Por: Víctor Meza
En este mes de diciembre, apelando a una fecha histórica de certeza cuestionada, los militares han estado de fiesta, celebrando la danza de los ascensos y disfrutando de la disciplinada benevolencia de los señores diputados que, en sesión digital y en forma apresurada, aprobaron sin mayores debates los nuevos grados de generales, coroneles, mayores, capitanes y otras hierbas. El país dispone ahora de un número suficiente, a lo mejor demasiado abundante, de ciudadanos entorchados listos para el combate y dispuestos siempre a la heroica defensa de la patria amenazada. Los demás ciudadanos, los simples mortales de a pie, ya podemos estar seguros y sentirnos a salvo de los peligros cotidianos.
No sé con exactitud cuántos altos oficiales, Generales por ejemplo, tiene en su estructura el instituto castrense. Hace algunos años su número era tan alto que resultaba disfuncional e ilógico en relación con el número total de los llamados “elementos de tropa”. Pocos soldados y demasiados altos oficiales o, como quien dice “muchos los diablos y poca el agua bendita”. Incluso habían – todavía los hay y ahora creo que son más – Generales de división sin que existieran unidades de tal calado y dimensión numérica. Algo así como capitanes sin barco, “marinero en tierra”, como decía el poeta.
En los años ochenta del siglo pasado, tiempo durante el cual, según la afortunada expresión del sabio jesuita Xavier Gorostiaga, las únicas dos entidades que más crecían en Centroamérica eran los militares y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se puso de moda una expresión que, haciendo un ingenioso juego de palabras, afirmaba que “en América Latina existen muchos Generales contentos y un gran descontento general…” Este acierto lingüístico, tan inocente como certero, bien puede ser aplicado a la situación que actualmente vivimos. Gracias a la obsequiosidad acrítica del Congreso Nacional, hoy Honduras tiene más Generales felices en medio de un ambiente en donde reina el descontento general.
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No tengo nada personal contra los militares. Creo que son, o mejor dicho deberían ser, simplemente ciudadanos en uniforme, tal como sucede en los países democráticos y con aceptables niveles de civilización. Ciudadanos a los cuales la sociedad les ha confiado la sensible tarea de cuidar las fronteras de la patria, asegurar su integridad territorial y garantizar la soberanía nacional. En otras palabras, la misión fundamental de los uniformados sería la defensa externa del país, mientras que el mantenimiento del orden público interno correspondería, en lo esencial, a las fuerzas policiales. Tal “división del trabajo” no excluye ni la colaboración ocasional ni la complementariedad de las funciones, siempre que sea bajo regulación estricta, determinada en base a la ley.
Mi rechazo no es a los militares sino al militarismo, es decir al sistema que confiere a la institución armada y sus integrantes un rol arbitral que les conduce a erigirse en jueces y distribuidores de las relaciones de poder en una sociedad determinada. El militarismo, en tanto que sistema distorsionado del poder público, desnaturaliza la convivencia ciudadana, confunde los roles atribuidos a los actores políticos y sociales, a la vez que obstruye y deforma la esencia del modelo democrático al que aspira la sociedad. El militarismo, por su naturaleza autoritaria y vertical, es un modelo de dominación que anula la aspiración plural de la ciudadanía y limita, por su propia esencia excluyente e intolerante, la necesaria expansión de las energías ciudadanas y la participación democrática de la gente en los asuntos públicos.
El militarismo, a la larga, conspira contra la propia institución castrense, le deforma sus funciones y la reconvierte en algo que recibe el rechazo y la crítica de la ciudadanía mejor informada. A lo mejor por eso, los militares realmente profesionales y celosos de la misión específica de su oficio, no vacilan en rechazar, aunque sea en silencio y con mucha discreción, la desviación militarista de sus propios colegas. El militarismo, una vez desbocado y avalado “políticamente”, conduce de manera irremediable a la militarización de la sociedad y la vida pública.
