Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- La discusión en torno a la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) continúa en una etapa de consensos dentro del Congreso Nacional.
Las bancadas del Partido Liberal y del Partido Salvador de Honduras (PSH) han presentado sus sugerencias a la comisión dictaminadora que preside el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, con miras a la discusión y votación en el tercer y último debate del dictamen, para lo cual todavía no hay fecha exacta.
El pasado 1 de septiembre, los liberales nombraron una comisión especial presidida por el diputado Mauricio Villeda, que en menos de siete días se encargó de crear un nuevo proyecto de decreto, mismo que buscarán fusionar con el que el pasado 16 de agosto envió la presidenta Xiomara Castro al Congreso.
Entre las recomendaciones que realizó la tercera fuerza política más importante está retirar al procurador general de la república e incluir al jefe del Estado Mayor Conjunto dentro de la conformación del Consejo. Asimismo, establecer mayores requisitos para la persona que ocupará el cargo de secretario ejecutivo, mismo que será delegado por el o la titular del Ejecutivo.
LIBERALES APOYARON ACTUAL LEY
La bancada del Partido Liberal, aun cuando fue una de las que votó por la aprobación de la actual ley del CNDS en 2011, ahora asegura que la integración del Consejo regida por esa normativa, que fue utilizada por Porfirio Lobo Sosa y después por Juan Orlando Hernández para subordinara a los poderes Judicial y Legislativo, violenta la Constitución, pero que a la enviada por Castro también es necesario realizarle cambios.
«Los liberales estamos de acuerdo con que la ley vigente atenta contra el Estado de derecho, debido a que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional no pueden estar supeditados a la a la voluntad del presidente. Estamos de acuerdo en que hay que derogarla, pero un problema no se arregla con otro», declaró el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, a Criterio.hn el pasado 23 de agosto.
En caso de que la comisión de dictamen no incluya dichas sugerencias, los liberales advierten que volverán a darle la espalda a Libre, ahora en la votación final de la ley. En un inicio, el 18 de agosto, el presidente de la comisión de seguridad, Rafael Sarmiento, solicitó con urgencia que se dispensaran los primeros dos debates y que el proyecto de decreto se discutiera en uno solo dentro de la Cámara.
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Sin embargo, la intención de Libre no encontró eco en las bancadas opositoras de los partidos Liberal y Nacional, ni en la del PSH, con quien cogobiernan en el Legislativo. Solo 54 diputados votaron a favor de la dispensa, cuando, como mínimo, requerían del respaldo de 65 legisladores. Una semana después, el 23 de agosto, el proyecto pasó en su tercer debate y se entró en una etapa de consensos.
Del lado del PSH, el jefe de esa bancada, Tomás Ramírez, subrayó este martes en entrevista con Criterio.hn que algunas de las recomendaciones están enfocadas a retirarle concentración de poder al secretario ejecutivo del Consejo y, al igual que el Partido Liberal, a imponerle una serie de requisitos e inhabilidades a quien aspire a ocupar dicho cargo. Por otro lado, sugieren que, en representación de la Secretaría de Defensa, además del ministro, también sea incluido el jefe de las Fuerzas Armadas.
Ramírez fue enfático y contundente al indicar que, si el dictamen final no concuerda con las recomendaciones que ellos han hecho a la comisión, «la postura del PSH será desfavorable, porque hay cambios que son evidentemente necesarios».
Aún así, el jefe de los diputados del PSH confió en la apertura que han demostrado el presidente y el secretario del Congreso, Luis Redondo y Carlos Zelaya respectivamente, después de que permitieran que se instalara un período de diálogo y que se discutieran las ideas entre las distintas bancadas.
«A decisión de la bancada hemos delegado a Maribel Espinoza como encargada de sentarse con la comisión de dictamen y con el diputado Mauricio Villeda a la espera de que existan consensos y que el día de la votación, en su último debate, exista armonía. Eso esperamos por el bien de todo el país», cerró Ramírez en entrevista con este medio digital.
XIOMARA YA SE REUNIÓ BAJO LEY DE JOH
El pasado 1 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), bajo la conformación que establece la actual ley, y se sentó por primera vez con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y con el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla. Ambas personas han sido consideradas piezas claves dentro del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ahora está extraditado en Estados Unidos por tráfico de drogas y conspiración con armas de fuego.
También estuvieron presentes el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los ministros de Seguridad y Defensa, Ramón Sabillón y José Zelaya respectivamente, el jefe de las Fuerza Armadas, José Fortín, y el canciller Enrique Reina. Asimismo, su esposo Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial, y su hijo Héctor Manuel Zelaya, secretario privado.
Durante dicha reunión del CNDS, la primera que se realiza desde que Castro ascendió al poder el 27 de enero de 2022, se nombró a los comisionados policiales Raúl Mejía y Ángel Luque, respectivamente, como director y subdirector de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), ente ejecutor de políticas públicas de defensa y seguridad.
A pesar de que Castro ya se reunió bajo la norma vigente, el proyecto de decreto que envió el pasado 16 de agosto, que busca retirar de la conformación del CNDS a los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, al igual que al fiscal general, continúa en marcha.
De acuerdo con el proyecto original, la conformación quedaría de la siguiente manera: presidente de la República, secretario de Gobernación, Descentralización y Justicia; Secretario de Relaciones Exteriores; Secretario de Defensa; Secretario de Seguridad; y Procurador general de la República.
No obstante, en caso que las recomendaciones del Partido Liberal y del PSH sean tomadas en cuenta, se retiraría al procurador general y se incluiría al jefe de las Fuerzas Armadas.
PARTIDO NACIONAL CONTINÚA RENUENTE
En total oposición al proyecto originado en el Ejecutivo, que busca modificar al controvertido CNDS que Juan Orlando Hernández utilizó con el fin de someter a los poderes Legislativo y Judicial durante los ocho años en que gobernó, ahora la bancada del Partido Nacional sugiere la eliminación de dicha figura de la Constitución, para lo cual se requieren 86 votos.
Con el propósito de «terminar con la discusión en torno al CNDS», en una evidente manipulación por parte de ese partido político, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, sugiere eliminar el Consejo del texto constitucional.
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«¿Por qué no derogamos la ley? Entre Libre y nosotros hacemos 92 votos para sacar esta figura de la Constitución. Es necesario recordar que para implementar las políticas públicas en defensa y seguridad desde el Ejecutivo, no es necesario en su totalidad este Consejo. Ellos ya tienen las atribuciones constitucionales», indicó a medios de comunicación.
Zambrano, quien suma su tercer período en ese poder del Estado, fue uno de los diputados que aprobó bajo decreto 239-2011 a finales de 2011 la actual normativa del CNDS, una nociva ley que somete a los poderes Judicial y Legislativo a la voluntad del Ejecutivo, en un notorio quebrantamiento de la constitucional división de poderes.
Bajo la actual ley ley, en los últimos tres gobiernos nacionalistas se utilizaron los fondos de la Tasa de Seguridad y se administraron las unidades de investigación del Estado. De igual forma, se implementaron otras normativas lesivas como la recién derogada Ley de Secretos, y la Ley de Escuchas.
PARTIDO NACIONAL ESTÁ SOLO EN SU INTENCIÓN DE ELIMINAR EL CNDS
El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, intuyó que la intención del Partido Nacional, con su sugerencia de eliminar esa figura constitucional, está orientada a debilitar al gobierno de Xiomara Castro y a garantizarse una protección por la forma en que administraron el Consejo durante los últimos 10 años.
«Es necesario recordar que el Partido Nacional es la fuerza política más emblemática del anterior régimen. Son ellos quienes más tienen que perder en caso de que se quite esa figura totalitaria que tiene actualmente el Consejo, porque son quienes tendrían que rendirle cuentas a la justicia. Es claro que tendrán la intención de entorpecer el intento del Ejecutivo de reformar la conformación del Consejo «, consideró Pastor de María en entrevista con Criterio.hn.
En esa línea, la analista en temas de seguridad e investigadora del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, indicó que la mayoría de las actitudes del Partido Nacional, a partir de la derrota electoral del 27 de noviembre de 2021, parecen estar encaminadas a oponerse ciegamente a las iniciativas del Ejecutivo.
«Por otro lado, con la discusión de esta nueva ley, ellos (los nacionalistas) parecen querer exponer supuestas amenazas a la Constitución, intentando generar temor en la clase empresarial y en el gobierno estadounidense, restándole legitimidad al actual gobierno, y manipulando sobre todo a la ciudadanía», expresó a Criterio.hn.
El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, comentó a Criterio.hn que la postura asumida por el Partido Nacional, con respecto a la figura del CNDS, es incoherente.
«La percepción que yo tengo es de una matriz política y opositora muy poco responsable. Los nacionalistas hoy proponen eliminar el Consejo cuando ellos tuvieron varios años para hacerlo. En el caso de Tomás Zambrano, él fue parte de la creación de la actual ley y de sus reformas, por lo que me parece poco coherente su posición», señaló.
Añadió que, bajo la anterior conformación del Consejo, se tomaron decisiones que terminaron en consecuencias de impunidad.
«Allí no se conoció el caso de ‘Tony’ Hernández o del propio expresidente (Hernández), entonces se puede entender porqué el fiscal general no tenía un expediente investigativo de ambos, o porqué el Poder Judicial ni siquiera podía enjuiciarlos. Ambos eran sus subordinados, claro», apuntó.
Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, fue condenado a una cadena perpetua por delitos de narcotráfico el 30 de marzo de 2021. Mientras que Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, se someterá a un juicio a partir de enero de 2023. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo señala por el tráfico de más de 500 toneladas de cocaína, y la conspiración con armas de fuego y explosivos.
