Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- La decisión gubernamental de otorgar nuevas funciones a los militares para suplantar las que corresponden a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Nacional Agrario (INA), solo es una muestra de las concesiones a que se ve obligado el gobierno para garantizar su estabilidad en el poder y culminar su período—como parece ser la apuesta—de aquí al próximo proceso electoral.
Dos connotados líderes sindicales, uno de ellos en libertad condicionada por el caso del Seguro Social, fueron los que “acercaron” a los campesinos con los militares. Así lo contaron en un programa televisivo los campesinos y luego vinieron reuniones de trabajo, sin faltar el padrino de la idea, el gobernante Hernández. Todo ese proceso duró un año.
El ministro de la Defensa, Freddy Díaz, quien despunta en el ramo de la caficultura con buen suceso, fue el interlocutor y ejecutor de las conexiones. Total, los civiles los buscaban de nuevo para resolver sus problemas y como toda factura, ésta tenía un costo: más de cuatro mil millones de lempiras a manos de las gloriosas, así lo indica el PCM que dio vida a la criatura. Lo demás, es cuento chino.
En los próximos días que restan del año, los uniformados deberán ejecutar más de 60 millones de esos cuatro mil que utilizarán en cuatro años. Los campesinos afines al oficialismo felices y contentos, los militares dicen que impulsarán el agro y harán del país la renovación total en materia agrícola y desfilan de medio en medio explicando las bondades, mientras las autoridades de la SAG y el INA bajan la cabeza sin cuestionar las limitaciones en sus funciones.
Poco a poco los militares siguen tomando protagonismo en asuntos civiles, a petición de los políticos, en este caso el gobierno que necesita oxígeno para gobernar con la fuerza y poder que representan las armas. El gabinete de gobierno—integrado mayormente por civiles—hasta donde se conoce no se opuso a la medida, comparten la visión militar del Estado. Muchos de los que son parte del actual gobierno, vivieron y lucharon en el pasado por desmilitarizar la sociedad y hacer prevalecer el respeto a los derechos humanos, pero eso fue el pasado, al menos, así parece.
El protagonismo de los castrenses en asuntos civiles data más de una década, desde que civiles los volvieron a colocar como interventores de instituciones públicas, los volvieron cuidadores del bosque, fumigadores de zancudos, vigilantes en los hospitales, guardianes en centros educativos, en fin, cualquier actividad que ha desdibujado su rol hasta ser protectores de la soberanía alimentaria. “Es que una de sus funciones es proteger la soberanía, y ello implica la soberanía alimentaria”, dijo una mujer campesina en un programa televisivo.
Hernández, admirador de las estrellas y los uniformes, solo ha venido a hacer un uso masivo e invasivo de ese espacio dándoles un poder que los halaga, tanto que no se miden en señalar que solo les basta 5 minutos para dar un golpe de Estado, si se lo proponen, y que tienen “seriados” a quienes les cuestionan o “atacan” sus nuevas funciones.
En materia de violaciones a los derechos humanos, se han dado el lujo de encerrar e intimidar a los fiscales y agentes ATIC que han ido a tocarles las puertas para que entreguen a los uniformados implicados en crímenes durante las protestas sociales, han intentado sombrerear al Fiscal General cuando les ha pedido información relacionada con estos casos. La batalla no ha sido fácil, señalan las fuentes periodísticas.
Pero también se les empieza a cuestionar en otro papel menos decoroso: sus presuntos ligues en la narcoactividad, en los juicios en Nueva York, tanto en el caso de TH, el hermano del presidente Hernández, como en otros cantos neoyorquinos, los capos de la droga relatan sin ruborizarse cómo sobornaron las autoridades policiales y militares. Un informe antinarcóticos del departamento de Estado de Estados Unidos de este año expresa su preocupación por que los militares no estaban compartiendo su información sobre los radares ubicados para detectar la narcoactividad.
Si en los años ochenta fueron duramente cuestionados y en los albores de los noventa la lucha por la desmilitarización le valió tres infructuosos atentados al entonces presidente liberal Carlos Roberto Reina, la reconversión de las fuerzas armadas entrada la década del dos mil fue vista con buenos ojos en la sociedad que les otorgó altos niveles de confianza pues sentían que ya no invadían el espacio público reservado para los civiles.
Pero ahora, esa confianza, va en caída y un indicador fue el desfile militar que hicieron en la capital en ocasión de su aniversario. Sacaron toda la fuerza posible, pero la gente no los acompañó como en el pasado, las tomas y fotografías fueron cerradas, y su vanidad los traicionó al trascender tomas desde sus helicópteros para mostrar su poderío en medio de calles vacías, que hace dos años atrás hubiesen tenido mayor público y aplauso.
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La más reciente encuesta de opinión elaborada por Cespad ubica a las Fuerzas Armadas con un porcentaje de 81% en percepción de corrupción, un dato preocupante que obliga a las gloriosas, su cúpula y relevo a poner las bardas en remojo, pues están frente a un desplome sin precedentes y no serán las armas las que les den legitimidad, ni los golpes de estado en 5 minutos, los que les devuelvan credibilidad.
Los campesinos, olvidados por los gobiernos y sus políticas donde el dinero para proyectos sociales es con frecuencia desviado para campañas políticas como lo revela Pandora, Arca Abierta y Corrupción sobre Ruedas, entre otros casos presentados y judicializados por la MACCIH y la UFECIC del Ministerio Público, no serán suficiente para dar legitimidad a las gloriosas, cuyos equipos de inteligencia, presumo, ya tienen construidos sus escenarios de poder con credibilidad o con fetidez. El tsunami también los está engullendo.
