Tomás Zambrano, hoy presidente del Poder Legislativo, pasó de exigir una comisión internacional independiente a señalar que su impacto sería limitado si no se fortalece la institucionalidad nacional.
Tegucigalpa, Honduras. – El discurso de Tomás Zambrano sobre la instalación de Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras dio un giro de 180 grados. Cuando fue jefe de bancada del Partido Nacional –en el período anterior (2022-2026)— Zambrano se presentó como un férreo defensor de un mecanismo internacional anticorrupción y acusó al gobierno de Libertad y Refundación (Libre) de no tener voluntad política para traerlo al país.
Hoy, como presidente del Congreso Nacional para el período 2026-2030 y parte del oficialismo y como bancada mayoritaria en ese poder del Estado, sostiene que el retorno de una comisión internacional “de nada le va a servir a Honduras”.
Para Zambrano, una comisión internacional debe tener un objetivo claramente definido, diferenciando entre una misión que solo investigue y otra que fortalezca a fiscales, jueces, policías y entes de investigación, una condición que, según él, no se cumplió en experiencias anteriores.
La nueva postura quedó expuesta durante su participación en un foro de debate, el pasado 22 de enero de 20226, donde Zambrano afirmó que la experiencia regional demuestra que misiones internacionales como las extintas Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIG) en Guatemala y Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) en Honduras “no lograron fortalecer la institucionalidad”.
El énfasis de su discurso giró reiteradamente hacia la transitoriedad del acompañamiento extranjero, señalando que ningún país en el mundo puede depender indefinidamente de misiones internacionales para judicializar casos de corrupción, y que el verdadero legado debe ser el fortalecimiento de los operadores de justicia nacionales, ya sea Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública y Poder Judicial.
Zambrano especificó que el fortalecimiento a la institucionalidad se debe hacer mediante capacitación, evaluaciones y depuraciones internas, y no en depender de entes o investigadores extranjeros “transitorios”.
“Mientras no fortalezcamos el operador de justicia actual, de nada nos va a servir que vengan investigadores”, sostuvo el titular del Poder Legislativo.
Además, evitó responder de forma directa si existe o no voluntad política para instalar la CICIH. “No hay pues…”, respondió. Sin embargo, insistió en que el “mejor legado” de un gobierno es fortalecer la institucionalidad.
Estas declaraciones contrastan abiertamente con su discurso a lo largo de los últimos cuatro años –2022 a 2024—, cuando, desde la oposición, acusó al Partido Libertad y Refundación (Libre) de engañar al electorado con la promesa de instalar la CICIH en los primeros 100 días de gobierno, esta fue una de las principales propuestas de la campaña de la expresidenta Xiomara Castro que no se materializó.
Durante la administración de Luis Redondo, como presidente del Poder Legislativo, Zambrano se presentó como un feroz defensor de la instalación un mecanismo internacional independiente que investigara la corrupción sin distinción de partidos ni gobiernos.
DE APOYAR LA CICIH A DESVIRTUAR EL TRABAJO DEL MECANISMO
En agosto de 2022, como jefe de bancada nacionalista, fue aún más explícito, al acusar al Partido Libre de no tener la intención real de traer la CICIH y que el discurso anticorrupción había sido utilizado únicamente para captar votos durante la campaña electoral en 2021.
Zambrano dijo, a medios de comunicación, que el entonces partido de gobierno no quería la CICIH porque estos organismos “le cuentan las costillas” principalmente a quien está en el poder y generan temor al investigar la corrupción sin distinción de colores políticos.
“Estos organismos internacionales investigan principalmente al que está en el poder”, señaló entonces, reconociendo implícitamente el impacto que una comisión de este tipo podría tener sobre las estructuras gubernamentales en funciones.
Este mismo discurso se repitió durante la sesión legislativa del 24 de julio de 2024, Zambrano fue uno de los más duros críticos del oficialismo, calificando el debate sobre otorgar rango constitucional a la CICIH como una maniobra para “quemar el tema” sin contar con los votos necesarios.
En su intervención –de más de 10 minutos— Zambrano también defendió públicamente la instalación un mecanismo anticorrupción “objetivo, imparcial e independiente”, con personal nombrado por Naciones Unidas, financiamiento internacional y con facultades para investigar a los gobiernos desde el 2002 hasta la actualidad, y al sector privado.
Incluso propuso derogar el artículo 4 del decreto 4-2022, conocido como Ley de Amnistía o Pacto de Impunidad 2.0, para revertir sobreseimientos y resoluciones favorables a exfuncionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2005-2009), quien no culminó su gestión por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
En esa ocasión, Zambrano acusó al Partido Libre de mentirle al pueblo hondureño, recordando la promesa de instalar la CICIH en los primeros 100 días de gobierno y señalando que, para entonces, ya habían transcurrido más de 900 días sin resultados.
“La CICIH no ha venido por una sencilla razón, porque Libre no tiene voluntad política”, afirmó entonces desde el hemiciclo legislativo, asegurando que no se requería una reforma constitucional para la instalación de un mecanismo anticorrupción, sino únicamente la firma de un convenio por parte del Poder Ejecutivo con Naciones Unidas y que posteriormente el Legislativo debía conocer.
Hoy, ya desde la presidencia del Congreso, su narrativa se centra en la supuesta ineficacia de una comisión internacional si no se prioriza el fortalecimiento interno, y en la advertencia de que depender de actores externos no resolverá la impunidad estructural del país.
El cambio de timón sobre la exigencia en la instalación inmediata de la CICIH a relativizar su utilidad, ha reavivado el debate sobre la coherencia del liderazgo político y la voluntad real del oficialismo para impulsar un mecanismo internacional anticorrupción.
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NUNCA HA EXISTIDO VOLUNTAD POLÍTICA
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, dijo a Criterio.hn que estos discursos demuestran demostrar, que los políticos –estén en el oficialismo o en la oposición— no están interesados en que se instale un mecanismo internacional anticorrupción.
Mejía fue claro al señalar que las élites del tripartidismo —integradas por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal— “no han tenido ni han querido tener la voluntad política necesaria para impulsar las reformas que el país requiere para la instalación de un mecanismo efectivo contra la corrupción”.
