El proceso para instalar un mecanismo internacional anticorrupción en Honduras permanece estancado, sin señales claras o voluntad del nuevo gobierno para retomar las negociaciones con Naciones Unidas (ONU). En el medio de ello, un notorio silencio de la sociedad civil que antes lideraba la demanda por una CICIH.
Tegucigalpa, Honduras. –Las mismas organizaciones de sociedad civil que durante la administración anterior cuestionaron la falta de avances en las negociaciones para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, hoy guardan silencio ante un gobierno que no ha mostrado interés público en retomar las negociaciones con la Organización de Naciones Unidas (ONU), que quedaron a medio camino por falta de voluntad política.
El gobierno de Xiomara Castro realizó los primeros acercamientos con Naciones Unidas para instalar un mecanismo internacional anticorrupción para combatir las redes de corrupción público-privadas en Honduras. Incluso se firmó un memorándum de entendimiento en diciembre de 2022, con una hoja de ruta y solicitudes para allanar el camino para la CICIH.
El contraste con el pasado reciente es evidente. Diversas organizaciones que durante la administración anterior mantuvieron presión constante sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional –que dejó a medio camino las reformas solicitadas por la ONU— hoy han reducido su nivel de exigencia pública.
Es importante mencionar que el presidente Nasry Asfura Zablah y tres excandidatos presidenciales firmaron un memorándum de entendimiento con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en el que se comprometían a impulsar la instalación de un mecanismo anticorrupción en Honduras.
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Para Ismael Moreno Coto, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), una de las principales razones del silencio o falta de presión de organismos de sociedad civil, es porque de algún modo están vinculados con altas dirigencias de los partidos políticos.
Además, señaló que este silencio de la sociedad civil debe leerse desde una lógica política más que técnica o jurídica. “Un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción es, ante todo, un tema político que atraviesa lo institucional”, afirmó.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el sacerdote jesuita mencionó que la ciudadanía ha perdido la confianza en la clase política. Según explicó, existe una percepción generalizada que los partidos políticos —especialmente en el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal— bloquearon en el pasado la instalación de la CICIH, al no impulsar las reformas y decretos necesarios desde el Congreso Nacional.
A su juicio, las cúpulas políticas no estarían dispuestas a aceptar un mecanismo verdaderamente independiente de presiones o líneas partidarias.
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El análisis coincide con lo manifestado por el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, quien cuestionó la ausencia de presión política y social en torno a la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción en un país en el que la corrupción y la impunidad campean.
Mejía planteó además una interrogante sobre el cambio de postura de actores que anteriormente lideraban la demanda ciudadana: “¿Dónde están las voces políticas y ciudadanas que ayer exigían con contundencia la CICIH?”, cuestionó.
Por otro lado, Moreno habló sobre el actual equilibrio de fuerzas en el Congreso Nacional, donde el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen capacidad de incidencia, ya que entre ambas bancadas suman 90 diputados, los votos necesarios para impulsar las reformas que solicitó Naciones Unidas, pero esto no se ha traducido en acciones concretas para impulsar la CICIH.
En paralelo, considera improbable que el Partido Nacional respalde una iniciativa que podría derivar en investigaciones contra sus propios cuadros. Tal y como sucedió con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que desveló redes de corrupción en la que se involucró a varios exfuncionarios, diputados y dirigentes nacionalistas en casos de corrupción como: Arca Abierta, Caso Pandora I y II, Red de Diputados, Pacto de Impunidad, entre otros.
Honduras ya habría perdido –según Ismael Moreno— una oportunidad clave para avanzar en la lucha contra la corrupción durante los años anteriores, cuando la ONU mostró disposición de acompañar el proceso. En su opinión, el escenario actual tampoco ofrece condiciones favorables para retomar esa iniciativa en el corto plazo.
No obstante, el sacerdote identificó una posible vía para reactivar el tema: la presión ciudadana. En ese sentido, recordó que, en 2015, tras las movilizaciones conocidas como “las antorchas”, el entonces presidente Juan Orlando Hernández accedió a la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), aunque posteriormente su acuerdo fue cancelado por el Congreso Nacional.
“Esa presión social es la única posibilidad real de obligar a las élites políticas a tomar decisiones”, afirmó Moreno, al advertir que, sin una movilización amplia y sostenida, la instalación de un mecanismo internacional independiente seguirá siendo un sueño inalcanzable para las y los hondureños que piden justicia ante los actos de corrupción cometidos contra las finanzas públicas que en ocasiones han derivado en la muerte de miles de hondureños –como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010-2014—.
En ese contexto, la falta de pronunciamientos de la sociedad civil y la falta de voluntad política configuran un escenario de estancamiento en la lucha contra la corrupción, en un país donde las redes de corrupción público-privadas continúan siendo señaladas como uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento institucional.
