos, carecen de una supervisión adecuada que permita el desarme de las personas que portan armas ilegalmente. Esto crea un clima en el que las armas están presentes en espacios donde no deberían estar, facilitando delitos y actos de violencia.
Las sanciones por el uso ilegal de armas (artículo 31) varían entre multas y penas de cárcel, pero su aplicación es poco consistente.
Para el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, esto ha generado un ambiente en el que muchas personas creen que pueden portar armas sin consecuencias legales. La debilidad en la implementación de esta ley ha contribuido al aumento de la violencia armada, ya que la falta de control efectivo permite que las armas ilegales sigan circulando.
Además, mencionó que la falta de un plan efectivo de desarme y el débil cumplimiento de la ley por parte de las autoridades han contribuido a que el uso de armas ilegales siga siendo un problema ignorado en el país.
“La situación refleja las falencias en la regulación y control de armas en Honduras, lo que ha facilitado la comisión de delitos, incluidos homicidios, con armas que nunca debieron estar en manos de civiles. Por ese factor el delito común se volvió tan frecuente. Cualquier criminal tiene fácil acceso a un arma de fuego”, valoró.
